El exintendente de Las Heras y la exsecretaria de Gobierno pidieron acceder a un juicio abreviado en la causa por corrupción.
La Cámara de Diputados suspendió a Janina Ortiz en el año 2024.
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Archivo Los Andes
Con el pedido de juicio abreviado por parte de la defensa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco y su esposa Janina Ortiz, los imputados buscan declararse culpables del delito de peculado en la causa de las “cooperativas truchas”. La propuesta contempla penas de prisión en suspenso, aunque todavía debe ser negociada con el Ministerio Público Fiscal y posteriormente homologada por la Justicia.
El artículo 261 del Código Penal establece que aquel encontrado culpable por el delito de peculado “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua”.
La negociación que abrió el abogado defensor Raúl Burela consiste en que sus representados acepten los cargos en un juicio abreviado, a cambio de que se les aplique una pena menor en suspenso, es decir, que no vayan a prisión.
Para Orozco, la defensa propuso dos años de prisión en suspenso, mientras que para Ortiz planteó tres años de cumplimiento condicional. En el caso de la diputada suspendida, además, el acuerdo busca abarcar la causa por las cooperativas y el expediente por amenazas coactivas.
Pero la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos todavía debe ser definida dentro de la negociación. En caso de que exista una condena por peculado con la aplicación de la pena prevista en el artículo 261, la inhabilitación absoluta perpetua impediría volver a ocupar cargos públicos.
Actualmente, Orozco no ostenta ningún cargo público, por lo que una eventual condena con esa pena accesoria le impediría volver a presentarse en elecciones para ejercer funciones públicas.
Pero el caso de Janina Ortiz es distinto porque fue electa diputada provincial por La Unión Mendocina en 2023 y su banca se encuentra suspendida. La Cámara de Diputados aprobó la suspensión en marzo de 2024, con una mayoría de más de dos tercios, en el marco de las investigaciones judiciales que recaían sobre la legisladora.
La medida fue adoptada bajo el artículo 91 de la Constitución provincial, que permite a la Cámara corregir, suspender o excluir a sus miembros por determinadas causales y removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente.
Ahora, si el juicio abreviado se confirma, se alcanza un acuerdo con la Fiscalía y Ortiz recibe una condena por peculado que incluya la inhabilitación correspondiente, la situación de su banca volverá a quedar bajo análisis de la Cámara de Diputados.
Fuentes legislativas consultadas señalaron que, ante una eventual condena firme que genere una incompatibilidad para ejercer el cargo, Ortiz debería dar un paso al costado voluntariamente. Si eso no ocurre, el oficialismo podría avanzar con los mecanismos institucionales correspondientes para expulsarla del cuerpo.
La situación tiene un antecedente inmediato. La suspensión de Ortiz había generado una disputa política y judicial por la posibilidad de considerar vacante la banca y avanzar con el corrimiento de la lista.
María Belén Castillo (PRO) es la dirigente que aparece en la línea sucesoria de Ortiz en la lista de La Unión Mendocina, si finalmente se produce una vacante definitiva en la Cámara de Diputados.
La situación de Castillo había quedado en el centro de la discusión precisamente por su reclamo para que se reconociera la vacancia de la banca de Ortiz.
En mayo de este año, había presentado una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, vinculada justamente con la situación de la banca de Ortiz. La presentación no fue ratificada ante la Justicia y quedó sin efecto.
La normativa electoral mendocina establece mecanismos de reemplazo para los casos de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de legisladores, de acuerdo con el orden de la lista y respetando las reglas de género previstas para la sucesión.
Por eso, la eventual salida de Ortiz no implicaría simplemente que otra dirigente ocupe automáticamente la banca: primero debería producirse la vacancia efectiva y luego aplicarse el mecanismo de reemplazo correspondiente.
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al pedido de juicio abreviado durante un acto en Godoy Cruz y celebró que Orozco y Ortiz estén dispuestos a reconocer los hechos que se les atribuyen.
“Estoy muy satisfecho en que concluya esa causa y con un veredicto. Si ellos mismos reconocen la culpabilidad es un gran avance para el proceso judicial. Gran avance que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado”, sostuvo.
De todos modos, el mandatario aclaró que la propuesta todavía no representa una condena y que la decisión final corresponde al Ministerio Público Fiscal y al juez de garantías que interviene en el proceso.
“Tienen que resolver entre el Ministerio Público y el juez de garantías que tiene el proceso. Pero sí desde nuestra parte, desde el Gobierno porque somos querellantes a través de la Dirección de Cooperativas. Desde nuestro lugar alentamos a que haya una condena y somos favorables a un acuerdo”, afirmó Cornejo.
El Gobernador también destacó que el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados permitiría cerrar el proceso judicial sin llegar al debate oral, aunque todavía deben resolverse las condiciones del acuerdo y las consecuencias de una eventual condena.
La causa de las denominadas “cooperativas truchas” investiga contrataciones realizadas entre 2021 y 2023 por la Municipalidad de Las Heras durante la gestión de Orozco.
Según la acusación fiscal, mediante cuatro procedimientos administrativos —dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas— se transfirieron $35.511.386,14 desde el patrimonio municipal a una cuenta perteneciente a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra.
Orozco y Ortiz están acusados de peculado junto con el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart.
El planteo de juicio abreviado se produjo después de que la jueza Dolores Ramón confirmara la elevación a juicio de los imputados. La presentación de la defensa abrió ahora una alternativa al juicio oral: reconocer los hechos atribuidos y buscar una condena acordada con el Ministerio Público Fiscal.
En el caso de Ortiz, la propuesta también pretende incluir la causa por amenazas coactivas, por la cual fue elevada a juicio en el marco de otra investigación.
Por ahora, entonces, no hay condena ni una definición sobre la banca de Ortiz. La Fiscalía deberá decidir si acepta las condiciones planteadas por la defensa y, si existe un acuerdo, este deberá ser homologado judicialmente. Recién a partir de esa definición se podrá determinar el alcance de las consecuencias penales y políticas para ambos dirigentes.
