La investigación por la criptomoneda que promocionó Javier Milei desde Olivos pasará de San Isidro a Comodoro Py, a pedido de la fiscalía. El caso queda en manos de la jueza María Servini.
La Justicia apartó a Sandra Arroyo Salgado del caso $LIBRA.
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Ilustración Los Andes La disputa judicial por el escándalo del criptogate $LIBRA tuvo este miércoles un cambio radical. La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa pase a manos de la jueza María Servini, dejando sin efecto la competencia que había asumido su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
La medida responde a un pedido impulsado por la fiscalía, que consideró que los hechos investigados tienen mayor relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, Arroyo Salgado deberá remitir el expediente completo a los tribunales federales porteños.
El Tribunal de Apelaciones entendió que la causa debía acumularse en el juzgado de Servini, dado que la justicia porteña había tomado intervención antes que la de San Isidro. Según la resolución, fue el camarista Juan Pablo Salas quien dio lugar al planteo del fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa.
"Está claro que la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente", consideró el magistrado.
Además el juez sostuvo que "si de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia se refiere, entiendo que la justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro".
El presunto hecho ilícito que Arroyo Salgado consideró "central" a la hora de reclamar la competencia del caso fue la publicación del tweet la tarde del 14 de febrero pasado por parte de Milei desde la residencia de Olivos. La jueza pidió informes para establecer dónde estuvo el Presidente esa tarde y durante el fin de semana siguiente y concluyó que el mensaje se posteó desde Olivos.
Pero la Cámara Federal de San Martín advirtió que hay hechos previos y posteriores que se investigan bajo las figuras de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o tráfico de influencias que podrían haber sido ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa le pidió desde el inicio a Arroyo Salgado que se inhibiera en el caso y lo envíe al fuero federal porteño.
En la justicia de la Ciudad "se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró "central" y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso", concluyó el camarista Juan Pablo Salas.