Eso de que "lo primero es la salud" es una frase hecha que, de tan contundente, no pierde vigencia. Vigencia no, pero verdad sí. En la Argentina actual, esa humana premisa parece haberse invertido por completo. De la mano del desempleo creciente y los aumentos desmedidos en las cuotas de las prepagas, la pérdida de cobertura médica se expande en una relación directamente proporcional. El dato no solo inquieta, sino que alerta sobre un deterioro social profundo: más de 1,2 millones de personas se quedaron sin cobertura médica en el país en lo que va de la gestión del presidente Milei. No se trata de una queja aislada en redes sociales ni de una especulación política, lo confirma de manera irrefutable el INDEC.
Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, 1.246.285 personas perdieron su cobertura médica privada (sea esta mediante una prepaga, obra social o mutual) y pasaron a depender en exclusiva del sistema de salud pública. Este fenómeno masivo se réplica en cada provincia y municipio del país. La consecuencia directa es una presión sin precedentes sobre los hospitales y centros de atención estatal, que ya operaban con recursos limitados y hoy se ven desbordados por una demanda que no da tregua, generando severas complicaciones en la calidad y oportunidad de las prestaciones.
Las razones detrás de este éxodo forzado responden a una ecuación económica imposible para la clase trabajadora. Al repasar los números se comprende la magnitud del problema: entre fines de 2023 y mediados de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga treparon por encima de la inflación acumulada del período. Si a este ahogo presupuestario familiar se le suma la contracción del mercado laboral formal, que registra la pérdida de más de 240.000 puestos de trabajo en el mismo lapso, el resultado cae por su propio peso. Esta correlación directa entre desempleo y pérdida de cobertura no afecta sólo al trabajador sin trabajo, sino que arrastra de manera dramática a todo su grupo familiar.
El traspaso del sector privado al público no representa un simple cambio administrativo en la modalidad de atención. Como advierte el cardiólogo Jorge Tartaglione (expresidente de la Fundación Argentina de Cardiología): "El desempleo o la pérdida de la prepaga no es solo la pérdida de un carnet; es la interrupción directa de tratamientos crónicos. Vemos pacientes que suspenden medicación oncológica, cardiabética o psiquiátrica porque el traspaso al programa estatal tarda meses o porque no tienen cómo afrontar el gasto de bolsillo".
Fijar la atención exclusivamente en las variables macroeconómicas y el superávit fiscal, desatendiendo por completo la política sanitaria y el impacto social del ajuste, evidencia una insensibilidad preocupante. El sistema público de salud se encuentra al borde del colapso funcional mientras la problemática brilla por su ausencia en la agenda del equipo gobernante. En este contexto de desamparo, hasta el lugar común que nos ordenaba como sociedad ha saltado por los aires. La salud, a las pruebas me remito, pasó a ser lo último. Y así nos va.
* El autor es secretario general de redacción de diario Los Andes. [email protected]
