Este martes, la Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.
El tribunal ordenó dictar un nuevo pronunciamiento argumentando que no existen elementos suficientes para procesar al expresidente. En esta causa, Fernández es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
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Gentileza Este martes, la Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.
El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández se encontraba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según señaló la Agencia Noticias Argentinas.
La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.
Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvieron en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos suficientes para procesar al expresidente. “No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, quienes remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Sin embargo, el juez Diego Borinsky señaló que, al dictar un nuevo pronunciamiento, la Cámara Federal deberá “examinar el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes, según las particularidades de cada uno, su situación procesal y el grado de conexidad o identidad de agravios”.
De esta manera, obligó a la Cámara Federal a revisar si esta anulación alcanza a Rosendi, Beraldi, Bri Brokers S.A. y al resto de los acusados en el expediente.
El expresidente es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del estado, a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A. Según investigaciones, habría existido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas, quienes habrían recibido comisiones con valores superiores a las del mercado.
En la resolución, se ratificó que el expresidente fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También quedó firme el embargo dictado previamente, que alcanza los $14.634.220.283.
Además, los jueces confirmaron la prohibición de salida del país sin autorización judicial. La decisión fue firmada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, estos dos últimos en mayoría.