El oficialismo aceleró el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Defensa de la Soberanía enviado por el Poder Ejecutivo luego de la cadena nacional de Javier Milei por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
La Libertad Avanza convocó a las comisiones de Diputados para comenzar a discutir la iniciativa enviada por Javier Milei tras su discurso por Malvinas.
El oficialismo acelera el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía y busca dictamen en octubre.
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El oficialismo aceleró el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Defensa de la Soberanía enviado por el Poder Ejecutivo luego de la cadena nacional de Javier Milei por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
La iniciativa comenzará a ser discutida el próximo miércoles en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que están presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
Según información de Clarín, la intención del oficialismo es que durante la primera jornada concurran funcionarios del Ejecutivo de las áreas de Cancillería, Defensa y Justicia, para explicar los principales puntos del proyecto y responder las consultas de los legisladores.
El cronograma contempla una segunda jornada de debate para el 6 de octubre. Los sectores más optimistas dentro del oficialismo aspiran a conseguir ese día el dictamen que permita llevar el proyecto al recinto en una eventual sesión prevista para el 7 de octubre.
En esa misma sesión también podrían tratarse el nuevo proyecto sobre Discapacidad y la iniciativa de Endeudamiento, que recibirá dictamen de las comisiones este martes.
El proyecto ya generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, particularmente por algunos de sus artículos y por las facultades que otorgaría al Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más discutidos es el artículo 111, que modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, interfieran en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
El diputado radical Pablo Juliano cuestionó esa disposición y sostuvo: “El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”.
También hay cuestionamientos sobre artículos que podrían implicar una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo en detrimento de las atribuciones del Congreso.
Desde el MID señalaron que “la existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75”.
En la misma línea, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés afirmó: "El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas".
Uno de los principales cambios planteados por la iniciativa es la derogación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
En su reemplazo, el proyecto establece un nuevo régimen de sanciones que amplía su alcance más allá de la actividad hidrocarburífera. Las disposiciones abarcarían actividades destinadas al aprovechamiento de recursos renovables y no renovables que se desarrollen sin autorización argentina, lo que podría alcanzar también a determinadas actividades pesqueras.
Además, amplía las prohibiciones para personas y empresas que faciliten o participen de actividades no autorizadas e incorpora determinadas reorganizaciones societarias que tengan como objetivo eludir las sanciones.
El régimen contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.
La iniciativa también establece un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades consideradas prohibidas puedan desistir y regularizar su situación, mediante el pago de una suma de dinero o la reconversión de sus inversiones. La autoridad de aplicación de ese régimen será designada por el Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación de un nuevo sistema de seguridad nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
