La Cámara Federal resolvió una disputa de competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Ariel Lijo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Cámara Federal cerró la disputa por la competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Ariel Lijo en la causa contra el presidente de la AFA por su desempeño como funcionario de la Ceamse.
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La Cámara Federal resolvió una disputa de competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Ariel Lijo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La investigación se relaciona con el período en el que Tapia se desempeñó como funcionario bonaerense en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). El expediente se inició en abril a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la Justicia porteña.
Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el caso a los tribunales federales de Comodoro Py. La definición de la Cámara Federal terminó de resolver la disputa sobre qué juzgado debía intervenir y dejó firme la actuación de Lijo.
El vínculo de Tapia con la Ceamse es central para la investigación. Se trata de una empresa estatal integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que tiene bajo su responsabilidad la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tapia representó a la Ciudad en la empresa hasta 2024 y, desde enero del año pasado, forma parte de su directorio en representación de la Provincia.
El cargo que Tapia ocupó en la Ceamse es el que permite que sea investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, ya que se trata de un delito que puede ser atribuido a funcionarios.
La investigación, por lo tanto, está vinculada con su desempeño como integrante de la empresa estatal y no con su función como presidente de la AFA.
Tapia también enfrenta otras causas relacionadas con su actividad al frente de la entidad del fútbol argentino. Entre ellas se encuentra la investigación por la quinta de Pilar, que tramita en la Justicia de Campana, y un expediente por presunta evasión impositiva, en el que está procesado junto con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Cámara Federal resolvió otra cuestión de competencia vinculada con una denuncia presentada por Toviggino. El tesorero de la AFA había denunciado un supuesto complot entre el juez Diego Amarante y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que inició la investigación impositiva.
De acuerdo con la denuncia de Toviggino, habrían existido comunicaciones informales entre el magistrado y funcionarios de ARCA con el objetivo de que el organismo recaudador ampliara la presentación inicial en su contra y contra otros dirigentes de la AFA. Según esa hipótesis, la ampliación de la denuncia habría buscado agravar la imputación contra los involucrados.
La Cámara Federal resolvió que este expediente tramite de manera separada de otra causa que está en manos de la jueza María Servini. En ese tercer expediente también se investiga, a partir de la denuncia inicial, la hipótesis de un supuesto complot del Gobierno contra la AFA.
