La gestión de Alfredo Cornejo le abonó montos millonarios a la empresa CLISA Interior S.A. por la provisión de raciones alimentarias a las cárceles de Mendoza.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó el pago de más de 2.870 millones de pesos a la empresa CLISA Interior S.A. por la provisión de raciones alimentarias destinadas a personas privadas de su libertad y personal penitenciario con funciones de 24 horas, correspondientes al mes de abril de 2025.
Mediante los decretos 1506 y 1511, publicados este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial aprobó el reconocimiento de los gastos generados durante las dos quincenas de abril, bajo el mecanismo de "legítimo abono", previsto por la Ley 8706 y su Decreto Reglamentario 1000/15.
Según consta en los documentos, el primer decreto (1506) reconoce facturas por un total de $1.433.519.931,86 correspondientes al período del 16 al 30 de abril. El segundo decreto (1511) autoriza el pago de $1.437.503.105,78 por el período del 1 al 15 de abril.
En ambos casos se aclara que no se había efectuado el pago previamente y que las facturas cuentan con el visto bueno de la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario Provincial y de la Contaduría General de la Provincia.
Ambos expedientes hacen referencia a una licitación pública iniciada en diciembre de 2024 para regularizar el servicio de raciones, pero que fue declarada fracasada el 4 de febrero de 2025.
A raíz de esto, se autorizó una contratación directa, que finalmente fue adjudicada en mayo. Mientras tanto, se mantuvo la provisión alimentaria bajo las condiciones del contrato previo, lo que motivó el reconocimiento excepcional del gasto.
La Fiscalía de Estado intervino en los dos expedientes y avaló la legalidad de los decretos, aunque remarcó que el procedimiento de legítimo abono es de carácter “excepcionalísimo y de interpretación restrictiva”, debido a que reemplaza el mecanismo ordinario de contratación mediante licitación pública.
Los decretos fueron firmados por el propio Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. En ambos casos se facultó a la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario a rendir cuenta del gasto ante la Contaduría General de la Provincia.