Una gran franja de terreno vertical ubicada en el oeste del departamento de Malargüe, la cual recorre casi toda su extensión, de sur a norte, atesora la ilusión gubernamental de activar la minería metalífera en Mendoza.
Malargüe distrito minero occidental es la pretenciosa denominación del emprendimiento orientado a la búsqueda de cobre que el Gobierno apura a toda velocidad. La extensa lonja, de 20.000 kilómetros cuadrados en total, recién empieza a ser distinguida en los mapas. La imagen que acompaña esta nota es uno de los primeros.
Desde el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo, hace poco más de dos meses, las noticias sobre la minería en Malargüe se suceden aceleradamente. El Gobierno provincial se ocupa de darle difusión a cada paso que da el proyecto y asegura que cada uno de ellos es relevante.
“Estimamos que, si todo sale bien, este año debería estar aprobada la Declaración de Impacto Ambiental”, afirma, a tono con el apuro minero de toda la gestión, el director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal.
La misión consistirá en aprobar, dentro de no muchos meses y de una sola vez en la Legislatura, más de 200 derechos para realizar exploraciones mineras en la zona marcada. O sea, el primer capítulo de la industria minera, el de la búsqueda, en la cual el uso de agua se asemeja al de los “pozos agrícolas”, minimiza Shantal. Ninguna de estas exploraciones estará reñida, según aclara a todo momento, con las restricciones que impone la famosa ley 7722.
Todos esos derechos mineros entrarán a la Legislatura juntos, en combo, bajo el paraguas de la misma declaración de Impacto Ambiental, gracias al flamante distrito que se creó en el departamento sureño. Correrán, en consecuencia, la misma suerte, para bien o para mal.
Por imperio de la ley 7722, ninguna etapa de la industria minera puede desarrollarse en Mendoza sin que los legisladores la voten. Además, el capítulo previo a esa votación será un proceso muy técnico y complejo, lleno de dictámenes sectoriales y estudios científicos, que estará regido por “la autoridad ambiental minera”, compuesta por la Dirección de Minería que dirige Shantal y la Dirección de Protección Ambiental.
Al final, la autoridad ambiental aprobará, aprobará con condiciones o rechazará el proyecto general, que también pasará por una audiencia pública.
PRIMER PROYECTO
“Impulsa Mendoza Sostenible S.A” es la empresa estatal minera. Está dirigida por el funcionario Emilio Guiñazú. Su rol es fundamental en el plan del Gobierno. Tanto que esta semana, Guiñazú se encargó del primer movimiento de piezas para que Malargüe distrito minero occidental sea una realidad.
El gobernador Cornejo anunció, precisamente en Malargüe, que Impulsa Mendoza había presentado el informe de Impacto Ambiental del distrito minero ante la Dirección de Minería ¿Qué hizo en concreto? Presentó “el proyecto número uno″, denominado “El Seguro”, que agrupa en total a tres minas de la zona.
“Es la punta de lanza”, asegura Shantal. Apenas la punta, se puede decir también, porque tres minas no es mucho, según aclara el propio funcionario. De hecho, otro proyecto minero metalífero que quedó congelado en la historia, San Jorge en Uspallata, tiene más de 60 minas. Pero este camino será gradual y El Seguro apenas sería la llave: “Las restantes empresas están ultimando detalles para sumarse como proyectos 2,3, 4, etcétera”, asegura el funcionario. “Esos son de titulares particulares”, aclara también Shantal.
Pero bien vale en este punto detenerse en la “punta de lanza”. Desde la industria minera provincial aportan que “El Seguro” pertenece, o perteneció en el pasado, a Minera Agaucu SA, de los empresarios locales Mario Chabert y Raúl Concina.
Raúl Rodríguez, presidente en Mendoza de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), rememora en este sentido que “El Seguro” fue una mina de oro, plata y cobre de los años ‘90 que nunca entró en producción. Su rol ahora sería tratar de abrirle el camino a muchos más.
Pero esto no significa que el resto de los “lotes” del distrito minero estén desiertos. Se cree que alrededor del 70% de los 20.000 kilómetros cuadrados del distrito Malargüe está ocupado por derechos mineros de diversa índole y de distintas épocas. Entre ellos, la propia mina de Potasio Río Colorado, Cerro Amarillo y los tres proyectos de exploración aprobados a fines del año pasado: El Burrero, Las Choicas y La Adriana. La suma da 331 derechos en total, hoy, pero el Gobierno no sabe por ahora a ciencia cierta cuántos de ellos pertenecen a inversores reales y cuáles corresponden a meros especuladores.
“La intención es acabar con la especulación inmobiliaria”, promete Shantal. Y se ataja ante eventuales críticas: “No es la intención que (los permisos mineros) se los quede el Estado, tiene prohibido quedarse con cualquier mina, debe licitar y no se puede quedar con ningún porcentaje asociativo”.
“Impulsa lo único que hace es un pase para que se licite”, aclara también Shantal específicamente respecto del rol de la empresa estatal de minería. La función de Impulsa Mendoza fue uno de los capítulos controvertidos durante el tratamiento legislativo del nuevo Código de Procedimientos Mineros que impulsó el Gobierno como paso previo a la creación del distrito Malargüe, ley elaborada con el objetivo de “agilizar” todos los trámites de la minería.
El acceso a los derechos mineros es diverso. Sencillo y hasta “barato” en algunos casos, dice el Gobierno. Se pueden solicitar permisos de exploración o cateo, que son pedidos fundados en estudios previos. Pero también existe la simple “manifestación de descubrimiento”, que suele estar acompañada de una muestra del mineral supuestamente detectado en el terreno.
“Las muestras pueden ser inventadas. Nos lo han dicho en la cara. Nosotros vamos a ir a ese puntito del territorio, vamos a tomar la muestra y veremos si hay mineral”, promete Shantal, sobre el férreo control que dice que realizará la Policía Minera de esos permisos.
Además de los que queden afuera tras el filtro de los permisos existentes, los terrenos del distrito minero donde todavía no hay permisos podrán ser ocupados por emprendimientos privados. Eso deberá ocurrir antes de que se elabore la declaración de Impacto Ambiental que irá a la Legislatura.
OPTIMISMO Y CAUTELA
El Gobierno provincial invita a ilusionarse con la incorporación de inversores potentes al proyecto para desarrollar la minería en el distrito malargüino.
Uno de los hechos destacados por los funcionarios ocurrió hace 10 días, cuando hubo una reunión de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, con directivos de la empresa china Hanaq.
“Se mostraron entusiasmados en la feria (minera que se hizo en Canadá en marzo) y ahora presentaron 20 permisos de exploración en Malargüe”, afirmó Latorre en esa oportunidad.
Desde entonces, a los funcionarios locales les soplan al oído que si Hanaq ha pedido derechos en Malargüe “es porque seguro hay minerales”. La empresa ya trabaja en Jujuy, Salta, La Rioja y Río Negro.
Para los pedidos en Malargüe “hicieron un trabajo serio, de escritorio, con geólogos y agrimensores”, destacan entusiasmados en el Ejecutivo provincial.
El Gobierno también se acredita el interés de una empresa australiana, Fortescue (con cuyos directivos estuvo Cornejo en la feria canadiense) y de la empresa Mirasol, entre otras.
La industria local, mientras tanto, observa estos movimientos con expectativa creciente, pero mantiene la cautela. “Creo que el Gobierno está dando pasos para que las inversiones vengan. Han empezado a arreglar el terreno. Hicieron lo que había que hacer, pero vienen de 17 años de estar fuera de todos los mapas. Hay que generar confianza”, expresa Rodríguez, el titular de Caem.
Los empresarios del sector eran mucho más pesimistas sobre las inversiones mineras hace apenas tres meses, en febrero, cuando nadie sabía todavía que el gobierno de Cornejo abrazaría la minería como lo hizo. Pero todavía es “temprano” para que se ilusionen del todo.
Rodríguez también aclaró a Los Andes que Mendoza se está contactando con empresas mineras “junior”, que son las que se dedican a la exploración. “Es difícil que las grandes vengan a explorar”, expresó, y sostuvo que el negocio de las firmas “junior” es vender los proyectos en los que la exploración resulta satisfactoria a las empresas más importantes del rubro, para que asuman los costos de la futura explotación.
Mientras tanto, por su lado, Marcelo Schajnovetz, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, brindó otra perspectiva sobre el avance del Gobierno provincial a favor de la minería.
“Nos da esperanza”, sintetizó el empresario a radio Jornada esta semana, tras recibir en su departamento a Cornejo y a otros funcionarios provinciales. “Esperemos que no se frene, la intención del Gobierno es seria, pero la minería lleva su tiempo. Lo bueno es que se avanzó. La 7722 era una barrera pero se han buscado alternativas y esto es bueno para toda la provincia”, agregó.
Al Gobierno, finalmente, no parece importarle demasiado que las mineras que puedan venir a Mendoza en este momento sean “junior”, como dicen desde el sector privado.
El optimismo oficial se sintetiza en un dato. “En San Juan, sólo en exploración minera, la suma total de inversiones es mayor a la de todo el petróleo en Mendoza”, señala el director de Minería de la provincia.
