Rebelión policial: la de la bonaerense recuerda a aquella de 1998 en Mendoza

Hace 22 años, la Policía de nuestra provincia se rebeló ante el poder civil, lo que desencadenó una reforma que inició un nuevo período en la gestión política del tema. El ex gobernador, Lafalla, rememora los hechos y analiza los actuales.

José Genoud (UCR), el gobernador Lafalla, Carlos Balter (PD) y Francisco García (PJ), al anunciar la reforma.
José Genoud (UCR), el gobernador Lafalla, Carlos Balter (PD) y Francisco García (PJ), al anunciar la reforma.

Dentro de un mes se cumplirán 22 años de la rebelión policial en Mendoza que cambió para siempre a esta fuerza en la provincia. Los hechos se desencadenaron con un episodio ocurrido al anochecer del 18 de octubre de 1998, cuando el cabo Héctor Castillo fue asesinado de una puñalada en el barrio Trapiche, en Godoy Cruz.

Al otro día, lunes por la tarde, se hizo el sepelio de Castillo que originó todo, mientras sus restos eran llevados al panteón policial del Cementerio de la Capital. El entonces gobernador Arturo Lafalla recuerda hoy aquella tarde: “Fui al sepelio. Me aplaudieron mal, en manifestación de reclamo. De ahí, se fueron a la Legislatura”.

Así empezó un largo acampe policial en la puerta de la Casa de las Leyes, que duró hasta el mediodía del jueves. Fueron jornadas en las que los efectivos de la Policía de Mendoza prácticamente no trabajaron en seguridad pública. Fueron días de tensión que no terminaron el jueves 22 con un acuerdo salarial: dos meses después, Lafalla -junto a los tres precandidatos a gobernador de las tres principales fuerzas políticas- presentaban la reforma en Seguridad que provocó una purga en la cúpula policial.

Hoy Lafalla recuerda que en lo formal, el reclamo fue salarial, pero “cuando escuchábamos lo que decían, por ejemplo la cabo Reyes (Claudia, una de las líderes de la rebelión), lo que reclamaban era que dejáramos actuar a la policía; era aplicar la mano dura. El reclamo no sólo era contra el Ejecutivo, también contra la Justicia. Había insubordinación por el dinero y por la conducción de la Policía”, relata el ex gobernador.

La asonada de esta semana en la provincia de Buenos Aires ¿terminará igual que la de Mendoza hace 22 años? ¿Este reclamo tiene las mismas motivaciones que aquél? Lafalla dice que aquella puja de Mendoza en el ’98 todavía no está resuelta: “La política ha avanzado, pero falta mucho. En Provincia de Buenos Aires la situación se ha complicado con la droga, que acá hace 25 años era un problemita. ¿Cuánto tiene que ver la conducción de la bonaerense con el tema? No es que la cúpula policial tenga narcotraficantes. Se trata de los niveles de tolerancia. No me cabe duda que, aunque no se haya explicitado así, fueron a Olivos porque saben de política: están discutiendo cómo se conduce la policía”.

Un reclamo también político

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, está siendo muy cuestionado. Las liberaciones de presos al arranque de la pandemia de Covid19, el incremento de la inseguridad en el conurbano y el caso Astudillo, son relevantes para explicar la rebelión policial en Buenos Aires. “Recuerde el caso Chocobar. La reacción de (Mauricio) Macri fue política e ideológica. La policía aplaudió a Macri. Esa discusión subsiste”, dice Lafalla.

En Mendoza, que un civil condujera la Policía era un milagro. Antes, la jefatura de la policía, el subjefe, era un policía en actividad. El del mando operativo lo elegía la propia fuerza. El poder político ponía un jefe, un militar retirado en la época del Proceso y un abogado en democracia, al que lo paseaban en cochecito. No se enteraba ni dónde quedaban las comisarías. No había, desde el poder civil, profesionales que supieran de seguridad”, recuerda Lafalla la historia previa a la reforma del sistema de seguridad de Mendoza.

“Aquélla fue una puja de la vieja policía, la gorra, los azules, que eran los que mandaban, y el poder civil”, completa el ex gobernador.

El 28 de diciembre de 1998, a poco más de dos meses de la revuelta policial. Lafalla, José Genoud (UCR), Carlos Balter (PD) y Francisco García (PJ) daban una conferencia de prensa. Allí anunciaban la que se conocería como la reforma en seguridad que incluía un paquete de leyes, la creación del Ministerio de Seguridad (hasta esa época, la seguridad estaba dentro del ámbito de la cartera de Gobierno) y la conducción de la Policía en manos de un civil.

El primer ministro de Seguridad fue Alejandro Cazabán. “Aprobamos dos leyes en 48 horas. Descabezamos la cúpula policial. Se dio de baja a 160 oficiales y todo de común acuerdo. Lo más novedoso fue la coincidencia entre las principales fuerzas políticas”, rememora Lafalla.

¿Hoy es posible? “Imagínese si hubieran aparecido (Axel) Kicillof, (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta, el Presidente (Alberto Fernández) y Macri y dijeran: ‘Nos hemos puesto de acuerdo en esto’. Estaríamos comentando otra cosa, pero ahora estamos discutiendo el punto de coparticipación, si es constitucional o no”, cerró Lafalla, crítico sobre la situación actual.

El origen: un policía asesinado. El 18 de octubre de 1988, en Godoy Cruz, mataron al cabo Héctor Castillo. Su sepelio al día siguiente inició la rebelión que llegó hasta la Legislatura. Dos meses después se presentó la reforma en la política de seguridad.

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