Bullrich y Petri anunciaron cambios en la Ley de Seguridad Interior y prisión para organizadores de piquetes

Los ministros de Defensa y la de Seguridad presentaron un paquete de proyectos para modificar normativas y endurecer penas por diversos delitos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, en conferencia de prensa (Captura de video)
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, en conferencia de prensa (Captura de video)

El ministro de Defensa, Luis Petri, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron esta mañana que el Gobierno impulsará cambios en Seguridad Interior, que van desde darle un rol preponderante a las Fuerzas Armadas hasta penar con prisión a piqueteros. También mandará al Congreso otros proyectos para reformar una serie de leyes vinculadas a las mafias, el registro de ADN de delincuentes y la legítima defensa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado temprano ese paquete de leyes con modificaciones y nuevos proyectos vinculados a la “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”. El anuncio oficial llegó a las 12 del mediodía.

“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior (N° 24.059 de 1991) para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, resaltó Luis Petri en la conferencia que brindó junto a Bullrich en la Casa Rosada.

De lograr el aval de diputados y senadores, las FFAA quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos, aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, según dijo el mendocino.

Añadió de que tendrán la posibilidad de usar los medios coercitivos que ya rigen para las fuerzas de seguridad.

“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, subrayó el titular de Defensa.

Además de precisar que el paquete de iniciativas será enviado al Congreso la semana que viene, la ministra de Seguridad apuntó especialmente a los piqueteros: “Proponemos aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, cortes de calles, obliguen a gente a que participen bajo promesa de amenazas”.

Se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, agravando las penas con prisión.

“No va a permitir que se explote a las personas”, dijo y habló de la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias, comercios y empresas.

“Hemos encontrado de todo, favores sexuales para que vayan a las marchas, 150 mil denuncias con nombre y apellido que investiga la justicia federal. Casanello y Lijo están avanzando en la investigación”, afirmó también la funcionaria.

También se enviará para su tratamiento parlamentario la denominada ley antimafias que, según Bullrich, tiene origen en el código italiano.

 “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, aclaró.

“Este tipo de organizaciones tienen en vilo una zona, un barrio, y donde ya no rige la Constitución Nacional ni el Código Penal, sino que rige la ley narco (...) Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización y van a tener una pena por pertenecer a ese clan”, prometió. Si no se trata de una pena máxima, el delito derivará entre 8 y 12 años de prisión.

Sobre la “reiterancia”, otro proyecto será el de modificación para el Código Penal. “Lo agarran por un delito y no tiene condena y así sucesivamente. Acá sumamos la figura de la reiterancia que ya estaba en Mendoza hace mucho tiempo. Reiteras el delito y vas preso”, destacó la ministra de Seguridad.

Con esto “cortamos la impunidad que siente la gente del barrio cuando les roban y vuelven a robar”.

Por último, la titular de la cartera de Seguridad se refirió al registro de ADN (delitos sexuales).

“Ahora, cada una de las personas que entre a una cárcel, a una dependencia policial, con una imputación va a tener que someterse a una prueba de ADN que va a quedar en un sistema donado por el FMI donde se almacena y van a dejar sus huellas genéticas”, explicó.

Además habrá cambios en la legítima defensa y el cumplimiento del deber, con el fin de “cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”.

“No era razonable examinar solo si la persona estaba o no armada, por eso que es que se suman nuevos elementos”, declaró la ministra.

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