El proyecto fiscal del Ejecutivo provincial pasó el primer filtro en la Legislatura, con la media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Por la trascendencia política, el foco del debate estuvo puesto en la modificación de un coeficiente de la coparticipación, mientras que otros cambios que se busca implementar pasaron casi desapercibidos, como los referidos al control del personal del Estado.
El capítulo 1 del proyecto se refiere a la “gestión del recurso humano” y allí se plantea la incorporación de los certificados médicos falsos como motivos directos de cesantía. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, fue el impulsor de la propuesta y explicó a Los Andes que el Estado otorga, en promedio, unas 35 mil licencias por enfermedad al año sobre una planta de 100 mil empleados y con esto se apunta a “agilizar” los controles.
Si bien afirmó que los certificados truchos son “casos aislados” y que pueden terminar en despidos con el inicio de sumarios, no está contemplado aun dentro del Régimen Disciplinario como tal y las investigaciones se llevan actualmente de una “forma artesanal”. Para Fayad, el primer paso en “atacar el problema” es darle un marco normativo.
En el artículo 1 del proyecto se busca incorporar al Art. 5 del Anexo de la Ley 9103, como causa de cesantía a “la presentación con cualquier finalidad de un certificado médico falso, ya sea que la falsedad, debidamente constatada, sea material o ideológica”.
Además se establece que “en el caso de falsedad ideológica, deberá darse intervención al Consejo Deontológico competente para que tramite el sumario y/o procedimiento disciplinario pertinente respecto del profesional que haya emitido el certificado, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan”. Es decir, se insta a que el Consejo analice el desempeño ético de un profesional de la salud en caso de que la patología del certificado no sea verídica.
“Los certificados truchos por ahora son casos aislados. Tenemos que mejorar los procesamientos. Si los presenta un profesional o no, sí la patología se repite. Sí observamos que hay muchas enfermedades en una dependencia particular, el primer paso es ir a ver qué pasa”, manifestó Fayad.
Y apuntó: “Por ahora no hay un abordaje sistemático del tema, pero si tenemos cada vez más información. Hay muchísimos métodos para detectar la firma falsa de un médico o un sello falso. Pero para atacar el problema debemos tener la normativa que nos dé el soporte. Por ahora se ha hecho de manera artesanal, en algunos casos se reciben los certificados y se realiza una investigación. Lo queremos sistematizar”.
En el aspecto técnico, desde Hacienda explican que el ausentismo no se mide netamente en personas, sino en las prestaciones de servicio que brindan. Una planta de personal de 100 mil personas, ocupando unos 20 días hábiles de trabajo, representa un total de 2 millones de prestaciones.
Y sí a eso se le incorpora, con sus variantes de 3, 5 o más días según el caso, unas 3 mil licencias por enfermedad en promedio al mes, se estipula que representan unas 70 mil prestaciones de servicio menos. Es decir, que se afecta un 3,5% del funcionamiento del Estado. Ese porcentaje, entre los meses de mayo y septiembre tiende a crecer a un 5% aseguran desde la cartera, mientras que en época de verano se reduce a 2%. “Está dentro de los parámetros normales”, confió Fayad.
Algunas patologías son muy comunes de cada sector, ratifican desde el Ejecutivo. En el caso de los docentes prevalecen las licencias por disfonía y en la fuerza policial sucede lo mismo con las lumbalgias. Después hay un “mundo” de situaciones complejas, como los embarazos de riesgo, añaden.
Licencias sin goce de haberes
El proyecto de ley también incluye modificaciones en otro tipo de licencias, las que se otorgan por razones particulares sin goce de haberes. Alrededor de 1500 empleados son los que acceden a ese beneficio por año y lo que se busca es limitarlo, para evitar que se “especule” con la función pública, pero sobre todo para que no se resienta la actividad en sus áreas.
La ley actual permite que desde los seis meses de antigüedad se pueda acceder a pedir una licencia sin goce de haberes, hasta completar 12 meses continuados incluso. “Estamos limitando porque sucede que muchos empleados, apenas ingresan ya se lo piden y no se pueden reemplazar, porque duplicarían la planta”, contó Fayad.
Mientras que el diputado Jorge López (UCR), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, agregó a este medio que algunos empleados apuestan por una incursión temporal en la actividad privada en desmedro de la estatal, aprovechándose de este recurso. De esta forma, se busca que una vez cumplido el plazo anual, deban esperar un plazo de cinco años para volver a solicitarla.
“Esto es muy laxo, proponemos ampliar la antigüedad mínima a un año y ser más restrictivos en la recurrencia del pedido de estas licencias. Queremos desalentarlo pero no restringirlo, porque el empleado está en su derecho de tomar esa licencia”, explicó Fayad.
Entonces, en el texto se apunta a modificar el Artículo 52 de la Ley 5811, de la siguiente forma: “El agente podrá solicitar licencia por razones particulares sin goce de haberes, en forma continua o alternada hasta completar un (1) año y siempre que tenga una antigüedad en la administración pública de por lo menos un (1) año. Esta licencia podrá concederse cuando el otorgamiento de la misma no afecte la prestación del servicio del área en la que revista el agente. Una vez que haya gozado del máximo previsto precedentemente, solo podrá solicitarla nuevamente una vez transcurridos cinco (5) años desde que se agotara la anterior.”
Qué dicen los gremios
Desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (Sute) se refirieron al control de certificados médicos y criticaron que el Gobierno priorice las sanciones, en vez de mejorar los servicios de salud que deben prestarse, puntualmente desde la Osep.
“Claramente deben controlar, pero lo deben hacer sobre la Osep, no a los trabajadores. El problema es dónde se pone el foco. Nosotros muchas veces llamamos a la obra social y no atiende nadie, entonces no va el médico y certifica. No pueden responsabilizar al trabajador de esta ineficacia del propio organismo. Las fallas a veces se dan por falta de inversión”, dijo el secretario gremial del Sute, Gustavo Correa, a este medio.
Y agregó: “Un solo médico tiene que hacerse cargo de cientos de trabajadores. En eso, me parece que tiene que cambiar la mirada y mejorar el ente de control, sin explotar a los médicos. Hoy llamás a Salud Ocupacional y tenés 24 horas de espera”.
Por el lado de ATE, Roberto Macho, admitió a este diario que “está perfecto” que se mejoren los controles en los certificados médicos pero aseguró que se trata de “una pantalla” del Gobierno para “ocultar” más artículos “terroríficos” del proyecto fiscal, como la modificación de la indemnización por incapacidad absoluta. Además, advirtió que varias normas podrían llegar a judicializarse.
Puntualmente, en cuánto a las licencias por razones particulares sin goce de haberes, arremetió: “El Gobierno tiene una confusión, una cosa son las licencias sin goce de haberes y otras son las licencias por razones particulares. Estas se les otorgan al empleado para poder hacer trámites en horario de mañana o de tarde, cuando es su turno de trabajo”.
Y señaló que “no se pueden descontar estas razones particulares porque cobramos por 30 días de trabajo y así lo dice nuestro bono. Entonces hay meses con 31 días, dónde sobra uno y no se cobra. Por lo tanto tenemos 6 días de licencia al año disponibles para usarlos”.
Por el lado de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también avalaron la modificación referida a los certificados médicos y sobre la licencia sin goce de haberes, explicaron que “no las están dando” porque los profesionales no son reemplazados en sus funciones.
“Antes el profesional no se iba, ahora directamente renuncian y se van. Si es una especialidad crítica, por más que renuncien, vuelven al Estado y los reincorporan”, contó la secretaria general Claudia Iturbe a este medio.
Y completó: “Me parece que es una maniobra para retener a los profesionales de la salud con leyes restrictivas y no lo van a lograr. No es la manera de favorecer a que se queden en el sector público, la forma de lograrlo es aumentarle los sueldos y brindarles mejores condiciones laborales”.
