Recientemente, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, al referirse a la trágica ola de suicidios en las fuerzas policiales, afirmó que "los problemas de la salud mental no distinguen profesión", ubicándose en la misma línea que su par nacional, La ministra Monteoliva. Si bien es necesario e innegable poner la salud psíquica en la agenda pública, la declaración de la funcionaria constituye un error de diagnóstico peligroso que derivan en las graves consecuencias que estamos atravesando. Intentar diluir una crisis institucional profunda en una generalidad sociológica ignora la realidad estructural que golpea a nuestras fuerzas y que venimos documentando rigurosamente desde el Centro de Estudios y Análisis de la Seguridad (CEAS).
La "universalidad" que plantea el Ministerio choca frontalmente contra la evidencia empírica. Desde una perspectiva sociológica y epidemiológica, el colectivo policial presenta una vulnerabilidad específica. Los datos relevados exponen una realidad alarmante: la tasa de suicidios en el sector policial es de 0,18 por cada 1.000 habitantes. Esta cifra representa exactamente el doble de la tasa ajustada de la población civil general, la cual se sitúa en 0,09 por cada 1.000. A nivel nacional, diversas organizaciones advierten sobre el aumento en la tasa de suicidios en Argentina, consolidándose como una crisis transversal agravada por el contexto social y económico.
Sin embargo, aunque la crisis abarque a toda la sociedad, el abordaje institucional dentro de las fuerzas de seguridad de Mendoza sigue siendo anacrónico y marcadamente punitivo.
La ineficacia oficial queda expuesta al analizar el "efecto de trabajador sano". Dado que el personal es sometido a controles de salud recurrentes y procesos de selección rigurosos, su tasa de suicidios debería ser teóricamente menor a la de la población civil.
La cruda realidad es que la institución policial invierte esta lógica. Lejos de ser un grupo equiparable al resto de los trabajadores, la policía asume factores de riesgo únicos y constantes: la exposición recurrente a eventos críticos y el "estado policial", el cual conlleva la exigencia ineludible de la portación de armas de fuego las 24 horas.
El problema central en nuestra provincia no radica únicamente en el trauma inherente a la profesión, sino en lo que conceptualizamos como "La Trampa del Arma". A diferencia de cualquier otro rubro laboral, en la policía de Mendoza pedir asistencia psicológica detona una brutal penalización de la vulnerabilidad que se traduce en un desamparo económico inmediato. El protocolo actual ante un pedido de ayuda deriva en el retiro automático del arma reglamentaria; una medida que, en lugar de ser un acto de cuidado médico, se transforma en un castigo financiero directo para el efectivo.
El impacto económico se convierte en una verdadera mutilación salarial, un golpe letal considerando el agravante de que los salarios en Mendoza, y particularmente las escalas de las fuerzas de seguridad, ya figuran estadísticamente entre los más bajos y depreciados del país. Pasar a disponibilidad o a una "carpeta psiquiátrica" impone una reducción automática de entre el 20% y el 30% del sueldo neto. A este severo recorte sobre una base salarial de por sí empobrecida, se suma el golpe de gracia: la pérdida de los servicios extraordinarios. Bajo la Ley provincial 7120/03, estos servicios no constituyen un ingreso adicional prescindible, sino el verdadero pulmón económico que sostiene a la familia policial para compensar la insuficiencia de sus haberes básicos. El retiro del arma inhabilita al efectivo para realizar estas tareas, cercenando drásticamente sus ingresos reales y destrozando de forma inmediata su estabilidad financiera al empujarlo de lleno hacia la precariedad económica absoluta.
Esta dinámica perversa es la génesis del "Efecto Mordaza". Ante la certeza de perder su sustento, el policía opta por "agachar la cabeza" y "cuidar el legajo". El sistema obliga al agente a desincentivar la consulta temprana, ocultando severos traumas y pensamientos autolíticos solo para evitar caer en una mayor precariedad económica (como si el sueldo policial no fuera alarmantemente bajo). Este mecanismo perverso refuta por completo la premisa de la ministra.
Para detener esta sangría, la gestión del Ministerio de Seguridad debe abandonar el paradigma del castigo y migrar urgentemente hacia un modelo de salud laboral preventivo serio.
Quizás para la ministra la salud mental no distinga profesiones, pero como la realidad ha demostrado, no es lo mismo padecer problemas de salud mental en una fuerza que te penaliza y margina por buscar ayuda.
* La autora es senadora nacional por Mendoza (Unión por la Patria).
