Los monjes Roqué Moreno y Portillo irán a juicio penal por los abusos que un aspirante a monje denunció en el monasterio de Tupungato. Detalles.
Monasterio del Cristo Orante: los dos monjes acusados por abusos contra un aspirante van a juicio
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Los dos monjes responsables del Monasterio Cristo Orante (Tupungato), ambos denunciados por abusos sexuales, de autoridad y de conciencia contra un aspirante a monje, finalmente irán a juicio. Se trata de Diego Roqué Moreno y Jorge Oscar Portillo, sobre quienes el juez penal Gabriel Bragagnolo revocó los sobreseimientos que existían.
De esta manera, los ex encargados del monasterio ubicado en Gualtallary deberán enfrentar un proceso en lo penal. N.B., ex aspirante a monje, denunció a ambos religiosos y relató que los sistemáticos ataques comenzaron cuando tenía 17 años, por lo que era menor de edad.
Tras un sobreseimiento en primera instancia, en marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló aquella decisión y consideró que había pruebas suficientes para avanzar en la causa contra los religiosos. Así las cosas, se retomó la audiencia de elevación a juicio y en el transcurso de este miércoles el juez Bragagnolo confirmó que Roqué Moreno y Portillo deberán ir a juicio penal.
Recientemente, en la Justicia civil, los dos monjes y el Arzobispado de Mendoza fueron condenados a pagar más de 20 millones de pesos a la víctima en concepto de reparación de daños por los mencionados abusos.
La víctima denunció en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza que los reiterados abusos tuvieron lugar en el monasterio ubicado en la zona alta de la cordillera tupungatina entre 2009 y 2015. En ese sentido, situó los primeros abusos apenas comenzó a frecuentar el lugar, con apenas 17 años y atraído por la vida religiosa y el deseo de convertirse en monje.
En su testimonio, la víctima describió que, en un contexto de manipulación espiritual y psicológica por parte de los dos religiosos que vivían con él en el monasterio, Roqué Moreno y Portillo abusaron sistemáticamente de él en reiteradas ocasiones.
Incluso, el joven llegó a confesar que, debido a la autoridad religiosa de los sacerdotes y a su propia fe, llegó a pensar que lo que estaba viviendo era algo que “Dios permitía”, lo que le generó una fuerte confusión y culpa.
"Ya había perdido todas las expectativas y estaba muy frustrado, hasta me cambiaron muchas veces de abogado. Pero esta noticia me da nuevas esperanzas, quiero que haya justicia, y la única forma de que a las personas que hemos vivido esto no nos vuelva a pasar es con un fallo", describió el denunciante, quien ya tiene 35 años, a Los Andes en marzo y luego de la resolución de la Corte.
"Me da lo mismo que vayan presos o no; pero esto sentaría un precedente. Yo no necesito que la Justicia me diga lo que pasó, yo lo viví y lo sé. Pero que la ley lo avale es muy importante, quiero que haya una reivindicación", siguió el denunciante.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que se conoció en marzo fue firmado por los ministros Mario Adaro (quien redactó el voto principal) y José Valerio (quien adhirió al voto de Adaro). En tanto, se dejó constancia el tercer juez de la Corte -Omar Palermo- no suscribía por encontrarse en uso de licencia.
En pocas palabras, la Corte consideró que existían pruebas suficientes para seguir investigando, así como que tampoco estaba justificado cerrar la causa como se había hecho en diciembre de 2022 con el primer sobreseimiento.
En ese sentido, los ministros de la Suprema Corte intervinientes consideraron que el juez que había participado en primera instancia no había analizado correctamente pruebas clave, como testimonios y pericias psicológicas que eran trascendentales al momento de considerar la credibilidad del denunciante.
De esta, manera, la Corte insistió en que un sobreseimiento solo correspondía cuando no había pruebas, y afirmó que en este caso sí las había; por lo que el sobreseimiento se había dictado sin la certeza necesaria.
En la denuncia que destapó el caso -y en posteriores entrevistas con Los Andes-, N.B. señaló que primero intentó exponer lo que había vivido en el Cristo Orante dentro de la Iglesia, realizando una denuncia ante el Arzobispado en 2015. Sin embargo, al no obtener respuestas que considerara suficientes, decidió llevar el caso a la Justicia penal a fines de 2018.
En su declaración judicial, relató durante varias horas los episodios de abuso que aseguró haber sufrido mientras vivía en el monasterio.
Las pericias psicológicas realizadas durante la investigación indicaron que no se detectaban signos de fabulación en su relato y que su testimonio resultaba verosímil, además de presentar indicadores compatibles con traumas asociados a los abusos denunciados.
Incluso, el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual de la Justicia mendocina (Edeas) había ratificado lo denunciado, considerando que todo parecía indicar que los abusos habían transcurrido.
Si bien N.B. se mudó al monasterio para iniciar su vida de servicio siendo ya mayor de edad (había cumplido los 18), las primeras visitas y los primeros encuentros con los monjes -donde él relató haber sido abusado- ocurrieron cuando el denunciante tenía 17 años.
En los fragmentos más comprometedores de esos mails, el monje combinaba declaraciones de un afecto posesivo con directivas espirituales, generando culpa y confusión en el adolescente. En algunos de ellos. Roqué Moreno habla de regalos y sorpresas que le tiene preparado al joven para su cumpleaños número 18, así como también hay reproches por "alejamientos" del joven con advertencias.
Mientras que la víctima, sus abogados y el Ministerio Público Fiscal de Mendoza insistieron una y otra vez en que el joven había sido sometido -a nivel sexual y también como víctima de abuso de conciencia-, la defensa de los monjes siempre apuntó a la existencia de un vínculo amoroso (y sexual), aunque consentido por ambas partes.
En diciembre de 2022, un tribunal había resuelto sobreseer a Roqué Moreno al entender que el trato sexual había sido consentido. Además, había decidido sobreseer a Portillo por "duda insuperable" sobre si había existido delito o no.
En definitiva, se daba por terminada la causa sin siquiera ir a juicio (la fiscalía había solicitado la elevación a juicio de la causa).
Oportunamente, la fiscalía y los abogados del denunciante apelaron esta decisión. Y en marzo pasado la Corte consideró que en esa primera instancia se había interpretado de forma incorrecta el concepto de consentimiento en casos de abuso sexual y que no se había considerado adecuadamente el contexto de poder, ya que los primeros contactos con la víctima en el monasterio habían sido cuando tenía 17 años.
También los ministros de la Corte resaltaron que acusados eran sacerdotes y superiores jerárquicos. En ese sentido, el fallo de la Suprema Corte consideró que no se analizaron correctamente la posible manipulación psicológica y la relación asimétrica de poder dentro del monasterio.
Hace unas semanas, en la causa civil que avanza en paralelo a la penal, los dos monjes y el Arzobispado de Mendoza fueron condenados a pagar una cifra superior a 20 millones de pesos.
Tras conocerse esta sentencia, el Arzobispado mendocino decidió no apelarla y acatarla. Esto dejó aún más en evidencia la ruptura entre las autoridades clericales y los monjes Roqué Moreno y Portillo, quienes cultivaban un perfil estético e identitario muy particular.
Entre otras cosas, vestían túnicas oscuras -lejanas al hábito clerical tradicional-, promovían una espiritualidad de aislamiento absoluto y se mostraban con un discurso refractario y crítico hacia las estructuras de la Iglesia institucional.
Este perfil "outsider" dentro de la religión despertó una curiosa y magnética atracción por estas dos figuras, sus talleres y sus enseñanzas. Incluso, en el monasterio elaboraban productos, mercaderías y hasta vino que comercializaban por su cuenta y era el sustento del lugar.
Si bien ahora la Iglesia mendocina aceptó pagar la millonaria indemnización en el fuero civil, N.B. relató en su denuncia de 2018 en la Justicia que había acudido al Arzobispado de Mendoza en 2015 para relatar lo que había vivido en el Cristo Orante, pero que el entonces monseñor Carlos Franzini no había intervenido.
También el propio Arzobispado había aplicado sanciones canónicas contra los dos religiosos. A Portillo se lo sancionó por "abuso de autoridad", mientras que a Roqué por incumplir el celibato. Ambas sanciones incluyeron suspensiones temporales y se confirmaron en 2021, pero en ninguna de las resoluciones se hablaba de la existencia de abusos sexuales.
