El Ministerio de Seguridad estableció un acuerdo con la Municipalidad de Godoy Cruz para la gestión de los dispositivos secuestrados.
Los primeros 300 celulares secuestrados en las cárceles que fueron destruidos.
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Prensa Gobierno de Mendoza El Gobierno provincial anunció este martes que lograron el secuestro de más de 5 mil celulares de las cárceles de Mendoza y mostraron la destrucción de los primeros 300 dispositivos, mediante el uso de una aplanadora de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Es que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, acordó con el intendente Diego Costarelli que los teléfonos secuestrados por el Servicio Penitenciario sean tratados por el programa de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que lleva adelante el municipio.
Esto consiste en la destrucción de los dispositivos, pero también en la clasificación de los que estén en condiciones de ser reutilizados para su donación, aclaró la ministra a la prensa después de llevar adelante el acto en la playa de secuestros del Servicio Penitenciario, al que asistieron el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.
“Nosotros acudimos al plan de Godoy Cruz porque al tratarse de un elemento que requiere una disposición final, este programa es lo suficientemente amplio para aquellos dispositivos que quedan habilitados para el uso, es decir que pueden ser reutilizados, el mismo programa los selecciona y determina una posible donación”, sostuvo.
Y agregó que “aquellos que no, lo que hacen es descontaminarlo. Es decir, sacarle las baterías y otros dispositivos que pueden ser perjudiciales al momento de la inutilización. Y luego utilizan otras partes del celular, como pueden ser las carcasas, para otros programas sustentables. Es un programa integral y por eso hemos elegido la disposición final”.
Por su parte, el intendente Costarelli mencionó que Godoy Cruz implementa este programa de recolección y reciclaje de residuos “hace 10 años”.
“El aporte que hacemos desde la municipalidad tiene que ver específicamente con la trazabilidad de estos residuos eléctricos y electrónicos. En Godoy Cruz contamos con un programa de recolección y reciclaje de este tipo de materiales, porque lo importante es evitar que contaminen y asegurar que lleguen a disposición final con empresas habilitadas”, sostuvo.
Y puso en valor el proceso de retiro de celulares de las cárceles porque “es clave acompañar las políticas de seguridad que impulsa la provincia y al mismo tiempo, seguir demostrando nuestro compromiso ambiental”.
Desde la Municipalidad de Godoy Cruz aclararon a Los Andes que aquellos celulares que estén en condiciones de ser reutilizados quedarán a disposición del Ministerio de Seguridad para su posible donación.
La ministra destacó que los celulares incautados estaban relacionados con delitos como estafas, tráfico de drogas, introducción de sustancias en los penales y difusión de material de abuso sexual.
“Esto hace a la seguridad de los mendocinos porque evita que se cometan delitos, que la droga circule o que se gerencie desde la cárcel hacia afuera. La efectividad de los procesos de auditoría y control ya se refleja en los resultados”, sostuvo.
La funcionaria señaló que la política se implementa en etapas. Desde diciembre de 2023 no se aceptan más celulares en las listas blancas habilitadas judicialmente. “Todo celular que se secuestra pasa a destrucción y, además, a cada persona privada de libertad a la que se le encuentra un celular se le aplica una sanción”, precisó.
A partir de 2024, cualquier dispositivo que ingresa a los penales es considerado de uso prohibido y está sujeto a confiscación.
Para garantizar la seguridad se estableció el Sistema Único de Ingreso, similar al de un Aeropuerto Internacional El Plumerillo, por el que todas las personas que ingresan a un penal deben pasar por detectores de metales, registro fílmico y palpado físico.
“Estamos sumando 300 cámaras en proceso de instalación en los lugares de ingreso y en la zona de visitas, con sensores de movimiento, para reforzar la vigilancia y prevenir el ingreso de celulares y sustancias prohibidas”, señaló la ministra.
Este sistema ya permitió detectar irregularidades: en el último mes, tres agentes penitenciarios y un enfermero están siendo investigados por ingreso de sustancias. Además se mantienen canales de comunicación seguros para las personas privadas de la libertad.
“Ampliamos el margen de visitas para que tengan un mejor contacto con sus entornos y adquirimos teléfonos antivandálicos que son utilizados bajo supervisión de profesionales licenciados en trabajo social, garantizando así la comunicación sin comprometer la seguridad”, afirmó Rus.
Mendoza también implementó un sistema de inhibidores de señal y le entregó por primera vez el sistema TETRA al Servicio Penitenciario, lo que permite controlar la comunicación interna sin afectar la señal en los domicilios cercanos.
