¿Qué hacer con el Estado? "No tiremos al niño con el agua sucia"

Para comprender el surgimiento y el arraigo de esas expresiones, así como las políticas que se desarrollaron a partir de ellas, es necesario contextualizarlas y problematizarlas.

De allí que, transcurridos casi tres años desde la instalación de las consignas libertarias sobre el Estado, con el acompañamiento mayoritario que la sociedad les otorgó, resulte oportuno preguntarse si era posible —y si todavía lo es— transitar un camino que permita tirar solamente el agua sucia, preservando al niño.

Para aproximarnos con mayor precisión al problema, superando las visiones de “sentido común”, sobre las que se montó el mensaje libertario, es necesario recordar qué significa históricamente la existencia del Estado.

El Estado es una institución política creada por las sociedades para organizar la convivencia, establecer y hace cumplir reglas, garantiza derechos, ejerce una autoridad legítima sobre una población dentro de un territorio, expresando, en cada momento histórico, las necesidades, conflictos y relaciones de poder existentes en esa sociedad. Esto significa que los Estados no son instituciones estáticas, sino que se transforman a medida que cambian las sociedades.

Pero hay otra precisión que resulta fundamental: no es lo mismo hablar del Estado como poder estatal que hablar del Estado como complejo organizacional.

Desde el punto de vista del poder, el Estado expresa —con mayor o menor equilibrio— las relaciones de fuerza existentes en una sociedad. Desde el punto de vista organizacional, está constituido por un conjunto de instituciones dotadas de personas, recursos, normas, procedimientos y herramientas de gestión. Es lo que, en las sociedades democráticas contemporáneas, denominamos “Administraciones Públicas”.

Son esas Administraciones Públicas las que en la vida diaria los ciudadanos identifican como “el Estado”: hospitales, escuelas, organismos de seguridad, oficinas públicas, sistemas de regulación, justicia, universidades, agencias tributarias, organismos previsionales, empresas públicas y un largo etcétera.

Situados en esta última dimensión, resulta difícil negar que el Estado Argentino necesita cambios profundos. La sociedad no lo percibe como un instrumento necesario, que facilita su vida cotidiana, sino por el contrario lo siente como un obstáculo, constituido por organismos superpuestos, burocracias innecesarias, empleo público utilizado políticamente, regulaciones absurdas, empresas estatales deficitarias, subsidios mal diseñados, estructuras creadas para satisfacer intereses corporativos o partidarios y programas cuya eficacia nunca se evalúan. Eso es, como el “agua sucia”.

Es allí donde el discurso de la “motosierra” encontró un terreno fértil. Milei no inventó esa percepción, la leyó, la convirtió en discurso político y logró transformarla en una herramienta electoral. Pero, su éxito no puede explicarse solamente por la eficacia de una estrategia comunicacional: también expresa un profundo malestar social acumulado frente a un Estado que durante demasiado tiempo no pudo demostrar que los recursos que obtiene de los ciudadanos se traducen en bienes y servicios útiles y de calidad.

Por eso, una crítica seria a las actuales políticas sobre el Estado no debería confundirse con una defensa del statu quo. La pregunta no es si el Estado argentino necesita ser reformado. Sí, necesita ser reformado. La pregunta verdaderamente importante es cómo hacerlo. De ahí que el punto de partida debería estar dado por el reconocimiento de que la ciudadanía tiene preguntas legítimas, que no deberían ser descalificadas.

¿Para qué hace falta el Estado en cada una de las actividades que realiza? ¿Qué funciones son realmente necesarias? ¿Qué tipo de organización requiere cada una? ¿Cuántos recursos necesita? ¿Qué produce? ¿Con qué calidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué resultados obtiene? ¿Qué actividades podrían realizar mejor otros actores? ¿Qué regulaciones protegen derechos y cuáles simplemente agregan obstáculos?

Responder estas preguntas exige alejarse tanto de los dogmas estatistas como de los libertarios. No alcanza con preguntar ¿cuánto Estado tenemos? Hay que preguntar ¿qué Estado tenemos y qué Estado necesitamos?

Esto implica definir con precisión cuáles son las funciones estatales imprescindibles para el desarrollo argentino, qué nivel de gobierno debe asumirlas —Nación, provincias, municipios, organismos interjurisdiccionales— y qué organizaciones tienen que llevarlas adelante.

Una cosa es reducir o suprimir organizaciones estatales innecesarias y otra, muy diferente, es debilitar las capacidades que permiten al Estado cumplir eficazmente las tareas que la sociedad necesita.

El Estado moderno no es solamente gasto público, cantidad de empleados, ministerios o regulaciones. Es justicia, seguridad, infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, regulación de mercados, planificación, protección ambiental, capacidad de fiscalización y provisión de bienes públicos.

Una reducción del gasto puede ser necesaria, pero no hay que plantear que en si misma esa reducción constituye una reforma del Estado, como a veces se lo hace. De ahí que el verdadero desafío consiste en distinguir entre aquello que debe desaparecer y aquello que debe ser reformado/fortalecido.

Más precisamente, distinguir entre el gasto improductivo y la inversión pública necesaria; entre la burocracia innecesaria y la capacidad de gestión; entre el privilegio corporativo y la regulación indispensable, entre el empleo público utilizado como mecanismo clientelar y el funcionariado profesional, que posee el conocimiento necesario para que una política pública funcione.

En otras palabras: el problema no es solamente cuánto Estado tenemos, sino qué capacidades estatales existen para desarrollar las tareas estatales imprescindibles y sí estamos construyendo o destruyendo esas capacidades.

En los años noventa, las llamadas “reformas de primera generación” estuvieron fuertemente determinadas por objetivos fiscales y normativos: reducir el déficit, privatizar, desregular, descentralizar y disminuir el tamaño del aparato estatal. En algunos casos se avanzó y luego, como sabemos, se retrocedió, pero las de “Segunda generación” no llegaron casi nunca.

Hoy el desafío sigue siendo, una vez consolidado el equilibrio fiscal, ponerse como objetivo encaminarse hacia una verdadera transformación de las organizaciones públicas. Para ello ya no es útil la motosierra, hace falta sintonía fina, hace falta instrumental quirúrgico.

Esto significa entrar en cada organización, analizar qué hace, cómo lo hace, con qué recursos, con qué resultados y con qué controles. Fortalecer lo que funciona, reformar lo que funciona mal, eliminar lo que carece de sentido y crear/transformar las organizaciones que hagan falta.

Una reforma de esta naturaleza requiere conocimiento especializado, información, evaluación y funcionarios capaces. Requiere de una verdadera profesionalización de la función pública, dotándola del instrumental de gestión más avanzado de nuestro tiempo.

Los funcionarios políticos tienen una responsabilidad irrenunciable: definir las políticas y responder políticamente por ellas. Pero necesitan estar acompañados por funcionarios, burócratas en sentido weberiano del término, con conocimientos específicos, experiencia y compromiso con el servicio público. La administración pública no puede funcionar como un botín de los gobiernos de turno, como ha sido tomada en las últimas décadas.

Pero tampoco puede transformarse en un cuerpo cerrado, autorreferencial e inmune a la evaluación. La solución pasa por una combinación de profesionalización, responsabilidad política, evaluación de resultados y transparencia. Pero además por un involucramiento mayor del ciudadano en el Estado. El ciudadano debe entrar al Estado. Esto significa que la reforma del Estado no puede ser una cuestión exclusiva de políticos, funcionarios, sindicatos, empresarios o especialistas, los ciudadanos tienen que formar parte de ella.

Las tecnologías permiten hoy una participación mucho mayor en los procesos de planificación, gestión, evaluación y control. El ciudadano no debería aparecer solamente cada cuatro años para votar, ni únicamente cuando debe pagar un impuesto o realizar un trámite. Debe saber qué hace cada organismo, cuánto cuesta, qué resultados obtiene, quiénes son responsables de su conducción y cómo se utilizan los recursos. La transparencia no puede limitarse a publicar datos. La información debe ser comprensible, accesible y útil para controlar. Un Estado abierto no es simplemente un Estado que muestra sus números. Es un Estado capaz de explicar qué hace, por qué lo hace y qué resultados obtiene.

Una reforma de esta naturaleza podría producir algo que hoy parece muy necesario: una reconciliación entre la sociedad y el Estado. La Argentina necesita terminar con la falsa oposición entre “Estado presente” y “Estado ausente”. Un Estado puede estar muy presente y ser ineficaz. Puede gastar mucho y producir poco. Puede tener miles de empleados y carecer de capacidades. Puede regular mucho y proteger poco. También puede ser más pequeño y, sin embargo, ser más eficaz.

Por eso, la discusión debería desplazarse de la pregunta “¿Estado sí o Estado no?” hacia otra más exigente: ¿Qué Estado necesita la Argentina para desarrollarse, garantizar derechos, asegurar reglas de juego y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos?

Esa pregunta obliga a dejar atrás prejuicios ideológicos y a examinar cada política pública y cada organización con la mayor cantidad posible de información. También obliga a reconocer que el equilibrio fiscal es una condición importante, pero no es el punto final. La motosierra puede haber sido una herramienta necesaria para ordenar la Administración Pública Nacional, pero no sirve como herramienta para la necesaria transformación estatal.

Cortar es relativamente sencillo, lo verdaderamente difícil es reconstruir/construir. Construir organizaciones públicas eficaces, transparentes y profesionales. Construir capacidades estatales. Construir confianza. Construir un Estado que no sea un obstáculo para la sociedad, pero que tampoco la abandone frente a los problemas que el mercado no puede resolver.

Si no se avanza en esa dirección, existe el riesgo de que la sociedad vuelva a experimentar una nueva frustración: que después de haber apoyado la reducción del gasto y la eliminación de estructuras que consideraba inútiles, descubra que también fueron debilitadas capacidades estatales que necesitaba.

Por eso, el desafío de los próximos años no debería ser simplemente achicar el Estado. Debería ser reformarlo profundamente, “tirar el agua sucia, pero no tirar al niño con ella”.

(*) El autor es abogado, Master en Administración Pública. Docente Investigador en Universidades de Argentina y México. Ex funcionario del Gobierno Nacional y de la Provincia de San Juan.