El exintendente de Las Heras y la diputada provincial suspendida aceptaron declararse culpables por el desvío de más de 35 millones de pesos a través de una cooperativa fantasma. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, evitarán la cárcel.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco junto a Janina Ortíz.
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Marcelo Rolland / Los Andes
En el marco de la causa judicial que investiga hechos de corrupción en la Municipalidad de Las Heras, el exintendente Daniel Orozco y la exsecretaria de Gobierno y diputada provincial suspendida Janina Ortiz acordaron someterse a un procedimiento de juicio abreviado y asumir su culpabilidad.
A través del acta firmada personalmente ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, la defensa de los imputados y el fiscal Juan Ticheli establecieron una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Al fijarse una pena no superior a los tres años, la pareja evita cumplir una condena de prisión efectiva tras las rejas. Asimismo, la sanción contempla el pago de una multa económica cuyo monto será determinado por el Cuerpo Médico Forense con el fin de restituir parte de los fondos públicos obtenidos de forma ilícita.
El trasfondo de las condenas se remonta a la investigación iniciada en 2023 por la Unidad Investigativa de Delitos Económicos. La fiscalía determinó que entre los años 2021 y 2023 se ejecutó un esquema de fraude contra la Municipalidad de Las Heras por un total de $35.511.386,14.
La maniobra se articuló mediante la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, una entidad formalmente dedicada al reciclaje que no se encontraba operativa. Según la instrucción judicial, la cooperativa fue reactivada por indicación de la conducción municipal para simular la prestación de servicios de limpieza que nunca se realizaron. Además se indica que se utilizaron cuatro expedientes administrativos (licitaciones públicas y contrataciones directas), generando planillas falsas y facturas electrónicas cuyas claves fiscales se gestionaban directamente dentro del propio municipio. También se indica que los fondos salieron de las arcas comunales con firmas de funcionarios que omitieron los controles de rigor y fueron depositados en una cuenta del Banco Supervielle.
El acta firmada con la fiscalía reconoce la culpabilidad de Orozco y Ortiz en el delito de peculado doloso en cuatro hechos. No obstante, la situación procesal de Janina Ortiz incluye imputaciones adicionales. Por un lado, el uso de documento público falso: Imputada en concurso real con peculado en al menos diez hechos. Y por el otro, amenazas coactivas, una causa paralela iniciada a raíz de la denuncia de dos empleadas municipales. La hipótesis fiscal señala que Ortiz coaccionó a una trabajadora bajo amenaza de despido para que mantuviera un encuentro con el exsubsecretario Osvaldo Oyhenart y lo grabara en secreto. La propuesta de juicio abreviado unifica ambas causas para la legisladora.
El acuerdo alcanzado por la pareja es exclusivo para su situación procesal y no contempla a los otros ocho imputados en la causa de las cooperativas, entre los que figura el propio Oyhenart como presunto coautor material y el titular de la entidad, Adrián "Moco" Pérez.
El pacto cuenta con el consentimiento de la querella y el aval del Ministerio Público Fiscal. Para adquirir firmeza, resta la ratificación formal en una audiencia de homologación ante el Tribunal Penal Colegiado Nº 1, donde los acusados deberán admitir expresamente los hechos atribuida la plataforma fáctica y renunciar a cualquier instancia de apelación.
En el plano político, la inhabilitación perpetua y el reconocimiento de culpabilidad dejan a Janina Ortiz —quien ya se encontraba suspendida de sus funciones en la Legislatura provincial— al borde de la expulsión definitiva de su banca en la Cámara de Diputados de Mendoza.
