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El primer ministro británico, David Cameron, reconoció ayer que no había gestionado adecuadamente la información revelada por los “Panama Papers” sobre su participación en una empresa offshore propiedad de su padre, al tiempo que centenares de personas pedían su dimisión frente a Downing Street.
Ante la verja del 10 de Downing Street, los manifestantes gritaban “Cameron must go”, (“Cameron debe marcharse”), ataviados con sombreros Panamá y camisas hawaianas.
Apenas dos kilómetros separaban la residencia del primer ministro del gran hotel donde Cameron habló ante los delegados del partido conservador, congregados para preparar los comicios locales de mayo.
“No ha sido una gran semana”, lanzó en referencia al tema que ha amargado su su semana: la revelación de que su padre Ian, fallecido en 2010, había dirigido un fondo de inversión en las Bahamas en el que el propio Cameron había tenido acciones.
Nada ilegal, insistió el primer ministro. Pero han sido necesarios cuatro confusos comunicados emitidos por su Gabinete antes de que el primer ministro se decidiera a reconocer que poseía participaciones en esa empresa basada en un paraíso fiscal.
"Aprendí la lección"
"Sé que debería haber gestionado mejor este asunto", dijo en el Congreso. "No culpen a mis consejeros: asumo la culpa. He aprendido la lección". A continuación, reiteró su promesa de publicar "próximamente" sus declaraciones de impuestos de los últimos años.
Demasiado tarde, según el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn, quien aseguró el viernes por la noche que “el primer ministro ha perdido la confianza de los británicos”, sin llegar a pedir su dimisión.
Y es poco decir: Cameron sale de una semana e incluso un mes particularmente aciagos. Antes del escándalo de los “Panama Papers”, el premier británico debió lidiar con la crisis del sector siderúrgico tras el anuncio de retirada del gigante chino Tata Steel y hacer frente a la acusación de haber sacrificado empleos británicos en el altar de sus buenas relaciones con Pekín. El viernes, un sondeo YouGov mostró que su popularidad había caído a su nivel más bajo desde julio de 2013 con el 58% de opiniones en contra.
