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Los grupos paramilitares, desmovilizados en 2004 pero vigentes en otros formatos, son el nudo gordiano del conflicto colombiano porque allí confluyen las guerrillas, que les dieron la excusa; los narcotraficantes y los terratenientes, que les dieron poder; la política y el Estado, que les dieron legitimidad y protección, y las víctimas, estimadas oficialmente en 140.000, que, como en muchos casos no tenían nada para darles, dieron sus vidas.
Un extenso informe de Human Rights Wach ubica como fecha clave el 1 de julio de 1962, cuando el Ejército colombiano, a instancias de EEUU, puso en marcha el Plan Lazo, que facultaba a la fuerza a trabajar con civiles armados e instruidos militarmente en operaciones de contrainsurgencia y habilitados para ejercer “actividades paramilitares y/o terroristas contra defensores del comunismo“.
Pero la génesis del paramilitarismo vinculado a interés económicos y políticos se dio en 1983 en Puerto Boyacá, Magdalena Medio, cuando se formó el MAS (Muerte A Secuestradores) para repeler a las FARC, que los extorsionaba y les cobraba peaje. Ese encuentro, según el Departamento Administrativo de Seguridad (central de inteligencia disuelta en 2011), fue convocado por autoridades del Batallón Barbula del Ejército.
Asistieron liberales, conservadores, miembros de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio y narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
El MAS, al mando del paramilitar Víctor Carranza, operaba junto con el Ejército en los trabajos de "limpieza“ de la zona y dejó una cantidad aún no determinada de centros de formación de sicarios y de interrogación, así como fosas comunes llenas de víctimas.
En setiembre de 1985 el presidente Belisario Betancur visitó Puerto Boyacá para respaldar a los paramilitares frente a las críticas. Sus palabras constan en un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Que vengan esos colombianos al Magdalena Medio a presenciar este espectáculo“, en el que “cada habitante del Magdalena Medio se ha levantado para constituirse en un defensor de esa paz“, dijo Betancur. Y agregó: “Al lado de nuestro Ejército, de nuestra Policía, cada habitante es un militante y un defensor de la paz“.
La experiencia se replicó en todo el país. El proceso de diálogo que el gobierno había iniciado con el M-19, las FARC y el EPL (Ejército Popular de Liberación, maoísta) hacía agua, y el poder político cedió a la presión de los militares para formar, o blanquear, grupos de autodefensa, financiados con dinero que venía del narcotráfico.
Con el tiempo, el paramilitarismo dejó de ser una herramienta del poder para ser parte de él. Los narcotraficantes que financiaban a buena parte de esas fuerzas irregulares también entendieron que además de las balas necesitaban un paraguas político para sus negocios ilegales.