El duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, se enfrentará a un pedido de pena de 17 años de prisión por el caso de corrupción en el que está siendo investigado, según el escrito de acusación de la Fiscalía adelantado hoy por la prensa española.
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El duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, se enfrentará a un pedido de pena de 17 años de prisión por el caso de corrupción en el que está siendo investigado, según el escrito de acusación de la Fiscalía adelantado hoy por la prensa española.
La Fiscalía Anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de tres delitos fiscales (seis años), malversación (máximo 8 años) fraude a la Administración (tres años) y prevaricato (no conlleva prisión), lo que supone una suma total de 17 años de prisión.
Por el momento, el Ministerio público rechaza los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, indicó la emisora Cadena Ser.
Contrariamente, el juez que instruye el caso, José Castro, anunció recientemente que la infanta Cristina, segunda hija del rey Juan Carlos, será investigada por esos mismos delitos, después de que se levantara su imputación por cargos similares a los que afronta su marido Urdangarín.
En cuanto a Urdangarín, sólo si colabora confesando los delitos y devolviendo gran parte de los más de seis millones de euros que supuestamente se apropió indebidamente a través de la Fundación Nóos, el fiscal jefe Pedro Horrach estaría dispuesto a rebajar su solicitud a cuatro años.
El escrito de acusación, que puede modificarse durante el juicio, no será definitivo hasta que se concluya el sumario, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta setiembre.
El abogado de Urdangarín ya había ofrecido al Ministerio Público un trato por medio del cual el Duque de Palma reconocería los delitos pero a cambio de una pena no superior a dos años, lo que evitaría su ingreso a prisión.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó un acuerdo al considerar que los delitos investigados son muy graves. Desde finales de 2011, el juez Castro investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres, ambos imputados, por el uso de la Fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro, para apropiarse indebidamente de millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano.
Posteriormente, el magistrado acusó al yerno del rey y su ex socio por evasión fiscal.
