El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz confesaron su culpabilidad en la causa de corrupción que estaban investigados
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida, Janina Ortiz
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El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno municipal y diputada provincial suspendida, aceptaron las imputaciones y las penas acordadas en el marco de un juicio abreviado por las causas de corrupción que los tienen como acusados. Sin embargo aún restan pasos judiciales para que queden firmes sus condenas.
Ambos comparecieron el pasado viernes ante el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Ticheli, y ratificaron su conformidad con el acuerdo que contempla tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.
Y por tratarse de personas acusadas por delitos vinculados con la función pública, el acuerdo debe ser elevado en consulta a los fiscales adjuntos del Ministerio Público Fiscal y luego deberá realizarse una audiencia ante la jueza Dolores Ramón.
El matrimonio que gobernó Las Heras se declaró culpable por peculado en la causa denominada “cooperativas truchas”. La fiscalía determinó que entre los años 2021 y 2023 se ejecutó un esquema de fraude contra la Municipalidad por un total de $35.511.386,14. Además, Ortiz aceptó su culpabilidad en una causa paralela por amenazas coactivas.
La maniobra se articuló mediante la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, una entidad formalmente dedicada al reciclaje que no se encontraba operativa. Según la instrucción judicial, la cooperativa fue reactivada por indicación de la conducción municipal para simular la prestación de servicios de limpieza que nunca se realizaron.
Además se indica que se utilizaron cuatro expedientes administrativos (licitaciones públicas y contrataciones directas), generando planillas falsas y facturas electrónicas cuyas claves fiscales se gestionaban directamente dentro del propio municipio. También se confirmó que los fondos salieron de las arcas comunales con firmas de funcionarios que omitieron los controles de rigor y fueron depositados en una cuenta del Banco Supervielle.
El acta correspondiente a Daniel Orozco fue firmada el 25 de septiembre a las 8.39, ante el fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Fiscalía de Instrucción N° 7. En el documento se deja constancia de que el exintendente fue informado sobre el pedido de juicio abreviado presentado por su abogado defensor, José Raúl Burela.
En particular, se le explicó que el acuerdo se realizaría por la imputación de peculado por cuatro hechos en concurso real, en función de las transferencias de dinero verificadas en cuatro expedientes administrativos.
La acusación está encuadrada en los artículos 261 y 55 del Código Penal y, de acuerdo con el acta, el juicio abreviado implica aceptar una pena de tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación absoluta perpetua.
Luego de recibir esa explicación, Orozco manifestó expresamente su conformidad. “Estoy de acuerdo”, respondió ante el fiscal, según pudo averiguar este diario.
El acta de Janina Ortiz fue firmada el mismo 25 de septiembre, aunque a las 8.48. Es decir minutos después de que Orozco compareciera. La exsecretaria de Gobierno de Las Heras también lo hizo acompañada por Burela, el mismo abogado defensor que comparten desde principios de este año.
En su caso, el acuerdo abarca dos expedientes. Por un lado, la causa principal P-65010/23, en la que se le atribuye el delito de peculado por cuatro hechos en concurso real y uso de documento público falso en concurso real. La segunda imputación corresponde al expediente acumulado P-63716/23, donde se le atribuyen amenazas coactivas simples.
El acta deja asentado que Ortiz fue informada de los delitos que se le atribuyen y de las consecuencias del juicio abreviado. En particular, se le explicó que el acuerdo contempla tres años de prisión en suspenso, de acuerdo con el artículo 26 del Código Penal, más la inhabilitación absoluta perpetua.
Después de escuchar la acusación y las condiciones del acuerdo, Ortiz respondió: “Sí acepto”, según quedó registrado en el documento al que accedió este diario.
La firma de las actas constituye un paso importante dentro del proceso, pero todavía no equivale a una condena firme. En este caso, además, existen controles específicos por tratarse de delitos vinculados con la administración pública.
Según pudo averiguar Los Andes, las actas de ratificación deben ser elevadas en consulta a los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello. La intervención de los fiscales adjuntos se vincula con lo establecido por el artículo 34, inciso 5°, de la Ley 8.008, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Esa norma establece entre las atribuciones de los agentes fiscales en materia penal la de requerir a los fiscales adjuntos instrucciones particulares cuando se trate de hechos que aparezcan cometidos por funcionarios o empleados públicos, o en perjuicio de la administración pública.
Por ese motivo, el acuerdo alcanzado entre Ticheli y las defensas de Orozco y Ortiz todavía debe superar esa instancia de consulta.
Asimismo, la sanción contempla el pago de una multa económica cuyo monto será determinado por el Cuerpo Médico Forense con el fin de restituir parte de los fondos públicos obtenidos de forma ilícita.
Mientras se espera la intervención de los fiscales adjuntos, también resta conocer la fecha de la audiencia de ratificación ante la jueza Dolores Ramón.
Será en esa instancia donde el acuerdo deberá ser presentado ante la magistrada para su correspondiente control judicial. Allí se analizará el convenio alcanzado entre la Fiscalía y los imputados y, de ser homologado, quedarán establecidas las condenas acordadas.
El acuerdo contempla para ambos tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. De esta manera, aunque Orozco y Ortiz ya firmaron las actas y expresaron ante el fiscal su conformidad con las acusaciones y las penas, la condena todavía no quedó firme.
Ahora, una vez que se formalice su condena, la situación de la banca de Janina Ortiz (La Unión Mendocina) volverá a quedar bajo análisis de la Cámara de Diputados.
Fuentes legislativas consultadas señalaron que, ante una eventual condena firme que genere una incompatibilidad para ejercer el cargo, Ortiz debería dar un paso al costado voluntariamente. Si eso no ocurre, el oficialismo podría avanzar con los mecanismos institucionales correspondientes para expulsarla del cuerpo.
La situación tiene un antecedente inmediato. La suspensión de Ortiz había generado una disputa política y judicial por la posibilidad de considerar vacante la banca y avanzar con el corrimiento de la lista.
María Belén Castillo (PRO) es la dirigente que aparece en la línea sucesoria de Ortiz en la lista de LUM por la que fue electa en 2023, si finalmente se produce una vacante definitiva en la Cámara de Diputados.
La normativa electoral mendocina establece mecanismos de reemplazo para los casos de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de legisladores, de acuerdo con el orden de la lista y respetando las reglas de género previstas para la sucesión.
Por eso, la eventual salida de Ortiz no implicaría simplemente que otra dirigente ocupe automáticamente la banca: primero debería producirse la vacancia efectiva y luego aplicarse el mecanismo de reemplazo correspondiente.
