Tras la ratificación judicial de la ley que ordena actualizar salarios y becas por inflación, la Casa Rosada busca evitar una ampliación permanente del gasto.
Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo ante la Corte y aplicará los pagos "por goteo".
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El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La estrategia oficial busca dilatar la aplicación plena de la norma mientras diseña una salida administrativa que no comprometa el equilibrio fiscal.
La resolución judicial ratificó la vigencia de la ley promulgada en octubre de 2025 y ordenó al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes, recomponer las becas estudiantiles según el IPC acumulado y garantizar las partidas para investigación.
Desde la Casa Rosada adelantaron que presentarán un recurso extraordinario federal. En caso de que la Cámara lo rechace, lo cual es el escenario más probable, el oficialismo elevará una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, para evitar sanciones procesales inmediatas, el Gobierno planea una ejecución fragmentada. Se realizarán pagos bajo la lógica del "goteo", para cumplir formalmente con la manda judicial.
Según información de TN, el Ejecutivo reconoce que buscarán cubrir las erogaciones en los mínimos mensuales mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto.
Además, toman como antecedente la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde el Ejecutivo terminó reglamentando la norma por decreto para adecuarla a sus posibilidades financieras sin ceder en su posición política.
El eje técnico de la disputa se centra en los artículos que exigen actualizar los salarios universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un piso equivalente a la inflación del período.
Cabe recordar que el Gobierno intentó frenar esta ejecución mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la ley carecía de una fuente de financiamiento específica, argumento que la Justicia acaba de desestimar por segunda vez.
Más allá de la batalla judicial, el oficialismo ya trabaja en una solución legislativa de fondo. La hoja de ruta no incluye la derogación, sino la presentación de un nuevo proyecto de ley que reemplace el actual esquema de actualización automática por uno "más acotado".