Se desestimó el pedido de nulidad del empresario Pablo Otero, ratificando así la validez de los impuestos internos a los cigarrillos y que el empresario buscaba evitar pagar.
La Corte Suprema rechazó el último intento de "El Señor del Tabaco" para evitar el pago de impuestos, lo que obliga al empresario Pablo Otero a pagar una millonaria deuda.
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Gentileza La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un nuevo pedido del empresario Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco”, que buscaba anular la aplicación de los impuestos internos a los cigarrillos. De esta manera, el máximo tribunal rechazó el último intento de la defensa de Otero de frenar el gravamen.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, según informó Agencia Noticias Argentinas, consideraron que el planteo de los abogados de Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y advirtieron que se trataba de una “nulidad por la nulidad misma”.
La defensa de Otero había alegado que el fallo del 14 de agosto —cuando el máximo tribunal declaró constitucionales los tributos al tabaco— no debía dictarse porque previamente se había presentado un desistimiento del derecho, vinculado a la adhesión a la última moratoria impositiva. Sin embargo, la empresa nunca acreditó tal acogimiento.
En ese fallo, la Corte ya había remarcado que Tabacalera Sarandí no había presentado documentación que avalara su presunta incorporación al plan de regularización fiscal y sostuvo que no podía impedirse una decisión sobre un asunto de trascendencia tributaria y de salud pública.
Con esta resolución, el máximo tribunal dio por cerrado el caso y ratificó la validez constitucional de los impuestos internos que gravan los cigarrillos. Tabacalera Sarandí, productora de marcas económicas como Master Red, Red Point y Kiel, había logrado durante años ganar participación de mercado gracias a cautelares que la exceptuaban del pago de los tributos reclamados por la AFIP.
Con esta decisión, la Corte confirmó su fallo anterior, que había declarado constitucional el impuesto al tabaco. Por eso, Tabacalera Sarandí deberá pagar una deuda que, según los informes, supera los US$ 1.400 millones. El conflicto judicial comenzó en 2018, cuando Otero acudió a la Justicia para no pagar este impuesto, ya que lo consideraba "inconstitucional" y alegaba que su empresa era una pyme.
Con una fuerte estrategia de lobby y medidas cautelares, Otero evitó pagar el impuesto durante años. Esto le permitió a su empresa pasar de controlar el 5,6% del mercado en 2016 a tener el 38,4% en 2023, lo que hace difícil considerarla una pyme. En su fallo, la Corte ya había señalado que Tabacalera Sarandí no había presentado documentación que probara su adhesión al plan de pagos, y que no se podía impedir una decisión sobre un tema tan importante para la salud pública. Con esta resolución, el máximo tribunal dio el caso por cerrado.