El mediático abogado representará, junto con María Elena Quintero, a los familiares de la joven de 18 años y a otras personas heridas durante el accidente ocurrido el 20 de septiembre. La incorporación de los nuevos letrados se produce mientras la investigación judicial continúa sin imputados y con interrogantes sobre las condiciones de seguridad del evento.
Picadas de Lavalle: Fernando Burlando será el abogado querellante por la muerte de Morena González.
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La causa por la muerte de Morena González, la joven de 18 años que falleció después de ser atropellada por un auto de competición en el Picódromo de Lavalle, tendrá un cambio en la representación de las víctimas. El abogado Fernando Burlando asumirá la querella de la familia, acompañado por su colega María Elena Quintero. También representarán a otras personas que resultaron heridas durante el siniestro.
La incorporación fue confirmada por el padre de Morena, Genaro González. De esta manera, ambos abogados reemplazarán a Eduardo de Oro, quien hasta ahora llevaba adelante la representación legal de la familia. Burlando ya cuenta con matrícula habilitada para ejercer en Mendoza.
La llegada del reconocido penalista se produce en un momento en que los familiares reclaman avances en una investigación que, a más de un mes del hecho, todavía no tiene personas imputadas. El objetivo de la querella será impulsar el esclarecimiento de las circunstancias del accidente y determinar si existieron responsabilidades penales, tanto en relación con el conductor como con la organización y las condiciones en las que se desarrolló la competencia.
El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre, alrededor de las 17.05, durante una jornada de competencias en el Picódromo de Lavalle. Morena había concurrido al predio junto con su hermano, su novio y familiares.
Durante una de las carreras, un Chevrolet 400 perdió el control poco después de la largada, se desvió de su trayectoria e impactó contra una estructura de contención ubicada junto al sector de las gradas. El choque provocó que parte del muro cediera y alcanzara a los espectadores.
Cuatro personas resultaron heridas. Morena sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada inicialmente al Hospital Sícoli. Debido a su estado, posteriormente fue derivada al Hospital Central, donde permaneció internada en terapia intensiva. Falleció el martes 23 de septiembre.
Su familia decidió donar sus órganos, respetando una voluntad que la joven había expresado desde hacía tiempo.
Desde el comienzo, la investigación judicial estuvo atravesada por interrogantes sobre las responsabilidades del conductor y las condiciones en las que se desarrolló la competencia.
La causa quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Giselle Lana. El conductor del Chevrolet 400 fue identificado en las primeras actuaciones como Horacio Portillo y permaneció algunas horas demorado antes de recuperar la libertad. El examen toxicológico realizado dio resultado negativo.
Sin embargo, el análisis no se limita a la conducta del automovilista. También busca establecer si el circuito contaba con las condiciones de seguridad necesarias para recibir al público, qué características tenía la estructura que cedió y quiénes debían controlar el desarrollo de la actividad.
En una publicación del 30 de septiembre, Los Andes ya había planteado que la discusión judicial excedía la responsabilidad del piloto. Entre las hipótesis analizadas por especialistas se encontraba la posibilidad de que, aun cuando el despiste hubiera sido accidental, pudieran existir responsabilidades penales vinculadas con la construcción del circuito o la organización del evento.
Otro antecedente importante fue la controversia que se produjo inmediatamente después del accidente entre la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD), la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Lavalle.
Desde la Federación señalaron que no participaban de la organización ni de la fiscalización de esas competencias desde hacía años y cuestionaron que no reunían las condiciones reglamentarias de seguridad. Desde el ámbito provincial, en cambio, se sostuvo que el evento contaba con autorización.
Ese contrapunto abrió otro interrogante: quién debía verificar las condiciones del predio y garantizar la protección de los espectadores antes de permitir la realización de las carreras.
Los padres de Morena se habían constituido como querellantes a comienzos de octubre, con Eduardo de Oro como representante legal. Entre las primeras medidas que impulsó esa representación estuvo el pedido de secuestro y análisis de las cámaras de seguridad del predio y de los sectores cercanos.
La intención era reconstruir no solamente el momento del impacto, sino también lo ocurrido durante las horas previas a la competencia, las condiciones de organización y las posibles advertencias sobre la seguridad.
De Oro había señalado entonces que todavía no correspondía apuntar contra una persona determinada sin antes analizar las pruebas y establecer cuál había sido la causa más directa del accidente.
El reclamo familiar volvió a tomar fuerza el viernes 23 de octubre, cuando familiares, amigos y allegados de Morena viajaron desde Junín hasta Lavalle para realizar una caravana y manifestarse frente a la Municipalidad.
Genaro González cuestionó que, a un mes de la muerte de su hija, todavía no hubiera imputados. También reclamó que se investigaran las responsabilidades de quienes intervinieron en la autorización, organización y desarrollo del evento.
Durante aquella movilización, los familiares fueron recibidos por autoridades municipales. Sin embargo, insistieron en que necesitaban respuestas concretas sobre lo sucedido.
Ahora, con la incorporación de Fernando Burlando y María Elena Quintero, la querella tendrá una nueva conducción. La representación también alcanzará a otras víctimas del accidente.
La expectativa de la familia es que el cambio de abogados permita impulsar nuevas medidas y profundizar el análisis de las responsabilidades que todavía no fueron determinadas. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se han informado imputaciones.
