La audiencia por el reparto de los fondos de coparticipación entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Rivadavia concluyó este jueves en la Suprema Corte de Justicia, con ambas partes manteniendo sus diferencias.
La Justicia fijó hasta el 26 de febrero de 2027 para producir pruebas. Mansur cuestionó a Cornejo y el Gobierno rechazó el reclamo.
La Justicia fijó los próximos pasos del reclamo de Rivadavia. Mansur cuestionó a Cornejo y Fayad rechazó las acusaciones de discriminación.
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La audiencia por el reparto de los fondos de coparticipación entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Rivadavia concluyó este jueves en la Suprema Corte de Justicia, con ambas partes manteniendo sus diferencias.
El máximo tribunal estableció que hasta el 26 de febrero de 2027 se podrán producir las pruebas admitidas, tras lo cual se fijará una audiencia final antes de avanzar hacia una sentencia.
Durante el encuentro, la Corte rechazó un planteo de Fiscalía de Estado para incorporar al litigio a los otros 17 municipios de Mendoza, bajo el argumento de que una eventual modificación en el reparto de recursos también podría afectarlos. De esta manera, la causa continuará con Rivadavia, el Gobierno provincial y Fiscalía de Estado como partes.
Una vez finalizada la audiencia, el intendente Ricardo Mansur cuestionó la falta de voluntad del Ejecutivo provincial para alcanzar un acuerdo y reiteró que el actual sistema de distribución perjudica económicamente a su departamento.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, rechazó las acusaciones de discriminación y sostuvo que cualquier modificación de los criterios de reparto debe discutirse en la Legislatura.
La audiencia se desarrolló en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la comuna contra la reforma del régimen de coparticipación.
Mansur reclama una distribución más equitativa y sostiene que el departamento acumula pérdidas cercanas a los $46.000 millones por los criterios utilizados para asignar los fondos.
Tras la audiencia, el intendente de Rivadavia cuestionó la postura de la Provincia y aseguró que no existió voluntad de alcanzar un entendimiento.
"Lamentablemente, el Poder Ejecutivo, que es el demandado en este caso, planteó que no tenía intenciones de acordar y trató, a través de pretender que se incorporen a la discusión los 18 intendentes, de dilatar algo que es muy claro", manifestó.
Mansur consideró favorable la decisión de la Corte de rechazar la incorporación de los restantes municipios y sostuvo que su presentación judicial busca determinar la constitucionalidad de una ley, sin plantear una redistribución directa de fondos entre las comunas.
El jefe comunal también apuntó contra el gobernador Alfredo Cornejo. Según relató, la semana pasada le envió un mensaje para proponerle una reunión previa a la audiencia, pero no obtuvo respuesta.
"Lamento que el señor gobernador no tenga intenciones de acordar y que mantenga una posición que está provocando graves perjuicios al departamento de Rivadavia", expresó.
El intendente insistió en que el departamento continúa afectado por un coeficiente negativo vinculado a una realidad económica que considera superada, cuando Rivadavia tenía una participación importante en la producción petrolera provincial.
"Cuando se manda el proyecto consideran a Rivadavia el departamento más rico de la provincia y le colocan el coeficiente mayor de toda la provincia. Ese coeficiente negativo que nos pusieron lo mantuvieron", sostuvo.
Para fundamentar su planteo, comparó los recursos que recibe su municipio con los de otros departamentos de características poblacionales similares.
Según sus estimaciones, Rivadavia podría recibir casi $17.000 millones adicionales por año si tuviera una asignación equivalente a General Alvear, $13.500 millones si se equiparara con Junín y $18.000 millones si recibiera los mismos recursos que Lavalle.
Mansur también mencionó el caso de Malargüe y aseguró que, si Rivadavia recibiera una coparticipación equivalente, contaría con aproximadamente $52.000 millones más por año.
Además, advirtió que las diferencias en el reparto de recursos tienen consecuencias en otras partidas, como las destinadas al financiamiento educativo, que se distribuyen mediante los coeficientes de coparticipación.
"Son dineros que son de la gente, no son de Ricardo Mansur o de la administración actual", expresó el intendente, quien pidió celeridad a la Justicia para resolver el conflicto.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendió el sistema de distribución vigente y rechazó que exista una decisión política destinada a perjudicar a Rivadavia.
El funcionario recordó que la legislación original data de 1996 y que, desde entonces, experimentó distintas modificaciones para adaptarse a los cambios económicos y demográficos de Mendoza.
"Estamos hablando de una norma que tiene más de 30 años. Ese argumento de amigos, enemigos o de discriminación creo que no tiene ningún sentido", aseguró.
Fayad explicó que una de las reformas más importantes se produjo en 2010, cuando el porcentaje de recursos provinciales coparticipados a los municipios pasó del 14,4% al 18,8%. Posteriormente, en 2024, se modificó el coeficiente de compensación demográfica.
Según el ministro, ninguno de esos cambios perjudicó a Rivadavia y la última modificación incluso mejoró su participación en el reparto.
Sin embargo, reconoció uno de los argumentos planteados por Mansur: la disminución de la actividad petrolera en el departamento y la consecuente pérdida de ingresos.
"Rivadavia antes tenía una enorme producción petrolera y recibía muchos recursos por esa producción petrolera, y hoy no tiene esa producción petrolera y no recibe esos recursos. Creo que es un planteo válido del intendente", señaló.
No obstante, Fayad sostuvo que esa situación debe analizarse junto con las necesidades de los restantes municipios, que también pueden presentar argumentos para reclamar una mayor participación.
En ese sentido, mencionó que algunas comunas deben afrontar mayores costos para prestar servicios, mientras que otras experimentaron un crecimiento demográfico que requiere nuevas inversiones en infraestructura.
"La participación municipal en materia de coeficientes es un juego de suma cero. Quiere decir que lo que se le da a un departamento se le debe quitar a otro", explicó.
Por ese motivo, insistió en que cualquier discusión sobre una modificación de los criterios de distribución debe desarrollarse en la Legislatura provincial y contemplar la situación de los 18 departamentos.
A las declaraciones de Fayad se sumaron las de Ricardo Canet, asesor de Gobierno, quien cuestionó el significado que la Municipalidad de Rivadavia le otorgó a la audiencia.
"Esta audiencia inicial ha sido de algún modo sobredimensionada en su significado por la Municipalidad de Rivadavia", manifestó el funcionario, quien mencionó que Mansur asistió acompañado de legisladores y exconcejales.
Canet explicó que, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte, en las acciones de inconstitucionalidad no corresponde una conciliación entre las partes, ya que la decisión sobre la validez de una ley es una atribución exclusiva del tribunal.
También sostuvo que el reclamo municipal plantea una cuestión política que corresponde resolver al Poder Legislativo y rechazó la existencia de un perjuicio económico concreto.
Según la posición oficial, la Ley 9.550 mejoró el coeficiente de participación de Rivadavia, que pasó de -0,773% a -0,749%, aunque esa modificación no alcanzó los niveles de distribución que pretende la administración municipal.
"Podríamos, en el mejor de los casos, decir que no le da lo que la Municipalidad pretende, pero le mejora el coeficiente de participación", expresó.
Canet también cuestionó el argumento de Mansur respecto de que una modificación favorable a Rivadavia no afectaría a los demás departamentos.
"Manifestó el señor intendente que su intención no era la de perjudicar a los otros municipios, pero esto claramente no es posible ni acorde a su pretensión, porque si yo le doy más a Rivadavia, a alguien le tengo que sacar", advirtió.
Asimismo, mencionó que Rivadavia recibe el mismo monto que municipios considerablemente más poblados, como Guaymallén y Las Heras, por el componente del régimen que distribuye el 25% de los fondos en partes iguales.
"No habiendo daño patrimonial para Rivadavia, el rechazo de la acción se impone", sostuvo el representante provincial.
Finalmente, Canet indicó que esa postura es compartida por Fiscalía de Estado y aseguró que el Gobierno acatará la resolución que adopte la Suprema Corte cuando dicte sentencia.
