El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo aprobó las 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al presidente de la AFA. Buscan determinar la evolución de sus bienes e ingresos.
La investigación no está relacionada con su desempeño como presidente de la AFA, sino con su actividad como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
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El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión se conoció este miércoles y contempla las 20 medidas solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa la investigación. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera de Tapia y determinar el origen de sus bienes e ingresos durante el período analizado.
La investigación no está relacionada con su desempeño como presidente de la AFA, sino con su actividad como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Tapia fue vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y pasó a ejercer la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires desde enero de 2025.
Entre las medidas solicitadas por la fiscalía se encuentra el acceso a información sobre las declaraciones juradas, bienes, cuentas bancarias, operaciones financieras y nivel de consumo de Tapia.
Pollicita también había pedido levantar los secretos fiscal, bancario y del mercado de capitales, además de solicitar información a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y registros de bienes.
La Justicia también busca obtener información sobre las actividades laborales e ingresos de Tapia en organismos vinculados al fútbol internacional.
En ese marco, una de las medidas apunta a la CONMEBOL, con sede en Paraguay, para que informe los cargos que ocupó Tapia, los períodos en los que los ejerció, los ingresos percibidos y otros datos de sus legajos. También se pidió información sobre eventuales funciones ante la FIFA.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni. Según la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial que no encontraría correspondencia con los ingresos declarados durante el período analizado.
El planteo tomó como referencia las declaraciones patrimoniales presentadas por Tapia durante sus años como funcionario del CEAMSE y señaló diferencias en la evolución de sus inmuebles, vehículos y activos líquidos.
Según la denuncia citada por la fiscalía, el incremento real de la liquidez de Tapia habría sido de aproximadamente 1.000% entre 2017 y 2024. Esa cifra forma parte de los argumentos del denunciante y será materia de análisis en la investigación judicial; no constituye una conclusión sobre la existencia de un delito.
