Según la modificación a la normativa de los tiempos del menemismo, las semiautomáticas se podrán utilizar en actividades deportivas u otras finalidades lícitas.
Armas semiautomáticas
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Imagen ilustrativa Armas semiautomáticas
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Imagen ilustrativa El gobierno de Javier Milei flexibilizó la normativa para habilitar la compra y tenencia de armas semiautomáticas bajo un régimen especial y para el uso deportivo u otras actividades lícitas. Con esta medida, quedó sin efecto una prohibición que regía desde 1995, en tiempos de la presidencia de Carlos Menem.
El decreto 397/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Establece un nuevo régimen de autorización especial para acceder a fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de uso militar, con cargadores removibles y calibre superior al .22 LR. Así, sustituyó el régimen de prohibición general por un sistema de control administrado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Según el texto, los usuarios que deseen adquirir este tipo de armamento deberán acreditar "probados usos deportivos", además de cumplir con todas las condiciones objetivas que defina la Anmac, el organismo responsable del control de armas en nuestro país.
Con esta decisión, el Ejecutivo reinterpreta la doctrina del organismo, aquella del decreto 64/1995, al considerar que “fue profusa en la emisión de autorizaciones”, y que se deben revisar los mecanismos de control con un nuevo equilibrio entre acceso ciudadano y seguridad pública.
“Durante más de 30 años, el ex Registro Nacional de Armas y la Anmac han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general que dimana de la actual operatoria, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación, que en las últimas décadas conllevaron a la aplicación de criterios más restrictivos y rigurosos tendientes a restringir al mínimo la concesión de tales permisos”, explicaron desde el Gobierno.
Además, mediante el decreto 409/2025, se realizaron cambios sustanciales a la reglamentación de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. La medida afecta directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
La nueva normativa modifica artículos clave del decreto 395/75, que reglamenta la ley nacional de armas. Entre lo más relevante, se destacan la delegación de facultades a las autoridades de las fuerzas para autorizar la tenencia y portación de armas a su personal, la diferenciación de plazos de validez de las credenciales de legítimo usuario y la centralización de controles en la Anmac.
Con estos nuevos decretos, la Casa Rosada refuerza su perfil proarmas y busca profundizar un modelo más cercano al de Estados Unidos, donde la portación civil es más accesible.
La habilitación de armas semiautomáticas se suma a otras medidas recientes de Milei para flexibilizar el acceso civil a las armas de fuego. En 2024, el gobierno libertario ya había bajado de 21 a 18 años la edad mínima para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario, requisito obligatorio para comprar un arma.
También se lanzó la modalidad de “Tenencia Express”, orientada a facilitar el acceso a permisos para civiles y miembros de fuerzas de seguridad que compren en armerías, tanto armas como municiones.
Aunque aún se requiere un trámite presencial, el Gobierno anunció que en breve se digitalizará el sistema: se podrá completar online el formulario, presentar examen psicofísico, acreditar idoneidad de tiro, carecer de antecedentes penales y abonar una tasa de $5.000.
De acuerdo a cifras oficiales, 260.348 personas tienen la condición de legítimos usuarios, con un total de 739.124 armas registradas: un promedio de tres armas por usuario. Sin embargo, hay otras 479.225 personas con permisos vencidos, que aún conservan más de 814.000 armas registradas, cuyo paradero el Estado no puede verificar actualmente.
Además, el Gobierno estima que en el país circulan unas 800.000 armas ilegales, muchas de ellas con tenencia vencida o sin registro formal.