El Gobierno apunta a regular la autonomía municipal mientras denuncia un “avance institucional” en San Rafael.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la reforma que impulsa Alfredo Cornejo y advirtió sobre tasas “disfrazadas de impuestos”
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El gobernador Alfredo Cornejo marcó la agenda política de Mendoza en las últimas 24 horas con una doble jugada: avanzar en una reforma constitucional para ordenar la autonomía municipal y, en paralelo, activar una ofensiva judicial contra el proceso iniciado por el intendente de San Rafael, Omar Félix.
El eje político y técnico de la iniciativa lo puso el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien dio precisiones sobre el proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial.
La propuesta, que ingresará por la Cámara de Diputados, contempla un solo artículo y busca reconocer formalmente la autonomía municipal para los 18 departamentos, pero bajo un marco regulatorio claro.
“Los municipios no necesitan ninguna reforma porque ya son autónomos de hecho”, afirmó Mema en diálogo con Aconcagua Radio. Sin embargo, aclaró que existe una “deuda desde 1994” en la Constitución provincial que ahora el Ejecutivo busca saldar.
El funcionario puso el foco en lo que considera el principal riesgo: el avance desordenado de los municipios sobre facultades tributarias. “Hay muchas potestades que no utilizan y otras que jurídicamente no tienen y las están ejerciendo sin conflicto. El problema es cuando esto se empieza a ordenar mal”, advirtió.
En ese sentido, Mema planteó que la reforma apunta a “poner un marco para evitar excesos”, especialmente en la creación de tasas municipales que, según explicó, en otras provincias funcionan como impuestos encubiertos.
“En lugares como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires te cobran tasas en función de la facturación. Eso es un Ingreso Bruto disfrazado. En Mendoza estamos exentos de esa voracidad fiscal”, sostuvo.
Para el ministro, el debate de fondo no es si hay o no autonomía —que ya existe en la práctica— sino cómo se regula. “Hoy la tienen, no se les está encorsetando nada. Estamos dejando en claro qué pueden y qué no pueden hacer en base a la Constitución Nacional y a las leyes de coparticipación”, explicó.
Además, advirtió sobre el escenario que podría abrirse si cada municipio avanza sin un marco común: “No sabemos dónde termina. Empiezan los juicios de empresas contra municipios por tributos y ahí se termina discutiendo la autonomía”.
En paralelo al anuncio de la reforma, el Gobierno provincial activó una presentación ante la Suprema Corte de Justicia para frenar el proceso de autonomía impulsado por el municipio de San Rafael.
La vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, encabezaron la declaración de conflicto de poderes contra el departamento gobernado por el peronismo.
En conferencia de prensa, Casado fue contundente: “Queremos defender la institucionalidad que caracteriza a Mendoza. No consideramos que un departamento o una familia feudal pueda llevarse por delante esta institucionalidad”.
La vicegobernadora cuestionó el proceso iniciado en San Rafael, al que calificó como “una chastrinada”, y apuntó contra la forma en que se convocó a la convención constituyente municipal. “Llamar a una constituyente entre gallos y medianoche sin los dos tercios fue un desafío a la institucionalidad”, afirmó.
En la misma línea, Lombardi remarcó que el debate no es sobre la autonomía en sí, sino sobre las reglas. “Estamos todos de acuerdo en avanzar, pero debe ser con institucionalidad, transparencia y respetando la Constitución”, sostuvo.
El legislador también cuestionó aspectos formales del proceso: la falta de publicación en el Boletín Oficial, la convocatoria con mayoría simple en el Concejo Deliberante y las objeciones del fiscal de Estado, que señaló que se requerían los dos tercios.
“Mendoza no es Formosa, donde cada uno hace lo que quiere. Acá respetamos las instituciones”, lanzó.
El escrito, al que tuvo acceso Los Andes, presentado por el Gobierno provincial ante la Suprema Corte de Justicia apunta a frenar el proceso de autonomía impulsado por San Rafael y, al mismo tiempo, fijar una posición de fondo sobre el alcance del régimen municipal en Mendoza.
En primer lugar, plantea la existencia de un conflicto de poderes, al sostener que el municipio “usurpa competencias provinciales” al intentar definir por sí mismo el alcance de su autonomía. Según argumenta, si bien la Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal, también establece que son las provincias las encargadas de reglamentarla, por lo que ningún departamento puede avanzar de manera unilateral.
En esa línea, el escrito advierte sobre un posible “alzamiento institucional” y remarca que permitir este tipo de procesos implicaría “atomizar el régimen municipal”, generando múltiples sistemas incompatibles dentro de la provincia.
Otro eje central es la falta de sustento legal de la convención constituyente municipal. El Gobierno sostiene que no existe en el derecho público provincial una figura que habilite a los municipios a ejercer poder constituyente propio sin autorización previa, por lo que califica el proceso como una creación “de facto”.
Además, se cuestionan irregularidades en el procedimiento, como la aprobación de la ordenanza sin mayorías especiales y la falta de publicación en el Boletín Oficial, lo que —según el planteo— afecta su validez jurídica.
El documento también pone el foco en los límites del poder municipal, al señalar que los departamentos no pueden dictar su propia carta orgánica de manera unilateral, ya que deben ajustarse al marco que establezca la Provincia.
Por último, advierte sobre el impacto institucional que podría tener el caso: si la Corte no interviene, podría generarse un precedente que habilite a otros municipios a avanzar en la misma dirección, dando lugar a un “mosaico” de regímenes municipales distintos y debilitando la capacidad provincial de fijar reglas comunes.
En ese contexto, la Provincia no solo pidió la suspensión inmediata del proceso en San Rafael, sino que también reclamó que el máximo tribunal dirima el conflicto y ratifique que la regulación de la autonomía municipal es una atribución exclusiva del ámbito provincial.