Janina Ortiz está suspendida en el cargo de diputada provincial desde diciembre del año pasado. Había presentado un pedido de nulidad del desafuero que la justicia provincial revolvió hoy. La jueza penal Dolores Ramón rechazó el recurso que será apelado por la defensa de la ex Secretaria de Gobierno de Las Heras.
“Yo lo que planteo es que es inconstitucional lo que hicieron y por tanto es nulo, No es la nulidad por la nulidad misma. Me opuse y concurro a la jueza de garantía para que haga cumplir la norma constitucional y procesal que incumplieron los fiscales, ese es mi planteo”, explicó Elena Quinteros, abogada defensora de la legisladora de La Unión Mendocina, a Los Andes.
Indicó que el recurso fue presentado en noviembre “y le han dado tratamiento ahora”. “La audiencia de hoy me sirve como prueba porque me dio la razón en que obraron mal los fiscales cuando la citaron y voy a apelar la resolución porque me da la razón en los fundamentos pero me rechaza el recurso”, agregó.
Los pedidos de desafuero se referenciaron en el marco de la investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel, previsto y sancionado por los Arts. 174 inc 5° en función del Art. 173 inc 7° del C.P., “atribuible prima facie - en carácter de coautora - a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”.
En otro orden, la titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 32 de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que hizo lo propio en relación a la investigación que se lleva adelante por los delitos de “coacciones, injusto previsto y sancionado por el art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, atribuible prima facie a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”.
Los motivos de la suspensión, en su momento, fueron por considerar que la ex funcionaria lasherina no colaboraba con la justicia en las causas que se la investigaba y venía resistiendo la imputación. Y la medida que pretende hacer el Ministerio Público Fiscal para la investigación, se demorará aun más.
Quinteros confirmó que apelará la resolución ante el Tribunal Penal Colegiado y, de ser necesario, ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y se quejó por la celeridad de las causas: “Ya está suspendida y estamos hablando de ver si los fiscales hicieron bien su tarea. Recién ahora le están dando tratamiento, esa es la celeridad procesal de las causas”.
