La norma establece separación en origen, reciclaje y centros de economía circular. Fue respaldada por la mayoría de bloques, aunque el PJ votó en contra por considerar que vulnera la autonomía de los municipios.
Residuos urbanos: el Senado dio media sanción al proyecto con críticas del peronismo
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La Cámara de Senadores aprobó este martes, con amplia mayoría, el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La iniciativa establece un sistema que abarca todas las etapas, desde la generación de residuos hasta su disposición final, incorporando separación en origen, reciclaje y valorización de materiales.
La propuesta fue presentada en junio por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien explicó que el objetivo central es “transformar la gestión de los residuos urbanos, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión social y respeto por la autonomía municipal”.
Tras su presentación, en julio se abrió un proceso de diálogo con legisladores de distintos bloques, que permitió incorporar sugerencias y consensuar modificaciones. En agosto se sumaron reuniones con especialistas y organizaciones civiles. Con esos aportes, la comisión firmó el despacho que llegó al recinto y obtuvo la media sanción.
El proyecto, que reemplazaría la normativa vigente desde 1992, fue aprobado con 28 votos a favor y 9 en contra, provenientes del bloque del PJ.
“El proyecto es fruto de más de un año de trabajo con los 18 municipios: relevamos necesidades, evaluamos infraestructura y recogimos aportes, creando una ley que busca un Sistema Provincial de Residuos con principios claros, competencias definidas y herramientas de planificación”, señaló Latorre.
En redes sociales, la funcionaria advirtió que “si no modernizamos nuestra normativa, seguiremos con 18 subsistemas desarticulados y sin eficiencia. La GIRSU propone una mirada integral y constituye una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad de Mendoza”.
El bloque peronista rechazó el proyecto al considerar que “avanza sobre la autonomía municipal”. La presidenta de la bancada peronista, Adriana Cano, afirmó que “ningún municipio fue tenido en cuenta en la elaboración de esta ley, a pesar de ser los actores primarios en la gestión de residuos. No fueron invitados ni consultados, lo que es doblemente preocupante porque la Constitución les reconoce competencias exclusivas en higiene urbana, salud y limpieza pública”.
Cano también cuestionó la celeridad en el trámite legislativo: “Esta ley tuvo menos de un mes de discusión, sin convocar a intendentes, académicos, recuperadores ni cooperativas. Se avanzó apuradamente y lo que termina mostrando este proyecto es una intromisión indebida del Poder Ejecutivo”.
En la misma línea, el senador Félix González planteó que la norma “no resuelve los problemas de fondo, porque no define competencias entre Provincia y municipios, no aclara la participación de actores privados e impone exigencias desproporcionadas a los gobiernos locales”.
Como ejemplo, mencionó los plazos de la ley: “A los municipios se les da un año para cerrar los basurales a cielo abierto, algo que requiere inversiones millonarias, mientras que la Provincia no tiene plazos para presentar su propio plan. Esa asimetría demuestra que la carga siempre se traslada al municipio”.
También criticó la creación de una tasa provincial vinculada a la trazabilidad de residuos: “Aparece mencionada de forma confusa, sin definir quién la paga ni para qué. Así, la Provincia se mete por la ventana a cobrar por un servicio que es competencia municipal”.
La Ley GIRSU propone un modelo integral y colaborativo para la gestión de residuos en Mendoza, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la trazabilidad. También busca fomentar la educación ambiental y reducir progresivamente los basurales a cielo abierto, protegiendo la salud de la comunidad y el ambiente.
Entre los ejes destacados se encuentran la inclusión de recuperadores urbanos, el fortalecimiento de consorcios intermunicipales y la promoción de la economía circular, con el fin de generar empleo y valor agregado a partir de los residuos.
La normativa, estructurada en 12 títulos, regula la gestión desde la generación hasta la disposición final, excluyendo residuos peligrosos, patogénicos o radioactivos. Define al Ministerio de Energía y Ambiente como autoridad de aplicación, responsable de elaborar el Plan Provincial de Residuos, asistir técnicamente a municipios, controlar impactos ambientales y administrar recursos económicos.
Además, establece la regionalización de la provincia en cuatro zonas (Metropolitana, Este, Centro y Sur), y obliga a los municipios a elaborar planes propios o interjurisdiccionales ajustados a lineamientos provinciales.
Entre las innovaciones, prevé la creación de Centros Tecnificados de Economía Circular, estaciones de transferencia y un registro provincial de transportistas y centros tecnificados, con el fin de asegurar transparencia en todas las etapas de gestión. También promueve la participación ciudadana y la educación ambiental, con especial énfasis en las escuelas y comunidades locales.