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Mendoza tiene Lobesia botrana, plaga que ingresó en 2009 como consecuencia de la inoperancia del Senasa en el control aduanero Cristo Redentor, que permitió la entrada de una cosechadora de uva contaminada a una empresa chilena radicada en el departamento de Maipú.
De esa manera se provocó el inicio de la plaga, que luego se transformó en emergencia fitosanitaria de compleja solución.
Luego de tres años, logré en el Congreso Nacional la aprobación de la Ley 27.227 creando un programa nacional para combatir la polilla de la uva, indicando qué elementos técnicos científicos eran los óptimos (feromonas, para la confusión sexual), y estableciendo el financiamiento, autorizando al jefe de Gabinete para establecer una partida presupuestaria minúscula si se tiene en cuenta el volumen del presupuesto nacional y siendo el motivo nada menos que una cuestión sanitaria
El éxito de la campaña anterior fue por demás elocuente, por lo que ni siquiera había que demostrar al gobierno nacional que lo plasmado en la ley, pero sobre todo lo realizado en nuestra provincia, tenía correcto destino en la aplicación de los fondos.
Cuando algunas voces advertíamos que en el presupuesto aprobado para el corriente año y votado con las dos manos por los legisladores oficialistas mendocinos no existía una partida para el programa, pero fundamentalmente para el cumplimiento de la ley de acuerdo a lo que corresponde en un estado de derecho, la respuesta fue que luego con una modificación se tendría la partida respectiva, hecho que lamentablemente no sucedió.
Los mendocinos en general y los productores en particular saben lo que implica estar en emergencia fitosanitaria, con todas las consecuencias que ello significa, más aún considerando a Mendoza una de las capitales del vino en el contexto internacional.
La ley que fue aprobada por unanimidad es tan clara que en su anexo determina que a los productores de hasta 25 ha el costo debe ser soportado íntegramente por el Estado nacional.
Para el resto de los productores el costo será por su cuenta, situación esta que, en el caso de grandes extensiones, lo vienen realizando, lo cual permite completar el programa sin afectar a los pequeños y medianos productores.
Ese y no otro es el espíritu de la ley y lo que está escrito, de modo tal que el gobierno nacional y el provincial deben cumplir con la ley, que en definitiva, como dije más arriba, es cumplir con el estado de derecho.