La jueza federal sorprendió al decir que los partícipes del hecho tienen vínculos con servicios de inteligencia que operan hoy en YCRT. Advirtió que la corrupción en la Argentina es estructural.
Sandra Arroyo Salgado lanzó una explosiva hipótesis sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y apuntó a vínculos con inteligencia y Río Turbio
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Web La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, realizó este miércoles fuertes declaraciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, su exesposo, y deslizó una fuerte hipótesis al mencionar presuntos vínculos entre supuestos partícipes del hecho, sectores de inteligencia y la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, como también un funcionario del actual gobierno.
La magistrada habló durante el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador, donde también cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del país y aseguró que la corrupción en la Argentina es “estructural”, porque alcanza a los tres poderes del Estado.
En ese marco, Arroyo Salgado definió al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” y sostuvo que deberían existir más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.
Sobre el final de la exposición, durante la ronda de preguntas, le consultaron a la jueza si mantenía expectativas positivas respecto del avance de la investigación por la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015.
La jueza respondió con escepticismo sobre la posibilidad de conocer a los responsables intelectuales del hecho.
“Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, afirmó.
Sin embargo, Arroyo Salgado expresó: “Pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”.
La mención a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) no es casual. Trascendidos periodísticos aludidos por la jueza señalan reuniones en la sede porteña de la empresa entre gerentes y el actual interventor, Pablo Gordillo, un histórico dirigente vinculado al kirchnerismo que habría sido nombrado por la administración libertaria.
La principal hipótesis de la Justicia sobre la muerte de Alberto Nisman apunta a una presunta intervención de sectores de la inteligencia militar. La sospecha es que estos grupos habrían actuado al margen de la ley tras la denuncia presentada por el fiscal contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
En este sentido, la investigación busca esclarecer los movimientos de un grupo de agentes del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del complejo Le Parc, en Puerto madero, durante aquel fin de semana de enero de 2015.
Hasta hoy, el único procesado en la causa es el técnico Diego Lagomarsino, señalado como partícipe necesario por ser el propietario del arma Bersa calibre .22 de la cual salió el disparo fatal.