Omar Salinas (29) murió ahorcado en febrero de 2020 en la comisaría 11 de Luján. Su caso en todo este tiempo no presentó demasiados avances e iba a ser archivado por la fiscalía de Homicidios, sin embargo, el abogado querellante se opuso y la jueza interviniente ordenó que se siga investigando.
Este joven había sido detenido el 22 de febrero por una causa caratulada como “lesiones leves dolosas doblemente calificadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género”. Su arresto fue violento y el muchacho tuvo que ser llevado a Sanidad Policial para que lo revisara un médico, quien diagnosticó heridas menores que no revistieron gravedad.
Tenía pedido de captura y por eso lo trasladaron a la mencionada seccional, en donde quedó alojado. Ya en la jornada del 23, un policía lo fue controlar a las 6 y Salinas aún estaba vivo, aunque dos horas después lo encontraron colgado de una sábana. Los efectivos convocaron al Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos profesionales certificaron el deceso.
Durante un año y ocho meses el fiscal Carlos Torres instruyó el hecho, y al considerar que fue un suicidio y que no hubo responsabilidad de los uniformados presentes -al menos había dos-, decidió cerrar el expediente.
Esta decisión fue apelada por el abogado de la familia de Salinas, el doctor Fernando Peñaloza, y el contrapunto se discutió esta semana ante la jueza Mariana Gardey. La magistrada le dio la derecha al querellante, apartó al fiscal -deberán colocar a otro de Homicidios- e indicó que siga la pesquisa con la producción de más pruebas y el análisis de diversas hipótesis.
Lisa y llanamente, los parientes del fallecido tienen la sospecha de que fue un crimen, más allá de que el cuerpo no tenía traumatismos ni otro tipo de heridas mortales. La causa del fallecimiento fue el ahorcamiento.
Si bien no descarta ninguna posibilidad sobre lo sucedido, el abogado pide una investigación “integral”. “No tenemos una hipótesis definida, pero pretendemos que se investigue de forma completa”, sostuvo Peñaloza en relación a un presunto proceder erróneo de los uniformados que estaban en el lugar, ya sea por acción u omisión.
“Están obligados a cuidar a los detenidos, y esa dependencia en ese momento no tenía las condiciones mínimas, al punto de que había recibido un informe muy duro de parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. El policía que lo fue a controlar a las 6, lo hizo iluminando con la luz del celular”, agregó el letrado.
Pruebas claves
Además de oponerse al archivo la querella pidió una serie de medidas, entre las que se destaca la declaración de un muchacho que esa noche también estuvo detenido allí y que en ese momento no habría dado su testimonio por temor. “Queremos que lo ubiquen y que declare con garantías”, remarcó Peñaloza.
El otro elemento que puede ser fundamental es la sábana encontrada en la celda y con la que se habría quitado la vida Salinas. “¿Cómo entró eso ahí?. Los policías dicen que se la llevó la familia, pero ellos -por los parientes- a mí no me han dicho eso”, cerró el abogado.
En caso de que se confirme que no fue un homicidio sino un suicidio, se deberá determinar si los efectivos cometieron algún error en su accionar para permitirle al joven esa determinación. Omisión de auxilio o el incumplimiento de los deberes de funcionario público, sólo por nombrar un par, son alguno de los delitos en los que pueden haber incurrido.
