El millonario juicio que enfrenta la Argentina por la estatización de YPF tiene su origen en una cláusula del estatuto de la propia compañía. Desde el Gobierno ya se anunció la decisión de apelar, aunque esa instancia no frena el cómputo de intereses, que suman cerca de US$2 millones diarios.
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El millonario juicio que enfrenta la Argentina por la estatización de YPF tiene su origen en una cláusula del estatuto de la propia compañía, la cual exige realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas cuando se toma el control de la empresa. Esta omisión, cometida durante la expropiación de 2012, derivó en un litigio internacional que hoy obliga al país a pagar US$16.000 millones.
La ley de expropiación, aprobada por el Congreso, alcanzó solamente las acciones en manos de la petrolera española Repsol, mientras que se ignoraron los derechos del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cuya incorporación a la compañía ya estaba bajo sospecha. La falta de igualdad de trato entre accionistas encendió la chispa legal que terminó en una dura sentencia contra el Estado argentino.
El caso fue resuelto por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien heredó la causa del fallecido juez Thomas Griesa. Preska no cuestionó la soberanía argentina ni la decisión de expropiar YPF, sino el modo en que se afectó a accionistas minoritarios al omitir la obligación de lanzar una oferta pública de compra en igualdad de condiciones.
El juicio se inició en 2015 y en septiembre de 2023 llegó la sentencia definitiva: el Estado argentino debe abonar US$16.000 millones, más intereses. Desde el Gobierno ya se anunció la decisión de apelar, aunque esa instancia no frena el cómputo de intereses, que suman cerca de US$2 millones diarios.
El principal beneficiario del fallo es Burford Capital, un fondo de inversión que compró los derechos del Grupo Petersen para litigar, tras la quiebra de este último en un juzgado de Madrid. Petersen se desplomó financieramente luego de que, tras la estatización, YPF dejara de distribuir dividendos.
A contramano de la caída de las acciones de IFF —empresa que compró los derechos inicialmente—, Burford vio dispararse sus papeles tras la ratificación del fallo contra la Argentina.
En este contexto, el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, propuso una doble vía para defender la postura argentina: una ley del Congreso que impida pagar con acciones —como ordenó Preska— y un per saltum ante la Corte Suprema, que permita al máximo tribunal resolver sobre la legalidad de esa orden y el cumplimiento de la ley nacional.