Un empresario de la construcción fue condenado a 10 años de prisión por secuestrar a un joven para obligar al padre de la víctima a pagar una deuda. La decisión fue confirmada por el Tribunal Oral Federal de General Roca, en Río Negro.
Miguel Ángel Llambay fue condenado a 10 años de prisión tras realizar un secuestro extorsivo.
Condenaron a 10 años de prisión a un empresario de Río Negro por un secuestro extorsivo
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Un empresario de la construcción fue condenado a 10 años de prisión por secuestrar a un joven para obligar al padre de la víctima a pagar una deuda. La decisión fue confirmada por el Tribunal Oral Federal de General Roca, en Río Negro.
El suceso ocurrió el 1 de febrero de 2024 en la ciudad de Viedma. Allí, la víctima fue interceptada en una gomería y forzada, a punta de pistola, a subir a un vehículo. El joven fue llevado a una chacra, propiedad del empresario Miguel Ángel Llambay, donde fue golpeado brutalmente.
En ese lugar, lo obligaron a comunicarse con su padre para comunicarle que estaba secuestrado y para exigir la cesión de un inmueble. El objetivo era saldar una supuesta deuda.
Horas más tarde, un agente inmobiliario enviado por el empresario fue hasta el comercio del padre para hacerle firmar unos papeles. Sin embargo, el hombre se negó y realizó la denuncia ante la policía.
Por mientras, los agresores continuaron golpeando a la víctima, causándole múltiples heridas. Luego, fue liberado, pero bajo la amenaza de que durante el transcurso del día debía tener las escrituras de la casa firmadas.
El tribunal, integrado por los jueces Simón Pedro Bracco, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido, evaluó como concluyentes los testimonios y pruebas presentadas, en consonancia con lo informado por el portal Fiscales.gob.ar.
En la sentencia dictada el 8 de mayo, se declaró a Llambay coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad con coacción, agravado por la intervención de más de tres personas, en concurso ideal con lesiones leves y robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya capacidad de disparo no pudo ser comprobada.
La Fiscalía había solicitado una pena de 11 años para los acusados, pero finalmente el tribunal impuso una condena conjunta de 10 años.