Ya son siete los uniformados que están imputados por la desaparición forzada del joven que desapareció de una comisaría de Godoy Cruz en 1992.
Antropólogos forenses de la UBA, participaron de la exhumación de un cuerpo en el Cementerio que podría ser el de Christian Guardati. / Archivo Los Andes.
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El Juzgado Federal 3 de Mendoza ordenó la detención de tres policías y un pedido de captura internacional para otro que reside en Estados Unidos, a quienes acusó de la desaparición forzada de Christian Guardati (21), el joven desaparecido en la comisaría del barrio La Estanzuela de Godoy Cruz en mayo de 1992.
Los detenidos en las últimas horas son José Antonio Aracena Rodríguez, Oscar Ramón Luffi Castro y Walter Rolando Páez Tello, quienes fueron detenidos en allanamientos realizados por Gendarmería en viviendas de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Junín.
Por otra parte, el juzgado a cargo del juez Marcelo Garnica ordenó un pedido de captura internacional para Walter Rubén Godoy Pérez, al tiempo que se libró un pedido de detención a la Justicia de Estados Unidos, ya que el hombre reside en ese país, más exactamente en calle Goodwin St 268 Perth Amboy, New Jersey, EE.UU.
Las medidas realizadas por Gendarmería incluyeron el allanamiento y secuestro de todo tipo de documentación sobre la época (entre los 1992/1997), o que se presuma que pueda guardar relación con la desaparición Guardati, legajos personales, fotografías de los investigados en servicio, y todo dispositivo electrónico que posean o utilicen los imputados en sus domicilios.
De esta forma, ya son siete los exuniformados que están imputados por la causa Guardati, ya que por los primeros cuatro, la causa ya se ha elevado a juicio, aunque con esta nueva medida el debate se verá postergado, explicó una fuente que trabaja en el caso.
Se trata del ex comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada, del ex subcomisario Adolfo Siniscalchi y al ex oficial subinspector Ramón Falcón, quienes fueron detenidos en 18 de diciembre de 2024 y fueron procesados por el juez Marcelo Garnica por el artículo 142 primer y segundo párrafos de Código Penal. El restante imputado es Gustavo Díaz Garce.
El caso Guardati, tras ser calificado desde 2017 como un delito imprescriptible por ser una “desaparición forzada”, se lo considera un crimen de lesa humanidad. Desde ese momento dejó el ámbito de la justicia provincia y pasó a ser investigada primero por la Fiscalía Federal de Primera Instancia 2 de Mendoza y, desde mayo de 2023, por la Fiscalía de Lesa Humanidad de Mendoza.
Desde junio de año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $1.500.000 a quien aporte datos sobre su paradero. Según reza el pedido oficial, Paulo Christian Guardati, era “argentino, titular del DNI 22.201.904, nacido el 12 de abril de 1971, hijo de Juan y de Segunda Gladys Lavizzari, soltero, 1.70 de estatura, cuerpo delgado, cabello negro ondulado, cutis trigueño, marcas de acné en el rostro, cicatriz en la ceja derecha”.
Según se detalla en el ofrecimiento oficial, en la madrugada del 24 de mayo de 1992, Guardatti fue visto por última vez, luego de asistir a una fiesta organizada para recaudar fondos en la escuela Anastasi, en el barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz.
Según la versión judicial de caso, Guardati habría sido “aprehendido por una persona de género masculino de 1.75 metros de altura, de pelo oscuro y tez blanca, pantalón azul con una raya blanca en su costado, borceguíes similares a los utilizados por personal policial y un bolso naranja en las inmediaciones de la escuela, precisamente frente a la manzana 32, conforme al actuar sería personal policial”.
Los testigos presenciales detallaron que este sujeto realizó disparos de arma de fuego intimidatorios comenzando con una persecución que finalizó con la aprehensión de Guardati, arrojándolo al piso mientras apuntaba con un arma de fuego, colocándole la mano en la nuca conforme al procedimiento policial, para dirigirse caminando hacia el destacamento La Estanzuela, sin poder confirmar el ingreso del mismo.
Inicialmente los únicos imputados en el caso fueron los agentes Walter Rubén Godoy, José Aracena y Walter Rolando Páez y el cabo Oscar Ramón Luffi, quienes prestaban servicios en la repartición de La Estanzuela la noche en que desapareció Guardati pero finalmente resultaron sobreseídos.
En el año 1998, Mendoza reconoció la desaparición forzada del albañil e indemnizó a su madre con 136 mil pesos a la madre de la víctima. Este resarcimiento económico fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y avalado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En 2012, un testigo de identidad reservada llevó a que se buscaran los restos de Guardati en el cuadro 34, del cementerio de la Capital. Es decir, junto al cuadro 33 donde se sepultaron a NN e incluso algunos de los denunciados como desaparecidos durante la última dictadura militar. La búsqueda fue un fracaso.
Desde que se denunció, el caso ha tenido gran cantidad de versiones que se encuentran en 24 cuerpos que tiene el expediente. Con anterioridad ya había sido buscado en algunos parajes del piedemonte mendocino e incluso en el destacamento de La Estanzuela en Godoy Cruz, lugar donde -se denunció- fue llevado detenido.
Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la justicia dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
