Es la estrategia de su defensa que cuenta con un informe que dice que padece Alzheimer. El titular del grupo Impsa, de 83 años, es uno de los acusados por el circuito de coimas registrado por Oscar Centeno.
Enrique Pescarmona irá a juicio en la causa Cuadernos
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Falta menos de un mes para que comience el juicio oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas. Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de medio centenar de empresarios, que buscaban evitar el proceso pagando distintos montos de dinero para ser sobreseídos.
Entre ellos se encuentra el empresario mendocino Enrique Menotti Pescarmona. Su defensa había ratificado un ofrecimiento de 510 millones de pesos. En ese momento, su abogado Marcelo Nardi que la empresa de Pescarmona, Impsa, "no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández".
Ahora el caso de corrupción, señalado como el más grande de la historia argentina, sumó un nuevo capítulo. Se trata del pedido presentado en la Justicia este lunes por parte de uno del empresario metalúrgico.
La defensa del titular del grupo Impsa, que tiene 83 años, busca que los jueces lo declaren mentalmente incapaz para enfrentar el juicio en su contra. Según detalló Clarín, el pedido se encuentra firmado por el prestigioso psiquiatra y perito forense Rafael Herrera Milano.
El informe técnico, en el que se pedirá convertir al médico en perito de parte, concluye que el empresario "presenta una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva (Enfermedad de Alzheimer atípica), de carácter crónico e irreversible, que le impide comprender, valorar y participar activamente en un proceso judicial".
Siguiendo el expediente, Pescarmona está acusado de pagarle trece presuntos sobornos a Néstor y Cristina Kirchner entre 2008 y 2013, para participar o mantener contratos de obra pública. Además, Francisco Rubén Valenti, un ejecutivo de alta jerarquía en Impsa y de su máxima confianza, también irá a juicio junto al empresario.
Respecto al chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, anotó en sus cuadernos que los bolsos de Pescarmona más o menos siempre pesaban lo mismo, porque siempre se pagaba el mismo monto, 200 mil dólares. Cuando estalló el escándalo, en agosto de 2018, Pescarmona declaró como arrepentido, lo que implica una admisión judicial de culpabilidad.
Sin embargo, el empresario mendocino se sumó también en el último intento de muchos de los acusados por zafar del juicio, a través del pago de una "reparación integral". Es decir, los 510 millones de pesos que ofreció.
El informe del doctor Herrera Milano -perito recurrente en casos de alta complejidad e impacto mediático- pretende evaluar la “capacidad psicofísica para estar en juicio”. Esto es entendido como "el estado de salud mental y corporal que permite a un sujeto comprender razonablemente aquello que se le enrostra, comunicarse con su defensor y participar activamente en su proceso judicial".
El citado medio accedió al trabajo de 22 páginas de fuentes judiciales. Se incluye los diagnósticos firmados por el psiquiatra Julián Bustin, el clínico e intensivista Francisco Klein y el neurólogo Conrado Estol, entre diciembre de 2023 y mayo de este año.
Bustin detalló que Pescarmona presenta "demencia tipo Alzheimer atípica, en estadio moderado a severo", "deterioro cognitivo global con afectación de la memoria reciente, las funciones ejecutivas y la atención, planificar y tomar decisiones", y que "no logra realizar actividades instrumentales ni básicas de la vida diaria, como vestirse, medicarse, planificar un viaje".
En ese marco, el análisis clínico de Francisco Klein Corrobora detectó "amnesia anterógrada marcada, fabulación, pérdida de fluidez verbal, conductas perseverativas e inapropiadas, y dificultad para ejecutar actos motores simples". También "desorganización del pensamiento, conducta oposicionista y labilidad emocional", compatible con enfermedad de Alzheimer moderada a severa, con deterioro global de las funciones cognitivas".
En esa misma línea, el doctor Estol coincidió en describir "una alteración cognitiva global de larga evolución", manifestada "en una limitación severa en la capacidad para mantener conversaciones personales o de actualidad", reflejadas en los estudios neurológicos. “No debe realizar ningún tipo de trámite administrativo, manejo de decisiones patrimoniales o cualquier otro tipo de actividad que requiera una capacidad cognitiva intacta”.
Los doctores Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del TOF 7, recibieron además dos informes e imágenes: PET cerebral realizado en Fleni el 18 de diciembre de 2023 y otro PET cerebral con 18F-FDG (metabolismo glucídico). En términos médicos y técnicos expresó su conclusión.
"El déficit neurofuncional bilateral y simétrico en redes de memoria y control ejecutivo impide, aquí y ahora, que el examinado comprenda adecuadamente cargos, roles de los intervinientes y consecuencias jurídicas. Sostenga atención, retenga y procese información para decidir durante audiencias. Recupere recuerdos relevantes de modo fiable para su descargo. Se comunique eficazmente con su defensa (capacidad de seguir consignas, evaluar pruebas, discrepar racionalmente)", enumeró.
Por último, una neurocognitiva complementaria realizada en Ineco, por la licenciada María Roca el 12 de marzo pasado, constató "un deterioro cognitivo cortical difuso que afecta todas las funciones mentales superiores requeridas para el proceso judicial: a) Comprender el alcance y sentido de la acusación. b) Recordar hechos relevantes. c) Mantener atención y seguir consignas durante una audiencia. d) Comunicar su pensamiento de modo coherente con la defensa. e) Valorar pruebas o contradicciones".
Tras sintetizar los trabajos de médicos y especialistas, el doctor Herrera Milano manifestó sus deducciones luego de una entrevista virtual realizada el fin de semana pasado con Pescarmona. Con las limitaciones de esa metodología, se exige "ser minucioso y explorar en profundidad las funciones psíquicas superiores. El principal inconveniente en estos casos radica en el extenso tiempo que conlleva realizar un exhaustivo examen semiológico como consecuencia de su déficit atencional a expensas de un psiquismo debilitado".
Sobre esa entrevista vía video, el perito refirió que Pescarmona "se encontraba parcialmente desorientado, con un juicio debilitado, sin capacidad de abstracción ni conciencia de enfermedad, con trastornos del lenguaje, empobrecimiento semántico, parafasias y discurso desorganizado". Además, el profesional detectó "compromiso de las funciones ejecutivas, con incapacidad para planificar, anticipar o valorar consecuencias; un juicio de realidad alterado, con deterioro en la valoración moral y normativa de las situaciones".
Y sumó: "Desde el punto de vista psicopatológico, estas manifestaciones son propias de un síndrome demencial cortical progresivo, de curso irreversible y pronóstico reservado, que afecta globalmente las capacidades cognitivas, volitivas y afectivas requeridas para sostener un proceso judicial".
"La doctrina médico-legal sostiene que la capacidad para estar en juicio requiere la aptitud psicofísica para comprender la acusación, comunicarse con el defensor, recordar los hechos y participar activamente en el debate. Dicha capacidad debe evaluarse en el aquí y ahora, no en relación con el momento del hecho imputado", añadió.
"La incapacidad sobreviniente debe invocarse cuando el imputado presenta alteraciones afectivas, volitivas y cognitivas que imposibilitan la comprensión y la comunicación, o cuando la exposición al proceso puede agravar su cuadro clínico o representar riesgo vital", describió Herrera Milano.
Y agregó: "En el caso del señor Pescarmona, la demencia tipo Alzheimer implica un deterioro cognitivo irreversible, que anula las funciones mentales necesarias para: comprender la naturaleza y consecuencias del proceso judicial, asistir a audiencias o declarar con coherencia, ejercer razonablemente su defensa, mantener comunicación eficaz con sus letrados, tomar decisiones fundadas o valorar pruebas en su contra. Estos déficits configuran una incapacidad psicofísica plena para estar en juicio".
El "informe médico legal y psiquiátrico-forense" ingresó al TOF 7 dos días antes del examen mental obligatorio, que como en todos los procesos el tribunal ordenó para establecer la aptitud de todos los acusados. Este informe médico se realiza con la intención de que esa evaluación pase a manos del cuerpo médico forense y así establecer la magnitud de la patología que se está intentando demostrar.
