El megajuicio por corrupción contra el exmagistrado ingresa en su etapa decisiva. Durante esta semana se desarrollará su alegato final y el de su familia.
El exjuez federal Walter Bento atraviesa una semana clave por su futuro.
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Archivo Los Andes El megajuicio por corrupción contra el exjuez Walter Bento y una treintena de acusados, vinculados a una presunta red de coimas que operaba en la Justicia Federal, ya tiene fecha de sentencia: será el 6 de febrero de 2026, según informó el Tribunal Oral Federal N° 2, presidido por la jueza Gretel Diamante.
Antes de ese hito, los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali presentarán sus alegatos finales, con los que buscarán refutar las múltiples imputaciones que el Ministerio Público Fiscal —integrado por los doctores Dante Vega y María Gloria André— solicitó contra el exjuez.
Bento está imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos de gravedad, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Desde el 8 de noviembre de 2023 se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
En las cuatro audiencias previstas de martes a viernes de esta semana, la defensa del exjuez también alegará por su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, ambos acusados por el delito de lavado de activos (enriquecimiento ilícito también la mujer).
En el caso de Luciano Bento no será necesario un alegato defensivo, ya que la Fiscalía pidió su absolución al cerrar su exposición (estaba acusado de lavado, al igual que su hermano).
El orden de exposición aún no fue establecido, según pudo saber Los Andes, aunque se espera que el inicio esté a cargo de Fragueiro Frías con una introducción general sobre la megacausa.
De ser necesario, la defensa podría extenderse a dos audiencias adicionales, ya habilitadas por el TOF N° 2 para los días 29 y 30 de diciembre.
Concluidos los alegatos, el Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad de hacer uso de la réplica. Sin embargo, fuentes judiciales descartaron esa opción para evitar una mayor extensión del debate. Sí habrá respuestas a los planteos de nulidad formulados por las defensas, con lo que se dará por cerrado el año judicial.
Tras la feria de enero, las audiencias se reanudarán el lunes 2 de febrero, con cinco jornadas consecutivas que comenzarán con las palabras finales de los acusados, las cuales no pueden extenderse como un alegato.
Luego se pasará a la sentencia de responsabilidades, instancia en la que el Tribunal definirá culpabilidades o absoluciones por cada uno de los delitos atribuidos a los acusados.
Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, donde la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas correspondientes y el TOF N° 2 resolverá las condenas definitivas.
Hasta el momento se realizaron 156 audiencias desde el inicio del debate, aquel 26 de julio de 2023, cuando Bento aún contaba con fueros judiciales y se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, acompañado por su familia.
La etapa probatoria fue extensa y compleja, con 309 testigos y 67 declaraciones indagatorias. Los alegatos comenzaron recién el 11 de abril pasado, y la Fiscalía ocupó la mayor parte del año, concluyendo su exposición el 29 de agosto.
El Ministerio Público Fiscal describió la estructura de la presunta asociación ilícita con Bento como jefe; el fallecido Diego Aliaga como nexo; y los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba como organizadores.
Un escalón por debajo se ubicaban, como miembros, los abogados que “entraban y salían” de la banda: Martín Ríos, Matías Aramayo, Javier Angeletti y Francisco “Chato” Álvarez, además del excomisario Gabriel Moschetti y el narco Walter Bardinella Donoso.
En ese contexto, la fiscal André afirmó que este proceso será recordado como “la causa del juez federal que cobraba sobornos a cambio de libertades, prisiones domiciliarias, faltas de mérito y otros beneficios para imputados en causas que tramitaban ante el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza”.
La principal sorpresa de los alegatos la dio la defensa del contrabandista Eugenio Nasi, acusado de haberle pagado un soborno de 500 mil dólares a la banda.
En la audiencia del 30 de octubre, el abogado Gabriel Alliana sostuvo que su defendido "desea reconocer los hechos por los que fuera acusado y aceptar la culpabilidad del mismo y los alcances de todo esto”. Además indicó que no lo hizo antes por "temor" al exjuez Bento.
Las desgracias también salpicaron el juicio durante este año: el 28 de marzo pasado falleció el abogado Osvaldo Miranda, acusado por cohecho, y el 15 de agosto se quitó la vida el contrabandista Javier Santos Ortega, quien había declarado haber pagado un soborno de 722 mil dólares a la banda que, según la acusación, lideraba Bento.
Durante el mes de diciembre se escucharon los alegatos de las defensas de los abogados acusados como organizadores de la asociación ilícita.
En el caso de Luciano Ortego, detenido con prisión efectiva desde 2021, su abogada Gema Guillén solicitó la absolución al sostener que la acusación se apoya en rumores carcelarios y carece de pruebas concretas sobre el flujo de dinero hacia funcionarios judiciales.
Como alternativa, y debido a sus conversaciones telefónicas con Bardinella, pidió que se lo condene por estafa, al considerar que habría existido una “simulación” de pago de coimas que podrían haber sido, en realidad, honorarios profesionales.
Por su parte, Jaime Alba se encuentra en libertad desde hace un mes, luego de haber cumplido prisión domiciliaria desde julio de 2023 (había sido detenido en junio de 2021).
Su abogado, Juan Day, solicitó la “absolución lisa y llana” durante la última audiencia del jueves. Sostuvo que la prueba demuestra que Alba era un abogado que trabajaba de manera independiente, que conocía a Aliaga desde hacía años y que le llevó algunas causas, pero que nunca tuvo vínculo con el juez Bento.
“Los resultados de las causas tramitadas por el doctor Bento son incompatibles con la idea de algún trato espurio o connivencia entre ellos. Alba quedó involucrado por haber sido querellante en la desaparición de Diego Aliaga. También fue querellante el doctor Alcaraz (NdR: fiscal federal) y no le pasó nada”, concluyó el letrado.
