Cesar Campos-Reyes admitió ante la Justicia que obtuvo fraudulentamente fondos creados para sostener pequeñas empresas durante la pandemia.
Un empresario gastronómico de Alabama, Estados Unidos, se declaró culpable de haber obtenido de manera fraudulenta aproximadamente USD 866.500 en fondos federales destinados a empresas afectadas por la pandemia y de utilizar parte del dinero en una compra inmobiliaria.
El acusado es Cesar Campos-Reyes, de 52 años y residente en Auburn, quien aceptó su responsabilidad el 9 de septiembre de 2026 por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y empleo ilegal de trabajadores no autorizados. La declaración de culpabilidad fue informada oficialmente por la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Alabama.
El caso se remonta a los primeros meses de la pandemia. Según los documentos judiciales y las admisiones incorporadas a su acuerdo de culpabilidad, Campos-Reyes presentó solicitudes fraudulentas y recibió alrededor de USD 866.500 en mayo de 2020 mediante dos programas federales: el Paycheck Protection Program y el Economic Injury Disaster Loan.
Ambas herramientas habían sido creadas para asistir a pequeñas empresas que enfrentaban pérdidas económicas por las restricciones y alteraciones provocadas por el Covid-19.
El objetivo era que el dinero se utilizara en gastos empresariales autorizados, mantenimiento de operaciones y puestos de trabajo, bajo las condiciones específicas de cada programa.
Pero la investigación determinó que una parte importante terminó en otro destino.
En junio de 2020, apenas un mes después de recibir los fondos, Campos-Reyes utilizó exactamente USD 262.145,20 para comprar un inmueble en Opelika, Alabama.
La operación inmobiliaria terminó siendo uno de los elementos centrales del cargo por lavado de dinero.
El acusado admitió que los fondos no fueron utilizados para los propósitos para los que habían sido entregados, según informó oficialmente la Justicia estadounidense.
La investigación sobre sus actividades se extendió durante varios años y terminó adquiriendo una escala considerable.
En julio de 2025, fuerzas federales, estatales y locales ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en seis condados de Alabama vinculadas con propiedades asociadas al empresario. Ocho de esos lugares eran restaurantes.
El acuerdo judicial incluyó otro delito distinto del fraude relacionado con la pandemia.
Campos-Reyes reconoció que, hasta el 15 de julio de 2025, había contratado deliberadamente trabajadores para varios restaurantes que poseía u operaba pese a saber que no estaban autorizados legalmente para trabajar en Estados Unidos.
La causa fue investigada por distintas agencias, entre ellas el FBI y Homeland Security Investigations, con colaboración de organismos federales, estatales y policías locales.
La sentencia todavía no fue dictada. Por el delito de fraude electrónico, Campos-Reyes enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.
El cargo de lavado de dinero contempla hasta 10 años, mientras la contratación ilegal reconocida puede significar hasta seis meses adicionales. También enfrenta multas y la eventual confiscación de bienes o fondos relacionados con los delitos.
Un juez federal determinará la condena aplicando las pautas de sentencia correspondientes y considerando el conjunto de antecedentes del expediente.
