La causa volvió a quedar bajo análisis judicial luego de que la Fiscalía advirtiera sobre aspectos pendientes en la investigación.
Delfina Lanusse y Hernán Boveri fueron procesados formalmente por la causa Propofest
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La causa judicial por el robo de propofol y otros fármacos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, conocida como Propofest, volverá a la etapa de investigación. En el caso se encuentran procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse.
Tal como informó Fiscales.gob, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que la causa contra los dos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, procesados por el presunto desvío de la droga para uso personal, debe regresar a la etapa de instrucción ya que consideró que la investigación fue cerrada sin producir pruebas fundamentales.
La resolución fue adoptada por la Sala de Turno del tribunal, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado la elevación a juicio al considerar que todavía estaba pendiente la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados.
Según el procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el exmédico del área de Anestesiología del hospital habría sido el autor de la maniobra, mientras que la residente habría participado de manera secundaria.
La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital mediante el desvío de ampollas de propofol, un anestésico de uso médico que habría sido utilizado por los imputados con fines personales.
Durante la instrucción, el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, había solicitado que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara una pericia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
Sin embargo, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que esa medida podía concretarse durante el debate oral y avanzó con el cierre de la investigación.
Esta medida se oficializó pese a la oposición del fiscal, quien también había solicitado registros para determinar en cuántas intervenciones médicas participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.
La controversia llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde la fiscal María Luz Castany sostuvo que el expediente debía regresar a la etapa de instrucción. La representante del MPF argumentó que el análisis de los teléfonos podía aportar información relevante para ampliar los hechos investigados, delimitar la intervención de cada acusado y establecer su eventual responsabilidad penal.
El juez Pablo Vega coincidió con ese planteo y consideró que la elevación a juicio había sido prematura, por lo que devolvió las actuaciones al juzgado de origen. No obstante, el magistrado de primera instancia aceptó parcialmente la decisión y remitió nuevamente a juicio el tramo de la investigación correspondiente a uno de los imputados.
Ante esa situación, Castany solicitó que se declarara la nulidad del cierre de la instrucción y de todos los actos posteriores. También advirtió que trasladar la producción de esa prueba al debate oral implicaba postergar una cuestión que debía resolverse durante la investigación preparatoria.
El camarista Nicolás Grappasonno analizó lo expuesto y declaró la nulidad de la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 y de todo lo actuado luego. De esa forma, declaró que el caso debe continuar en la etapa de instrucción mientras se termina con las medidas de prueba pendientes.
El caso que dejó al descubierto la trama de las llamadas fiestas "Propofest", fue el de Alejandro Zalazar, un joven anestesiólogo mendocino de 29 años que fue hallado sin vida en su domicilio.
El cuerpo del mendocino fue encontrado el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo, luego de que su familia alertara al 911 por la falta de contacto. En la vivienda, los investigadores hallaron insumos médicos y elementos para administración intravenosa. No había signos de violencia ni indicios de intervención de terceros.
Los primeros resultados de la autopsia a Zalazar indicaron que la muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, en un cuadro compatible con sobredosis de anestésicos.
