Establecido por Naciones Unidas en 2025, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas de los Terremotos nos convoca cada 29 de abril a algo más que recordar: nos exige actuar.
Las importantes pérdidas de vidas y económicas en el reciente terremoto de Venezuela, ponen en evidencia que estos eventos no se convierten en desastres solo por la intensidad del movimiento del suelo, sino también por las condiciones de vulnerabilidad existentes. Y allí es donde la acción humana puede marcar la diferencia.
Terremoto en Venezuela: el antes y el después de La Guaira.
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Establecido por Naciones Unidas en 2025, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas de los Terremotos nos convoca cada 29 de abril a algo más que recordar: nos exige actuar.
La memoria solo tiene sentido si se traduce en decisiones concretas. En ese camino, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 propone una hoja de ruta clara: comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en resiliencia y mejorar la preparación para reconstruir mejor después de los desastres.
El riesgo no es únicamente un fenómeno natural. También es una construcción social que se configura —o se reduce— con cada decisión que tomamos, o que postergamos. Los impactos de un terremoto se agravan cuando existen construcciones vulnerables, planificación insuficiente, falta de inversión y ausencia de preparación.
En América Latina existen avances importantes en reducción del riesgo sísmico, pero todavía queda mucho por hacer. Tres terremotos recientes lo evidencian con claridad.
En 2012, un sismo de magnitud 7,2 en Guatemala afectó a más de tres millones de personas y provocó graves daños ese país. En 2016, el terremoto magnitud 7,8 de Ecuador, en la zona de Muisne (Pedernales), dejó 671 fallecidos.
En 2017, un terremoto de magnitud 7,1 en México volvió a exponer vulnerabilidades.
Ahora, lamentablemente, hemos visto importantes pérdidas de vidas y económicas en el reciente terremoto de Venezuela.
Estos eventos muestran que los terremotos no se convierten en desastres solo por la intensidad del movimiento del suelo, sino también por las condiciones de vulnerabilidad existentes. Y allí es donde la acción humana puede marcar la diferencia.
Urge preparar mejor nuestros sistemas e infraestructura. Muchas construcciones existentes en América Latina tienen más de 30 años y fueron diseñadas con reglamentos antiguos —o directamente sin normas sismorresistentes—, por lo que podrían presentar vulnerabilidades importantes frente a futuros terremotos. En este contexto, resulta prioritario evaluar y, cuando sea necesario, reforzar la infraestructura crítica: hospitales, escuelas y servicios esenciales.
A nivel internacional ya existen herramientas para avanzar en este camino. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud desarrollaron el Índice de Seguridad Hospitalaria, mientras que para el sector educativo se cuenta con el Marco Integral de Seguridad Escolar promovido por la Alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Resiliencia en el Sector Educativo.
El segundo aspecto es compartir y escalar las experiencias que funcionan en la región. Los terremotos de Chile, Guatemala, Ecuador y México constituyen valiosos casos de estudio para analizar fortalezas y debilidades en materia de gestión del riesgo sísmico. La experiencia del terremoto de Ecuador de 2016 muestra que no es suficiente desarrollar investigaciones de punta en ingeniería sismorresistente o disponer de reglamentos técnicamente avanzados. También es necesario que esos conocimientos logren incorporarse de manera efectiva en las decisiones públicas y privadas.
En este sentido, la interacción entre universidades, colegios de ingenieros y arquitectos, organismos gubernamentales, empresas y organizaciones sociales resulta fundamental para fortalecer una gobernanza eficiente del riesgo. La resiliencia no puede construirse únicamente desde el ámbito técnico: requiere participación social, articulación institucional y continuidad en las políticas públicas.
Por eso resulta clave fortalecer los espacios de cooperación técnica entre países latinoamericanos, que permitan analizar problemáticas comunes.
El tercer desafío es financiar la resiliencia. La evaluación y el refuerzo de construcciones existentes requieren inversiones sostenidas y de largo plazo. En Mendoza, por ejemplo, el Estado cuenta con aproximadamente 23 hospitales y cerca de 1.300 edificios escolares. Existen avances importantes, como el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, que incorpora aislación sísmica de base, o las actuales obras de refuerzo de la escuela Francisco Humberto Tolosa, en Rivadavia. Sin embargo, todavía queda pendiente avanzar hacia una evaluación integral —y eventualmente el refuerzo— de toda la infraestructura crítica de la provincia.
Para planificar adecuadamente este financiamiento es necesario contar con datos confiables sobre la magnitud del problema: qué edificios deben evaluarse, cuáles requieren refuerzo y qué recursos económicos están disponibles cada año. Solo así pueden desarrollarse planes de acción sostenidos en el tiempo, capaces de reducir progresivamente las vulnerabilidades existentes.
En este sentido, resulta interesante observar experiencias internacionales como el Programa de Pupitres para Terremotos en Nepal. Allí, el proceso de reemplazo y refuerzo de escuelas vulnerables demandaría cerca de 200 años con el financiamiento disponible actualmente. Frente a esta realidad, se desarrollaron pupitres antisísmicos como una solución práctica y transitoria para reducir el riesgo de estudiantes y docentes mientras avanzan las obras estructurales de mayor escala.
Recordar entonces a las víctimas de los terremotos implica asumir una responsabilidad colectiva. La memoria no debe quedar solamente en la conmoción que dejan las tragedias.
(*) El autor es ingeniero. Profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, e integrante de la consultora Solidus–Ingenieros Consultores [email protected]