El Gobierno decidió eliminar la Dirección Nacional de Vialidad y con esta decisión, no sólo desarma una institución histórica, sino que ejecuta una declaración política mucho más profunda: desiste de su rol como garante de lo público, se repliega del territorio y le entrega a la lógica del mercado algo que nunca fue, ni será, un negocio rentable pero sí una necesidad esencial, porque sin rutas no hay país, sin conectividad no hay producción ni integración y sin mantenimiento vial no hay seguridad, hay muerte.
Durante décadas, la Dirección de Vialidad Nacional sostuvo con mayor o menor eficacia una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Lo hizo planificando, ejecutando y supervisando obras que, aun con errores, buscaban garantizar que una persona pudiera trasladarse de una punta a otra del país sin jugarse la vida. Con equipos técnicos, presencia federal y conocimiento territorial, Vialidad articulaba con provincias para mantener caminos, proyectar autopistas, intervenir ante emergencias o, simplemente, señalizar una curva peligrosa antes de que se cobrara otra vida. Hoy todo eso queda desarmado.
No se trata sólo de rutas, se trata del Estado en su expresión más tangible, lo que este gobierno llama “reducción de gastos” es en realidad un vaciamiento de las herramientas que permiten que la sociedad funcione. Porque mientras se celebran superávits fiscales, se omite un debate fundamental: ¿de qué sirve que el Estado gaste menos si a cambio tenemos rutas destruidas, hospitales sin insumos y escuelas que se caen a pedazos? ¿Qué sentido tiene recaudar si no se invierte? ¿Dónde queda la promesa de que, una vez saneadas las cuentas, la obra pública volvería?
Durante la campaña presidencial, Javier Milei anunció que no habría obra pública por el déficit fiscal, pero hoy, con superávit en mano, las rutas siguen paralizadas, las obras están frenadas y la inversión pública fue en 2024 la más baja en más de dos décadas. El 54% de las más de 2.700 obras heredadas siguen tal como las dejó la gestión anterior, sin avances, sin continuidad, sin futuro. Sólo se iniciaron 18 proyectos nuevos en todo el país. ¿Eficiencia? ¿Modernización? No, abandono.
Y mientras tanto, seguimos pagando impuestos que en teoría deberían financiar infraestructura. Nadie está pidiendo que se eliminen, porque entendemos que el desarrollo se paga, pero sí exigimos coherencia. Si el Estado cobra IVA sobre materiales de construcción, si las obras por impuestos permiten a las empresas financiar infraestructura con sus tributos, si existen mecanismos para financiar obra pública sin déficit, ¿por qué no se está haciendo nada? ¿Por qué el Estado se retira incluso cuando tiene con qué actuar?
Cerrar Vialidad Nacional no es un gesto de austeridad, ni de lucha contra la corrupción: es un síntoma de una visión de país donde lo público sobra, donde el Estado es una molestia y donde la vida cotidiana de millones queda a la deriva. No hay empresa privada que vaya a mantener 1.000 kilómetros de ruta sin retorno económico, simplemente porque no hay licitación que reemplace una política pública y no hay agencia de control que pueda sustituir la capacidad estatal de actuar con presencia territorial, planificación técnica y responsabilidad social.
La discusión no es sólo técnica, es política, porque reducir el Estado no significa necesariamente mejorarlo, y menos aún cuando el recorte es con funciones vitales como la obra pública. No se puede construir un país con rutas rotas, obras paradas y funcionarios que aplauden su propia desaparición.
La discusión de fondo es esta: o apostamos por un Estado presente que planifique, cuide y garantice condiciones mínimas para vivir con dignidad, o aceptamos que cada pozo, cada curva sin señalizar y cada muerte evitable son parte del precio a pagar por una ideología que confunde libertad con abandono.
