El líder opositor Leopoldo López, preso desde el martes acusado de instigar los hechos de violencia que vive Venezuela desde la semana pasada, podría pasar 10 años en la cárcel si la Justicia lo declara culpable.
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El líder opositor Leopoldo López, preso desde el martes acusado de instigar los hechos de violencia que vive Venezuela desde la semana pasada, podría pasar 10 años en la cárcel si la Justicia lo declara culpable.
López está acusado de incendio y daños en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir, y declaró anoche por primera vez en un colectivo, habilitado como tribunal móvil por la jueza Dalenys Tovar, quien está a cargo de la causa.
Según la ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento, los delitos que se le imputan a López pueden tener una pena de hasta 10 años de prisión.
Por lo pronto, se sabe que el ex alcalde del municipio de Chacao, al este de Caracas, pasará al menos 45 días en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, situado en la población de los Teques, en el céntrico estado Miranda, hasta que se inicie el juicio.
El abogado del dirigente de Voluntad Popular, Juan Carlos Gutiérrez, lamentó la medida de la jueza Tovar y dijo que “no tiene precedentes” en Venezuela. “Nuestra Constitución dice que todos deben de ser juzgados en libertad”, afirmó el letrado.
Paracaidistas en San Cristóbal
En el terreno, ayer el gobierno venezolano ordenó enviar un batallón de paracaidistas a San Cristóbal, cuna de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro que se extendieron a varias ciudades y que dejaron al menos cinco muertos. Comercios cerrados y numerosas calles cortadas se observaban ayer en la occidental San Cristóbal, fronteriza con Colombia, en la que chocan casi a diario manifestantes y fuerzas de seguridad.
En Caracas, que en la madrugada de ayer fue escenario de actos de vandalismo y choques con la policía, pequeños grupos de manifestantes bloqueaban varias avenidas, especialmente en el acomodado sector este, un bastión antichavista. También en la capital medio millar de jóvenes realizaban una marcha con flores blancas contra la violencia.
En San Cristóbal, fronteriza con Colombia, iniciaron el 4 de febrero las protestas estudiantiles en reclamo por la inseguridad, y de allí se extendieron a todo el país y tomaron aristas violentas.
El gobierno denuncia que estas protestas son un intento de golpe de Estado, del cual ha responsabilizado a lo que define como derecha fascista, sectores conservadores de Estados Unidos y al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien durante sus mandatos mantuvo pésimas relaciones con Hugo Chávez.
Caracas, San Cristóbal y Valencia, son desde hace dos semanas escenario diario de manifestaciones estudiantiles que al caer la noche derivan en enfrentamientos entre grupos radicales y policía, además de intervenciones de individuos armados que son señalados por la oposición como simpatizantes del oficialismo.
En las protestas “hay muchos grupos armados que parecen no pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Yo no entiendo por qué esos grupos armados están actuando de manera libre, impunemente”, dijo ayer el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa.
La crisis venezolana derivó en pleitos a la arena diplomática. Caracas dijo que “repudia tajantemente las declaraciones del presidente Barack Obama, en la medida en que constituyen una nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con la agravante de usar como base información falsa y aseveraciones sin fundamento”.
Obama había llamado a Venezuela a que “libere a los manifestantes detenidos y a entablar un diálogo verdadero” con la oposición.
