La Cámara de Diputados se dispone a debatir un proyecto que busca modificar la Ley 26.639, con el objetivo de redefinir las áreas protegidas y habilitar nuevas actividades económicas en zonas periglaciares.
El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine las zonas protegidas, habilitando actividades económicas bajo ciertas condiciones.
La Cámara de Diputados se dispone a debatir un proyecto que busca modificar la Ley 26.639, con el objetivo de redefinir las áreas protegidas y habilitar nuevas actividades económicas en zonas periglaciares.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional con apoyo de varios mandatarios provinciales, apunta a facilitar inversiones mineras mediante el esquema del RIGI, incluido en la Ley Bases aprobada en 2024. Principalmente en las provincias del norte y de la zona de cuyo.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la transferencia de facultades a las provincias, que pasarán a tener mayor autonomía para definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a actividades productivas.
Entre los impulsores se encuentran los gobernadores Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes promueven el desarrollo minero en sus jurisdicciones. La reforma propone modificar los criterios actuales de protección, especialmente en el ambiente periglacial, donde hasta ahora regían restricciones más estrictas.
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares. En su lugar, se plantea que estos proyectos puedan avanzar siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental favorable.
En este esquema, la habilitación dependerá de estudios técnicos que determinen si el área cumple una función hídrica relevante. En caso contrario, podría autorizarse su explotación.
La legislación vigente establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que identifica estas formaciones y su importancia en el sistema hídrico. Actualmente, los glaciares en Argentina alimentan 39 cuencas hidrográficas y se extienden a lo largo de miles de kilómetros en la cordillera de los Andes.
Sin embargo, algunos gobernadores cuestionan que el inventario está desactualizado, mientras que especialistas señalan que su actualización se vio afectada por limitaciones presupuestarias.
La reforma abre un debate clave entre la promoción de inversiones y la preservación ambiental. Por un lado, el Gobierno y las provincias buscan dinamizar la economía a través de la minería; por otro, surgen preocupaciones sobre el impacto en recursos estratégicos como el agua.
El tratamiento del proyecto en Diputados será determinante para definir el alcance de estos cambios y su impacto en el futuro del desarrollo productivo y ambiental del país.