El Gobierno provincial aplicó más cesantías a agentes de diferentes áreas. Se oficializaron despidos en la Administración Central, la DGE y la fuerza policial.
Policía de Mendoza. Imagen ilustrativa
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Gobierno de Mendoza El Gobierno provincial avanzó con más despidos sobre agentes que incurrieron en irregularidades en sus funciones. Así se desprende de los decretos y resoluciones publicados en el Boletín Oficial durante este miércoles. Hubo cesantías en la Dirección de Economía Social y en el Registro Civil. También en la Dirección General de Escuelas (DGE).
Mientras que el Ministerio de Seguridad decidió desafectar a una oficial de la policía que estaba a prueba, tras ser detenida por un alcoholemia positiva. También fue cesanteado otro efectivo policial por "abandono de servicio", tras no retomar una licencia médica.
A través del el Nº 2539, firmado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, se dispuso la cesantía de José Luis Díaz, auxiliar administrativo y técnico de la Dirección de Economía Social.
El procedimiento se inició tras constatar numerosas inasistencias injustificadas durante febrero y marzo de 2024. El expediente dejó constancia de que el agente no asistió a la audiencia indagatoria ni presentó descargos, lo que fue considerado un agravante.
La falta de comparecencia y la reiteración de ausencias derivaron en la aplicación de la sanción más severa prevista por la ley.
Otro caso similar ocurrió en el Registro Civil, organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. La agente Gisella Denise Lisantti fue cesanteada mediante el Decreto Nº 2540, fechado el 18 de noviembre de 2025.
La investigación determinó que, una vez vencida una licencia sin goce de haberes el 1º de marzo de 2024, la agente no se reincorporó a su puesto ni presentó la renuncia formal, acumulando inasistencias injustificadas.
Durante el sumario, Lisantti manifestó que residía en el exterior y que no tenía intención de regresar, circunstancia que terminó de sellar la decisión administrativa.
Otro de los casos de inasistencias injustificadas corresponde a la Dirección General de Escuelas (DGE), que mediante la Resolución Nº 6463, dictada el 3 de diciembre de 2025, dispuso la cesantía de Pablo Martín Carrión, quien se desempeñaba como celador-sereno en establecimientos educativos de Guaymallén.
Según el sumario administrativo, el agente acumuló más de seis inasistencias injustificadas en un período de seis meses, conducta tipificada como falta grave por la normativa provincial. La DGE entendió que correspondía aplicar la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Decreto Nº 2190 publicado hoy en el Boletín con firma del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus, dispuso la no confirmación y desafectación del cargo de la Oficial Subayudante Jorgelina Noelia Rodríguez Moyano, integrante de la fuerza policial provincial.
El decreto que fue firmado el 9 de octubre pasado, se funda en lo establecido por el artículo 47 de la Ley Nº 6722, que determina que las designaciones de personal policial se realizan en carácter interino por 12 meses, tras los cuales corresponde evaluarlas para confirmar o no en el cargo.
Durante el proceso administrativo se tomó en cuenta un hecho ocurrido en mayo de 2025, cuando personal de tránsito municipal detuvo a Rodríguez Moyano por conducir con una alta tasa de alcohol en sangre (1,24 g/l), situación que fue informada al Ministerio de Seguridad y Justicia.
Además, el equipo técnico designado para la evaluación de desempeño concluyó que la agente “no ha demostrado adaptación y subordinación” en sus funciones, por lo que recomendó la no confirmación en el cargo al cumplirse el período de interinato.
Finalmente se dispuso la desafectación de Rodríguez Moyano de su cargo policial, ordenando la publicación oficial de la medida.
Por otro lado, a través del Decreto Nº 2434 firmado en noviembre pasado y publicado este miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso la cesantía del Oficial Subayudante Juan Matías Ortega Tello, integrante de la Policía de Mendoza.
El ministerio consideró acreditado un abandono de servicio, luego de que el agente dejara de presentarse a trabajar tras finalizar un extenso período de licencia médica.
Pese a las reiteradas citaciones oficiales, Ortega Tello no regularizó su situación ni se sometió a las evaluaciones requeridas, lo que derivó en su desafectación definitiva de la fuerza.