Los dirigentes del peronismo estaban imputados por supuesta malversación de fondos públicos destinados a viviendas sociales. La causa fue archivada.
La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti y el dirigente peronista, Jorge Tanús.
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Twitter de Jorge Tanús La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el histórico dirigente peronista Jorge Tanús fueron sobreseídos por la Justicia en la causa que investigaba una presunta malversación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinados a la construcción de viviendas populares. Ambos habían sido imputados por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo del juez Sergio Torres, resolvió el pasado viernes que "no existen razones para continuar con el proceso judicial", tanto para la referente de La Cámpora en Mendoza como para el exdiputado provincial.
En mayo del año pasado, Stornelli había imputado a un amplio grupo de dirigentes vinculados a la gestión del expresidente Alberto Fernández, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el manejo del FISU. Entre los acusados figuraban también el dirigente social Juan Grabois y la militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Fernanda Miño.
En ese contexto, Tanús se desempeñaba como presidente del Banco BICE Fideicomisos. Por su parte, Fernández Sagasti criticó duramente la acusación del fiscal. “Fue un grosero error por no googlear y limitarse a cortar y pegar lo que dicen algunas notas periodísticas”, afirmó al presentar su descargo, en el que aclaró que no fue funcionaria durante la gestión de Alberto Fernández.
“Fui sobreseída junto a Jorge Tanús de una causa absurda que nos habían armado. Supuestamente fui funcionaria de Desarrollo Social, cuando eso nunca sucedió. Es justo que se anuncie cuando la Justicia descarta este tipo de denuncias absurdas, que forman parte de la persecución política”, expresó la senadora mendocina este lunes en conferencia de prensa.
Con la resolución del Juzgado N°12, la causa quedó archivada. En su fallo, el juez Torres sostuvo que “se puede advertir con un grado suficiente de certeza que toda la información traída al proceso es producto de meras reproducciones de lo expuesto en programas de televisión y del eco generado en distintos medios periodísticos del país”.
Y agregó: “No resulta pertinente dar curso a una investigación penal bajo estas circunstancias y, en consecuencia, corresponde adoptar un temperamento desincriminante respecto de las personas denunciadas y disponer el archivo de las presentes actuaciones”.
La causa se había iniciado a partir de una auditoría ordenada por el presidente Javier Milei, en la que se señalaban supuestas irregularidades en el manejo de fondos millonarios del FISU durante el período 2020-2023.