La Corte de Mendoza trató la apelación al sobreseimiento de los deportistas galos Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes escucharon de manera virtual a los abogados, asistidos por una traductora.
Los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou escuhando desde Nueva Zelanda la audiencia. Foto Ramiro Gomez - Los Andes.
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La Suprema Corte de Mendoza comenzó a tratar la apelación del sobreseimiento de los rugbiers franceses que fueron beneficiados por esta medida por la justicia provincial, tras ser acusados, en 2023, por una mendocina de 39 años, que dijo haber sido sido víctima de abuso sexual.
}Esta mañana, Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (22) comenzaron a escuchar nuevamente, de manera virtual —desde Nueva Zelanda y mediante la asistencia de una traductora—, las posiciones tanto de la abogada de la denunciante, Natacha Romano, como la de su propio defensor, Rafael Cuneo Libarona.
Previo a la apertura de la audiencia que se desarrolló en la Sala 32 del tercer piso del Palacio de Justicia y fue presidida por el ministro de la Corte Dalmiro Garay Cueli, junto con José Valerio y Norma Llatser, hubo un tenso cruce mediático entre la denunciante y el letrado de Buenos Aires, algo que ya había ocurrido durante el desarrollo del proceso jurídico que terminó con el sobreseimiento de los deportistas galos.
Durante la audiencia, los jueces atendieron la posición presentada por la querella integrada por Natacha Romano, Félix Lorente, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David.
Los querellantes indicaron que el sobreseimiento "adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente, en tanto presenta razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana critica racional y del debido proceso".
La querella se explayó sobre una serie de 6 puntos en agravio: falta de juzgamiento con perspectiva de género y vulneración del deber de diligencia reforzada; valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba; denegación arbitraria de prueba pertinente; falta de agotamiento de la etapa de la investigación penal; falta de diferenciación de roles en la intervención de los acusados y prejuzgamiento y defectos de fundamentación.
De esta manera fundamentaron su pedido: que se dejen sin efecto los sobreseimientos dictados y que se disponga que las actuaciones sean remitidas al tribunal de origen".
Por su parte, el dictamen del Procurador consideró: "si bien resulta formalmente procedente, debe ser rechazado en lo sustancial, por lo que corresponde confirmar la validez de la resolución impugnada”. Luego argumentó que "se verificó la suficiencia de la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, descartándose la existencia de medidas probatorias pendientes con aptitud para modificar la situación procesal de los imputados".
En definitiva, la postura de la Procuración sostiene que "la parte querellante no ha logrado demostrar la arbitrariedad o insuficiencia de la decisión impugnada, propiciando el rechazo del recurso de casación y la confirmación del sobreseimiento dispuesto en autos".
A su momento, la defensa, representada por Rafael Cúneo Libarona, expresó: "costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias, 17 testigos entre ellos familiares de la denunciante, su mejor amiga, su dentista. En términos procesales ella tiene derecho a asistir a todas las instancias, pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro".
En cuanto al trabajo del Ministerio Público Fiscal, el letrado consideró: "trabajaron con perspectiva de género y respetando todas las garantías constitucionales".
