Vencimiento de las concesiones de las centrales eléctricas del Estado argentino

Central Hidroeléctrica Salto Grande.
Central Hidroeléctrica Salto Grande.

El Estado Nacional tiene que tomar sin más dilaciones la decisión de que las Centrales vuelvan al Estado en óptimas condiciones de funcionamiento, tal como se las entregó

El Mercado Energético en la Argentina hasta el año 1994 tuvo un claro Desarrollo Estratégico Nacional. En esos tiempos la mayoría de las Centrales Eléctricas y el Sistema Interconectado Nacional estaba manejado por Agua y Energía Eléctrica de la Nación (AyEE), organismo del Estado Nacional Argentino; y el resto de las centrales correspondían a Hidronor S.A. -también del Estado Nacional-, y las Centrales Hidroeléctricas Binacionales Salto Grande y Yacyretá, compartidas con Uruguay y Paraguay. La misma situación se producía con los hidrocarburos, manejados en su mayoría por la Sociedad del Estado Y.P.F.

En 1994 se produce un brusco viraje de la política energética, con una visión neoliberal que privatizó todas las fuentes de energía y su distribución. Es lo que se conoció en la jerga popular como “la venta de las joyas de la abuela”. Se vendió Y.P.F. a REPSOL (empresa del Estado Español), y se privatizó Gas del Estado, dividiéndose en 11 Sociedades Privadas. También se concesionan por 30 años todas las Centrales Eléctricas del país, con excepción de las binacionales Salto Grande y Yacyretá, y las líneas de transmisión del Sistema Interconectado Nacional.

Todas estas transformaciones se realizan con el justificativo de que las Empresas Estatales eran ineficientes, que acarreaban déficit al Estado, que el precio de la venta o la concesión iban a reducir la elevada deuda del Estado, y que las empresas privadas que se hacían cargo iban a realizar inversiones para aumentar la oferta de energía.

En la realidad nada de eso ocurrió.

En cuanto a que las Empresas del Estado eran deficitarias derivaba fundamentalmente de que no se cobraba la Tarifa a los Usuarios en base a los Costos Reales de las Empresas, sino que el Déficit de esas Empresas era fundamentalmente el Subsidio que le daba el Estado para cobrar menos la Tarifa.

Es la misma situación actual en que las Empresas Privatizadas cobran un valor real para ellas de la Energía Generada, pero para que no se traslade a los Usuarios un valor tan alto, el Estado les da un Subsidio inmenso que es la causa más importante del Déficit del Estado Nacional. O sea que de una forma o de otra, siempre es el Estado el que afronta la diferencia entre el Costo de la Energía y lo que se le cobra a los Usuarios. La privatización de las Generadoras no ha producido una disminución del Déficit del Estado sino que lo ha incrementado.

Y con la diferencia que Agua y Energía Eléctrica de la Nación invertía permanentemente en aumentar la Potencia Instalada, mientras que las Empresas Privatizadas se dedican a explotar lo que se le entregó en Concesión, y obtener el máximo beneficio posible.

A ello se agrega que las Distribuidoras Eléctricas no pagan a CAMMESA el total de la Energía que se le entrega y distribuyen, y periódicamente el Estado tiene que hacerse cargo de la Deuda de las Distribuidoras a CAMMESA aumentando consecuentemente el Déficit del Estado. Y a las Distribuidoras les hace unos planes de pago con bajo interés que les licua la deuda.

Otro de los motivos que se invocaba para la Privatización era que el Precio de la Venta o la Concesión iba a reducir la elevada Deuda del Estado no fue así, ya que los valores que pagaron en realidad por semejantes Inversiones del Estado no fueron de la magnitud que hubiese correspondido, y la prueba es que la Deuda del Estado continuo en aumento imparable que condujo a la Crisis del 2001/02.

Por otro lado, no hicieron las Inversiones que los ardorosos defensores de las ventas afirmaban que harían. En el caso de REPSOL Y.P.F. se dedicaron a extraer el petróleo que tanto había costado a Y.P.F. Sociedad del Estado explorar y desarrollar. Tal es así que se perdió el autoabastecimiento logrado en los tiempos de gestión nacional; llegando a un punto en se tuvo que importar cantidades crecientes de hidrocarburos, con brusca caída de las reservas exploradas. Pasamos al extremo de ser un país que, contando con reservas importantísimas de gas, tuvimos que importar gas de Bolivia y gas licuado que venía por barcos con costos exorbitantes.

Esta situación desembocó en la recompra de Y.P.F. por parte del Estado argentino, con un altísimo costo del 51% de las acciones para la situación en que estaba Y.P.F.; y lo que tendremos que pagar a los titulares de las acciones por fuera del 51% adquirido.

Respecto a los Concesionarios de las Centrales Eléctricas y las Líneas de Transmisión, no han sido importantes las nuevas inversiones que han realizado, salvo aquellas destinadas a mantener activa la concesión. Es conocido por todos que la Línea Comahue Cuyo fue pagada íntegramente por el Estado Nacional y las provincias de Mendoza y San Juan. Lo mismo sucedió con la Línea de Transmisión que va desde Choele Choel a la provincia de Santa Cruz, íntegramente pagada por el Estado Nacional.

Represa de Yacyretá.
Represa de Yacyretá.

Las Centrales Eléctricas fueron concesionadas por periodos de 30 años, que están próximos a vencer. En el caso de las centrales de Hidronor S.A. (El Chocon Cerros Colorados, Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picun Leufu) el vencimiento es en el año 2.023, y las otras concesiones vencen un año después. Es inminente el regreso de las Centrales eléctricas al Estado nacional, sin necesidad de pago alguno, y sin tener que recurrir a decisiones estatizadoras como fue el caso de Y.P.F.

Pero para recibirlas y explotarlas desde el Estado nacional, como debe ser la decisión sin lugar a dudas, es necesario prepararse. Y en esa preparación debe formarse un Organismo que incorpore el personal idóneo para ese cometido -cuidando de no politizarlo ni burocratizarlo- con Ingenieros y Técnicos designados por concurso, especializados y capacitados en Centrales Hidroeléctricas y Térmicas.

El Gobierno Nacional tiene que tomar verdadera conciencia de esta situación, y bajo ningún concepto pensar en renovar las Concesiones: no son áreas petroleras en las que se necesita explorar, perforar y extraer petróleo y/o gas.

Las Centrales eléctricas y fundamentalmente las hidroeléctricas son Obras realizadas para explotar un Recurso Natural Renovable. Son Obras que se han construido en Argentina con gran esfuerzo, que tienen un valor incalculable, y su explotación es muy económica porque el recurso natural tiene costo cero.

Renovar las Concesiones sería un enorme error, contrario a los intereses de la Nación: entregar el patrimonio nacional a particulares que no pagarían por el valor de esas obras que valen miles de millones de dólares.

El Estado Nacional tiene que tomar sin más dilaciones la decisión de que las Centrales vuelvan al Estado en óptimas condiciones de funcionamiento, tal como se las entregó. En un año comienzan a concluir los Contratos de concesión y hay que prepararse para operarlas con el mayor grado de eficiencia. Todo tiempo que se demore en tomar esa decisión y poner en marcha el Organismo que las controle, va en desmedro del objetivo, con el riesgo de que nuevos discursos antiestatistas confundan a la sociedad y el gobierno.

Aquí no se trata de posiciones ideológicas. Se trata de cómo defender el interés Nacional, sostenido por los movimientos políticos históricos y las Agrupaciones Nacionales que defienden el Interés Nacional por sobre Ideologías Neoliberales que nos han llevado al retraso del Desarrollo Argentino.

Con el precio que paga CAMMESA por la energía de esas Centrales concesionadas, se puede sostener la explotación de las mismas; quedando un remanente muy importante que permitirá realizar las Inversiones destinadas a aumentar la disponibilidad de energía: para ello hay Recursos Hídricos disponibles en el país, que son por lo menos el doble de lo que está utilizado.

Existe un trabajo denominado “Potencial y Desarrollo Hidroeléctrico Argentino” escrito por el Ingeniero Hidráulico Guillermo Malinow en el Año 2013 donde analiza profundamente el potencial hidroeléctrico argentino, y un artículo en la Revista Petroquímica que coinciden en la conclusión de que en Argentina sólo se aprovecha una cuarta parte de su Potencial Hidroeléctrico”. En el mencionado artículo dice: “según estimaciones del Grupo de los Ex Secretarios de Energía (conformado por Emilio Apud, Julio Cesar Araoz, Alberto Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco), el país cuenta con Recursos Hídricos suficientes para generar anualmente unos 170.000 GW por hora. Sin embargo hasta el momento apenas se produce entre un 20% y un 25% de esa cantidad. Hay 30 Proyectos identificados y listos para entrar en construcción”. Una opinión invalorable de un conjunto irrebatible de materia gris en el tema.

Es de esperar que la dirigencia argentina retome el camino del aprovechamiento de los mayores recursos renovables que tenemos que son los hidroeléctricos, y nos hagamos cargo de las centrales que fueron construidas con enorme esfuerzo por nuestros gobiernos hasta la década de los años ‘80.

La situación que vivimos es muy preocupante porque nadie habla de esto. Supuestamente el Gobierno actual tiene una concepción contraria a las privatizaciones como lo ha demostrado con la Reestatizacion de Y.P.F y dadas las condiciones de este caso que no cuesta nada asumir nuevamente el Control de las Centrales, el no hacerlo sería un error histórico, y además la Oposición, fundamentalmente los radicales, ejercieron una oposición muy enérgica en el momento que se Privatizaba por Ley, y se supone que deberían mantener la misma posición ahora, más considerando el fracaso de las Políticas Neoliberales a ultranza.

Permanentemente se habla políticamente de la necesidad de establecer Políticas de Estado que perduren a pesar de los cambios de Gobierno. Esta sería la posibilidad de establecer aunque sea una. Estamos hablando del Manejo de un Patrimonio de la Nación que fue logrado a su vez por muchos Gobiernos diferentes y no se puede volver a dilapidar.

*El autor es Ing. Civil U.N.Cordoba.

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