La Oficina de Ética Pública resolvió archivar provisoriamente una denuncia contra el concejal Miqueas Burgoa, luego de que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Guaymallén rechazara en sesión ordinaria un pedido de remoción en su contra.
El expediente fue archivado provisoriamente, pero podría reabrirse si surgen nuevas circunstancias vinculadas al accionar del concejal Miqueas Burgoa.
El concejal radical Miqueas Burgoa, detenido en General Alvear por conducir alcoholizado.
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Ramiro Gómez / Los Andes La Oficina de Ética Pública resolvió archivar provisoriamente una denuncia contra el concejal Miqueas Burgoa, luego de que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Guaymallén rechazara en sesión ordinaria un pedido de remoción en su contra.
Burgoa fue detenido a principios de mayo en General Alvear por conducir con 1,25 gramos de alcohol en sangre, según lo registrado por el test de alcoholemia realizado por la Policía de Mendoza.
El hecho expuso con crudeza la interna que atraviesa el radicalismo de Guaymallén, ya que el propio intendente, Marcos Calvente, le pidió públicamente la renuncia, y un sector del bloque de Cambia Mendoza acompañó esa postura.
Tras varias idas y vueltas en el Concejo Deliberante, a fines de mayo se trató en el recinto la remoción de Burgoa. Sin embargo, el edil radical logró el respaldo de parte del bloque oficialista —incluida la presidenta del HCD, Verónica Cancela— y también de la oposición, por lo que pudo conservar su banca.
Según la documentación oficial, el órgano legislativo municipal resolvió no avanzar con el pedido de remoción. La decisión fue comunicada por Cancela a la Dirección de Investigaciones Administrativas, que evaluó el caso y concluyó que no correspondía dar curso a la denuncia en el ámbito de Ética Pública.
En ese contexto, el organismo que encabeza Gabriel Balsells Miró se basó en el artículo 29 de la Ley Provincial 8.993, que establece que el auditor no dará trámite a denuncias cuando existan procedimientos específicos en curso en otros ámbitos competentes, como en este caso el Concejo Deliberante.
Desde el Tribunal de Ética explicaron a Los Andes que no intervinieron en la causa porque no ingresó ninguna denuncia formal y porque no tienen competencia en este tipo de casos. En ese sentido, remarcaron que es el Concejo Deliberante el órgano que debe decidir sobre el comportamiento de sus miembros.
Lo que sí destacó el órgano extrapoder es que se abrió un oficio para seguir el procedimiento de la comisión investigadora conformada por el HCD para abordar el caso Burgoa.
“Sí estuvimos siguiendo cómo procedía esta comisión, pero al final no tomaron algunas sugerencias que les realizamos”, expresaron desde el Tribunal.
No obstante, la oficina sugirió mantener un seguimiento de la situación, por si surgieran nuevas circunstancias que justifiquen reabrir la causa.
En su análisis, la Dirección de Investigaciones destacó que la normativa vigente —incluida la Constitución de Mendoza, la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1.079) y la propia Ley de Ética Pública— establece con claridad las atribuciones del HCD para evaluar la conducta de sus miembros.
También subrayó que el buen comportamiento ético y el apego a los principios republicanos son requisitos fundamentales para la permanencia en el cargo de cualquier funcionario público.
Entre los fundamentos, el dictamen enfatiza que “todos los funcionarios deben ajustar su ejercicio de la función pública (...) a los deberes y pautas que orientan el desempeño ético de la misma; los que se identifican con una conducta íntegra, decorosa, transparente, austera, prudente y apegada a la juridicidad”, estándares que, según la Oficina, resultan exigibles para todo agente del Estado, especialmente en el marco de un sistema republicano de gobierno.
Finalmente, la Oficina de Ética Pública comunicó que el caso se mantendrá bajo guarda temporal y solicitó al Concejo Deliberante que informe sobre cualquier novedad o resolución definitiva que pudiera producirse.
