La Justicia sorteó el integrante que faltaba para el Tribunal Penal Colegiado que deberá tomar una decisión clave en la causa.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, está imputado por coacciones en contexto de violencia de género
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Prensa Gobierno La compleja causa por violencia de género y abuso sexual que enfrenta el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, tuvo un paso importante este martes. Es que la Justicia resolvió la conformación final del tribunal que deberá definir si la conjueza María Jimena González Pina sigue o no al frente de la investigación como jueza de garantías.
La conjueza fue designada por la Suprema Corte de Justicia a fines de mayo, después de una serie de cambios por magistradas que habían salido sorteadas anteriormente y fueron cuestionadas por la querella: primero la jueza María Cristina Pietrasanta y después la jueza Eleonora Arenas.
Pero González Pina también recibió una recusación por parte de la querella, a cargo de la abogada María Elena Quintero, quien argumentó que la designada “se encontraría condicionada a la hora de resolver”, debido a que actualmente es postulante a cargos judiciales permanentes.
Y, según planteó la letrada, su continuidad dependería “de los mismos estamentos políticos vinculados con el hecho investigado”.
Sin embargo, la conjueza González Pina rechazó todos los argumentos de la querella y sostuvo que no existen elementos objetivos que permitan sospechar de su parcialidad.
En la resolución, la magistrada afirmó que “la sola condición de conjuez que ostente el magistrado, designado conforme a la legislación vigente y las acordadas dictadas por la Excma. SCJM, aun cuando todavía no tenga el acuerdo senatorial, le permite actuar en cada caso como juez natural”.
La magistrada además cuestionó que la querella intentara fundamentar el apartamiento en “meras especulaciones carentes de respaldo en evidencia objetiva”.
También remarcó que la recusación “constituye un acto de trascendencia institucional que debe ser interpretado de manera prudente y detenida”, por lo que solicitó que un tribunal superior resolviera el planteo.
Lo cierto es que, desde aquella respuesta presentada el 2 de junio hasta el sorteo final del tribunal, realizado este martes, se acumularon movimientos judiciales más que polémicos.
Primero fueron sorteados por la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) los jueces Mauricio Juan, María Belén Salido y Eleonora Arenas para integrar el tribunal.
Pero la defensa de D’Agostino, a cargo de los abogados Eduardo De Oro y Sosa Arditi, avanzó con una recusación contra Salido, quien rechazó ese planteo, aunque finalmente se inhibió de la causa por “violencia moral”, con una fuerte denuncia administrativa contra el juez penal Rafael Escot de por medio.
Salido lo acusó de haber filtrado chats de un grupo de WhatsApp de magistrados directamente a D’Agostino, cuyo contenido fue utilizado por la defensa para recusarla.
Actualmente, la denuncia administrativa se encuentra en la Sala Administrativa de la Corte, a la espera de una resolución por parte del presidente Dalmiro Garay y los vicepresidentes Omar Palermo y Julio Gómez. Según pudo saber Los Andes, ya le dieron traslado al acusado para que presente su descargo y luego tomarán una decisión sobre su accionar.
Como si ese escándalo fuera poco, luego la jueza Arenas también decidió inhibirse de la causa por “violencia moral”, vinculada a la presión mediática que envuelve al caso. La abogada Quintero la había recusado como jueza de garantías cuando fue sorteada, pero ella había rechazado ese planteo.
Entonces, del tribunal original sorteado quedó solamente Mauricio Juan. Por lo que la OGAP avanzó con un nuevo sorteo para completar el cuerpo: resultaron seleccionados la jueza Carmen Magro y Juan Manuel González Pina. Es decir, el hermano de la conjueza recusada, quien terminó inhibiéndose por motivos de parentesco.
De esta manera, este martes se confirmó a su reemplazante: el juez Fernando Martínez, quien completará el tribunal que deberá definir si la conjueza González Pina continuará al frente de esta compleja causa que tiene a D'Agostino imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, pero también denunciado por abuso sexual por parte de su expareja.