Diputados rechazó el pedido de juicio político a Víctor Ibáñez por el caso Bonarrico

La cámara de diputados rechazará el pedido de juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. 
Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes
La cámara de diputados rechazará el pedido de juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El Frente de Todos elevó un pedido para activar los mecanismos legislativos y conformar la comisión de Juicio Político. No obstante, no llegaron a los votos necesarios en la Cámara, porque el oficialismo, que tiene la mayoría de legisladores, lo rechazó.

El oficialismo rechazó hoy una avanzada por parte de la oposición en la Legislatura Provincial, en un intento de llevar a juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

La estrategia del Frente de Todos se enmarcó en el polémico caso Bonarrico, en el cual el Poder Ejecutivo iba a entregar un subsidio por $18 millones a la fundación Acción Social, que preside el ex senador provincial Héctor Bonarrico, y que fueron dados de baja por parte del propio gobernador, Rodolfo Suárez, al conocer declaraciones del pastor, quien en medios de comunicación sostuvo que todo era parte de un “acuerdo político” con el Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, se trató este pedido de juicio político a Ibáñez, impulsada por el espacio opositor. La votación tuvo 30 votos negativos (Frente Cambia Mendoza y Partido Demócrata) y 18 positivos (PJ, Protectora y Partido Verde).

Según el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, éste subsidio que finalmente no se concretó es un “hecho de corrupción” que merece la investigación judicial. No obstante, sobre el ministro de Gobierno, destacó que fue un “partícipe necesario” para esta situación, teniendo en cuenta que fue uno de los que firmó el convenio con la fundación de Bonarrico, en febrero de este 2022.

Desde el oficialismo lo que aceptaron fue una serie de pedidos de informes, pero no la interpelación del jefe de la cartera de Gobierno en la Legislatura, así como tampoco la posibilidad de que pudiera avanzar el eventual juicio político. De hecho, sostienen que el Frente de Todos ha “montado un show” en una situación “que no causó ningún tipo de perjuicios contra Mendoza, porque el subsidio nunca se concretó”.

Además, expresaron que hubo “buena fe” por parte del gobierno de Suárez, con la entrega del subsidio, que tenía fines sociales respecto del trabajo que realizan las iglesias evangélicas. No obstante, “se dio de baja una vez que Bonarrico le cambió el objeto del propio subsidio”.

Gómez había adelantado que si lograba las mayorías necesarias se conformaría la comisión del juicio politico, y se iniciaría el proceso de acusación. Según el artículo 109 de la Constitución Provincial, se requiere solamente de mayoría simple para generar todo el mecanismo para el pedido de juicio político; y de hecho la conformación de la comisión.

Dicho artículo de la Constitución provincial establece que “el gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes (….)”.

Y marca: “Toda acusación contra un funcionario sujeto a juicio político por la Legislatura, deberá presentarse a la Cámara de Diputados, donde se observarán los trámites y formalidades siguientes. 1 - La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que le sirvan de fundamento. 2 - Una vez presentada, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho desestimada (…)”.

Sin embargo, desde el frente Cambia Mendoza, que tiene la mayoría de diputados, no dejaron que se avanzara con este pedido, por lo que se archivó el intento de juicio político contra Ibáñez.

En la oposición, lógicamente, sabían que no encontrarían los números necesarios, pero destacaron que debían insistir en el recinto “porque es un hecho de corrupción gravísimo que ha puesto en velo la institucionalidad de Mendoza, donde hay un Ministro que no habla y un Gobierno que lo esconde para no dar explicaciones”.

También marcó Gómez que no han tenido, desde que se conoció la polémica, algún tipo de comunicación ni con el Ministro ni con el Gobierno. “Es lamentable que suceda un hecho así sin explicaciones”, marcó.

El PJ se constituyó en querellante

Por otro lado, esta semana el Consejo Partidario decidió que el partido participe activamente en el expediente donde se investiga el convenio con el cual el Gobierno “habría comprado la voluntad del ex senador con $18 millones de las arcas del Estado”.

El organismo partidario le dio orden a su apoderado, el abogado Carlos Blanco, para que forme parte activa de la causa “e intente acelerar la investigación para que los mendocinos y las mendocinas puedan conocer lo antes posible la verdad de los acontecimientos”.

La presente constitución de querellante particular conforme a lo establecido en los arts. 10, 103, y 104 la Ley 6730, toda vez que Héctor Hugo Bonarrico, Rodolfo Suarez, Víctor Ibañez y Tadeo García Zalazar “fueron denunciados por investigación de un hecho que puede conducir a los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, en su carácter de funcionarios públicos, y de lo que resulta investigado también el Sr. Eduardo Erario”.

La causa, caratulada “F. c/ NN p/ Defraudación Agravada por fraude en perjuicio de la Administración Pública”, se inició tras la denuncia presentada por la senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, luego de conocida la confesión del propio Bonarrico en medios de comunicación, quien admitió haber recibido una cuantiosa suma a nombre de su ONG para bajar su candidatura, además de apoyar al Ejecutivo en algunos proyectos de ley en la Legislatura.

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