Se trata del ex comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada, del ex subcomisario Adolfo Siniscalchi y al ex oficial subinspector Ramón Falcón, quienes fueron detenidos en 18 de diciembre de 2024 y fueron procesados por el juez Marcelo Garnica por el artículo 142 primer y segundo párrafos de Código Penal. El restante imputado es Gustavo Díaz Garce.
La presunta actuación de los imputados
La presunta maniobra criminal en estudio sólo habría sido posible merced al accionar mancomunado de una multiplicidad de actores que intervinieron, ya que luego de la aprehensión, se habrían desarrollado una serie de acciones tendientes a ocultar o tergiversar la información necesaria para esclarecer los hechos y el paradero de la víctima
Además de la intervención de Walter Godoy, habrían participado los efectivos que prestaban servicios en el Destacamento La Estanzuela de Godoy Cruz: el Cabo Oscar Ramón Luffi como Oficial de Servicio a cargo del Destacamento y encargado de la guarda de aprehendidos, el Agente Walter Rolando Páez como Oficial de Guardia, y José Antonio Aracena como retén.
Luego intervinieron otros dos funcionarios policiales, Roberto Rubén Sisterna López y Néstor Ramón Falcón, como también sus superiores jerárquicos; estos efectivos no sólo se encontraban de guardia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz al momento de producirse los hechos, repartición de la cual dependía el Destacamento La Estanzuela, sino que también fueron los responsables del sumario policial que serviría de plataforma para la continuidad de la acción criminal.
El día 25 de mayo de 1992 se recibió en la Comisaría Séptima una denuncia presentada por Hilda Gladys Lavizzari, madre de Guardati, y el principal Sisterna resolvió avocarse a la investigación, designando como Secretario al Oficial Subinspector Néstor Ramón Falcón.
Entonces se dispuso dar intervención al 2do Juzgado de Instrucción de Mendoza, lo que recién se materializó 2 días después, remitiendo al Juzgado un informe firmado por el Comisario Ahumada, que daba cuenta de la existencia de una investigación, mientras que el sumario en sí mismo no fue remitido sino hasta el 18 de junio de 1992, 23 días después de recibida la denuncia.
Sisterna y Falcón instructores sumariales, llevaron adelante una serie de diligencias, a la vez que mantuvieron este hecho por fuera de la injerencia de quienes debían intervenir en esos momentos iniciales.
Esta actuación policial, no sólo habría derivado en la dilación de medidas probatorias fundamentales, como la citación de diversos testigos presenciales del hecho, sino que habría implicado dar intervención en la propia investigación a personas que claramente podían estar comprometidas con el hecho investigado.
Tras la denuncia se tomaron declaraciones testimoniales a algunos de los amigos de la víctima que lo acompañaban al momento de los hechos, a vecinos del lugar que habían presenciado lo sucedido, a personas que concurrieron al baile de la Escuela Anastasi y también a personal policial; además se realizaron inspecciones oculares y rastrillajes en el barrio La Estanzuela y alrededores, y se solicitaron informes a distintas dependencias policiales y hospitales.
El Destacamento de la Estanzuela tenía como encargado al momento de los hechos al Oficial Gustavo Arturo DÍAZ, tal como surge del propio libro de novedades del día 23 de mayo de 1992.
Por otro lado, el resto del personal jerárquico que prestó funciones esa noche en la Comisaría 7ma tenía similares responsabilidades, no sólo en función del poder de mando que ejercían respecto de los efectivos que se desempeñaban en el Destacamento La Estanzuela, sino también en razón del rol que les cupo en el desarrollo del sumario, lo que permitió dar continuidad a la maniobra criminal.
Tal es el caso del Comisario Mayor Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez, máxima autoridad de la Comisaría Séptima durante la guardia en cuestión y del Subcomisario Adolfo José Siniscalchi, quien también se encontraba en la guardia de esta Comisaría durante la noche de los hechos.
Ambos habrían brindado información falsa al Fiscal, lo cual deja entrever la estrategia -en principio- desplegada por la policía para desviar la investigación (v. fs. 13, 17, 73, 110, 4877).
También habría tenido una activa intervención en la investigación quien fuera el responsable de la División de Delitos Comunes de la Dirección de Investigaciones, José Martín Mussere (fallecido), particularmente, de las actuaciones policiales labradas a partir del 26 agosto de 1992, cuando la Policía decidió iniciar un nuevo sumario para “complementar” la investigación judicial, al día siguiente de que el Juzgado ordenara diversas medidas, entre ellas la de oficiar al propio Jefe de la Policía respecto de información vinculada con la causa).
En resumen, para el Ministerio Público Fiscal, resulta claro que el aparato policial así descripto debe responder por la desaparición de Paulo Christian Guardati, en tanto no sólo habría perpetrado su privación libertad y lo habría privado de su vida, sino que habría procurado también la impunidad de tales acciones, maniobra criminal que sólo pudo ser implementada merced a una serie de acciones mancomunadas y dirigidas a no dejar rastros ni pruebas que permitieran el esclarecimiento de los hechos. Han transcurrido más de 30 años y aún no logran precisarse las circunstancias concretas en las que la víctima fue privada de su vida, como tampoco determinarse el paradero de sus restos.
Larga historia judicial
El caso Guardati, tras ser calificado desde 2017 como un delito imprescriptible por ser una “desaparición forzada”, se lo considera un crimen de lesa humanidad. Desde ese momento dejó el ámbito de la justicia provincia y pasó a ser investigada primero por la Fiscalía Federal de Primera Instancia 2 de Mendoza y, desde mayo de 2023, por la Fiscalía de Lesa Humanidad de Mendoza.
Desde junio de año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $1.500.000 a quien aporte datos sobre su paradero. Según reza el pedido oficial, Paulo Christian Guardati, era “argentino, titular del DNI 22.201.904, nacido el 12 de abril de 1971, hijo de Juan y de Segunda Gladys Lavizzari, soltero, 1.70 de estatura, cuerpo delgado, cabello negro ondulado, cutis trigueño, marcas de acné en el rostro, cicatriz en la ceja derecha”.
Según se detalla en el ofrecimiento oficial, en la madrugada del 24 de mayo de 1992, Guardatti fue visto por última vez, luego de asistir a una fiesta organizada para recaudar fondos en la escuela Anastasi, en el barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz.
Según la versión judicial de caso, Guardati habría sido “aprehendido por una persona de género masculino de 1.75 metros de altura, de pelo oscuro y tez blanca, pantalón azul con una raya blanca en su costado, borceguíes similares a los utilizados por personal policial y un bolso naranja en las inmediaciones de la escuela, precisamente frente a la manzana 32, conforme al actuar sería personal policial”.
Los testigos presenciales detallaron que este sujeto realizó disparos de arma de fuego intimidatorios comenzando con una persecución que finalizó con la aprehensión de Guardati, arrojándolo al piso mientras apuntaba con un arma de fuego, colocándole la mano en la nuca conforme al procedimiento policial, para dirigirse caminando hacia el destacamento La Estanzuela, sin poder confirmar el ingreso del mismo.
Inicialmente los únicos imputados en el caso fueron los agentes Walter Rubén Godoy, José Aracena y Walter Rolando Páez y el cabo Oscar Ramón Luffi, quienes prestaban servicios en la repartición de La Estanzuela la noche en que desapareció Guardati pero finalmente resultaron sobreseídos.
En el año 1998, Mendoza reconoció la desaparición forzada del albañil e indemnizó a su madre con 136 mil pesos a la madre de la víctima. Este resarcimiento económico fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y avalado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En 2012, un testigo de identidad reservada llevó a que se buscaran los restos de Guardati en el cuadro 34, del cementerio de la Capital. Es decir, junto al cuadro 33 donde se sepultaron a NN e incluso algunos de los denunciados como desaparecidos durante la última dictadura militar. La búsqueda fue un fracaso.
Desde que se denunció, el caso ha tenido gran cantidad de versiones que se encuentran en 24 cuerpos que tiene el expediente. Con anterioridad ya había sido buscado en algunos parajes del piedemonte mendocino e incluso en el destacamento de La Estanzuela en Godoy Cruz, lugar donde -se denunció- fue llevado detenido.
Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la justicia dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.